Mientras miles de ecuatorianos salen a las calles esta semana para protestar en contra del ajuste, un nuevo informe económico proyecta un futuro negro para el país a partir de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según el informe del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), un think tank progresista con sede en Washington, a partir del acuerdo firmado en marzo, que incluye un préstamo de 4,200 millones de dólares, "Ecuador experimentaría una reducción de su PBI per cápita, un mayor desempleo, y una mayor inestabilidad macroeconómica”.
Al teléfono desde México DF, el doctor en economía e investigador de la UNAM, Andrés Arauz, coautor del informe, explicó a Página /12 por qué el gobierno de Lenín Moreno firmó en marzo de este año el acuerdo por 4.200 millones de dólares con el organismo internacional. El organismo ya entregó 900 millones, y el resto será entregado en los próximos tres años, en tanto el gobierno ecuatoriano cumpla con los compromisos asumidos en el acuerdo.
En el informe titulado “Obstáculos al crecimiento: El programa del FMI en Ecuador”, Arauz señaló que la decisión de pactar con el FMI tiene una dimensión política que va más allá de la necesidad económica. "En este momento no está dada la coyuntura para establecer tratados de libre comercio, como pretende Estados Unidos. Entonces, ante la amenaza de que retornen gobiernos progresistas buscan anclar la política económica, basada en modelos neoliberales."
En ese sentido, el caso de Ecuador es ejemplificador. "No había una economía recesiva, ni necesidad de implementar este tipo de acuerdo con el FMI”, sostiene Arauz. “La economía estaba en crecimiento. Si bien había problemas fiscales, no iban más allá de lo normal para un país que tiene una política de inversión proactiva. No era para nada necesario el acuerdo," señaló Arauz. "Se hubiera podido manejar con las herramientas que tenía el gobierno. Pero se implementaron medidas para llevar al país a este lugar: hubo una recesión autoinducida, crearon una ley de austeridad que le quitó herramientas al fisco para el manejo de la política económica”.
La demanda por parte del FMI de reducir el déficit también recayó sobre el gobierno ecuatoriano, que se verá sometido a un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de llegar al superávit de sus cuentas. "Esto implicaría recortes salariales y despidos de hasta 140 mil empleados del sector público; aumento de los precios de los combustibles y la electricidad al reducir los subsidios; incremento de las tarifas de servicios públicos; subida de los impuestos indirectos: probablemente el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y de la eliminación de las exenciones del IVA que actualmente benefician a la mayoría de los hogares,” dice el texto.
El acuerdo implica además un ataque directo a los derechos de los trabajadores ecuatorianos. “La desregulación laboral, más la privatización y liberalización del comercio contribuirán a incrementar la productividad laboral y, por lo tanto, a aumentar el proceso de devaluación interna; siempre y cuando los salarios reales se mantengan muy por debajo del incremento de la productividad”, sostiene el informe.
Según el informe, el programa acordado con el FMI implicará para Ecuador una recesión para este año y un incremento del desempleo en cada uno de los tres primeros años del acuerdo. "Incluso así, estas proyecciones son optimistas,” concluye el informe . "El acuerdo con el FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza”.
Consultado sobre el caso argentino, el investigador del CEPR destacó varias similitudes. “Se tomaron medidas parecidas para liberar la economía, fundamentalmente el permiso que dieron tanto Macri como Moreno para la libre transferencia de divisas al exterior. A su vez, tanto en Argentina como en Ecuador se modificó la manera en que el Banco Central administraba las reservas. Todo para volver a un régimen liberal”.
Mientras tanto, en rechazo al acuerdo con el FMI organizaciones sociales ecuatorianas llevaron adelante un paro con movilización que empezó el lunes y termina el viernes. Representantes de sectores mineros, campesinos, maestros y de la salud se acoplaron a la medida, que tuvo eje en las grandes ciudades pero se extendió por todo el territorio ecuatoriano.
“El pueblo ecuatoriano consciente continúa profundizando las acciones de resistencia contra el Gobierno neoliberal presidido por Lenín Moreno, contra sus amarres con el bloque de poder y cartel de medios de comunicación para la sumisión del país al FMI, como otra cadena para atarlo más al imperialismo”, expresa parte del comunicado de la convocatoria lanzada por las organizaciones sociales.
La represión policial de manifestantes en la ciudad de Guayaquil fue denunciada a través de diferentes videos en las redes sociales. “La huelga nacional es en rechazo a las políticas agrarias que benefician a terratenientes, a las transnacionales y en defensa de la naturaleza, por el agua y la vida", señaló un vocero del Movimiento Nacional Campesino FECAOL, uno de los movimientos sociales que organizó la protesta.
Informe: Juan Manuel Boccacci
