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En el Informe Final de la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, se señaló que es "indudable la responsabilidad política del gobierno nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos". Además de centrar la responsabilidad en la cartera a cargo de Oscar Aguad, el titular del cuerpo legislativo, el senador José Antonio Ojeda, le dijo a Página|12 que "también es indudable" que el presidente Mauricio Macri "tiene un grado de responsabilidad " por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En el documento se señalaron, además, las "responsabilidades palmarias" de los altos mandos de la Armada. El dictamen fue firmado por los 12 integrantes de la comisión, pero los legisladores oficialistas lo hicieron en disidencia, en todo lo relacionado con las responsabilidades políticas de las autoridades nacionales.
En el caso del ministro Aguad, se puso énfasis en "la falta de las diligencias adecuadas" porque el submarino "se encontraba realizando, según el Poder Ejecutivo Nacional, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años". Ante semejante acontecimiento, no se tuvo en cuenta que la nave tenía "más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada". El informe, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos, del Congreso Nacional, llegó a su fin luego de 16 meses de trabajo, 80 medidas probatorias, 55 reuniones entre sus integrantes y cerca de 50 declaraciones de testigos calificados.
A esto se le sumó el hecho de que el buque "debía ingresar a dique seco, es decir llevarlo a instalaciones portuarias para realizar las revisiones y/o reparaciones correspondientes, cada 18 meses", pero al momento de su partida "llevaba más de 44 meses" sin cumplir con ese requisito indispensable. Esa falencia "limitaba su operatividad en profundidad". Por esos motivos, a partir del 15 de noviembre de 2017 se produjo "una de las mayores tragedias mundiales de la historia naval en tiempos de paz y la más grave para nuestro país tras la Guerra de Malvinas".
Uno de los reproches centrales tiene que ver con "el desamparo al cual fueron sometidos los familiares de los 44 tripulantes, por el destrato, el ocultamiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo, lo que llevó al encadenamiento en Plaza de Mayo por la desesperación, la falta de criterio, de profesionalismo y empatía de los responsables políticos del Ministerio de Defensa". En consecuencia, además de su función específica, la Comisión tuvo que "trabajar en la contención de los familiares ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo", representado por el presidente Macri.
"Intentaron que pasara al olvido"
En el informe, la Comisión sostuvo que "los responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios" porque "ante los indicios de la gravedad de los hechos, en lugar de agilizar sólo dilataron la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave" y las familias tuvieron que permanecer 55 días encadenados, hasta revertir esa situación. Por la actitud asumida, se puntualizó que el gobierno tuvo "la intención de atribuir culpas solo a la Armada Argentina, cuando es el propio Ministerio de Defensa, como autoridad de aplicación correspondiente quien debe velar en todo momento por la seguridad y es responsable de la verificación de toda la estructura bajo su mando". El cuestionamiento llega al punto de afirmar que de no haberse constituido la comisión legislativa "la continuidad de la búsqueda y localización, no hubiera ocurrido". La Bicameral aseguró que el Ejecutivo "intentó que la tragedia del ARA San Juan pasara rápidamente al olvido"
Al analizar qué fue lo que ocurrió, los legisladores aclararon que "es imposible un dictamen definitivo" dado que "no pueden peritarse los restos" del submarino y sus tripulantes, que siguen a más de 900 metros de profundidad, en el Atlántico, con pocas posibilidades de un rescate. Todo indica que el incidente ocurrido comenzó con "un principio de incendio en el balcón de baterías de la proa número 3, que obligó a la desconección de la mitad de su sistema de propulsión".
El problema se complicó porque desde la cadena de mandos "nunca se tuvo comprensión de la gravedad de la situación ni de la exactitud y magnitud de la avería y siempre se confió en el material". Cuando el comandante de la nave pensó que el problema había sido superado, ordenó reconectar el sistema, pero en ese momento se produjo un inconveniente adicional que hizo que "el submarino se precipitara al fondo" del mar. El principio de incendio se pudo haber originado en el ingreso de agua de mar "durante la maniobra de snorkel, o por otra razón, de magnitud tal que deja a la unidad disminuida". Este inconveniente fue notificado a las autoridades del Comando de Submarinos.
La segunda complicación, después del principio de incendio, es la que precipita el submarino al fondo y pudo haber sido consecuencia de la primera, que no había sido controlada en su totalidad. Los expertos que colaboraron con la Comisión "señalan que pudo haber ocurrido que al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, pudo ocasionar una explosión que dejó sin capacidad de respuesta a la tripulación".
Otra alternativa es que "el principio de incendio no estuviera del todo controlado y el retiro de la tapa hubiera provocado la explosión". En cualquiera de las dos opciones "sea la explosión o la contaminación de gas venenoso, se produjo" la complicación "debajo del cuarto de comando donde se encuentra más del 90% de la tripulación, que venía fatigada" por el incidente anterior. Luego la Comisión analizó las causas por las cuales se produjeron los incidentes que terminaron con el naufragio.
En primer lugar no se descartó una consecuencia propia del "contexto general presupuestario que han venido padeciendo las fuerzas armadas desde el mismo retorno de la democracia a la fecha, en desmedro del mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa". Se afirmó en este punto que dicha situación "no ha sido responsabilidad de una sola administración en particular, ni de un único gobierno, ni siquiera de un partido político".
No hubo una correcta supervisión
En el párrafo siguiente, la Comisión parece retrucar lo dicho por el ministro Aguad sobre la supuesta "falta de adiestramiento y capacidad" de la tripulación del ARA San Juan. Por el contrario, resaltan "el nivel de profesionalismo, dedicación y la especial psicología que debe demostrar un integrante de la Armada para formar parte de la fuerza de submarinos". También se destaca "la idoneidad individual que ha sido permanentemente señalada por la totalidad de los testimonios recabados, y ha obtenido reconocimiento en numerosos ejercicios internacionales" realizados por la misma tripulación. En ese sentido, se recordó la forma en que actuaron los marinos del San Juan para superar los inconvenientes que habían surgido durante la travesía que hicieron en julio de 2017, meses antes de la tragedia. Esa actuación quedó asentada en el informe de navegación registrado entre el 1º y el 19 de julio de ese año.
Lo que si "resulta cuestionable y arroja dudas es que existiera una efectiva y correcta supervisión del manejo del material naval, al no verificarse adecuadamente su correcta utilización por parte de quienes lo tuvieran a cargo o debían controlar la forma de utilización de los medios". Esto es así porque "con posterioridad a la reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 veintiocho días y tuvo 488 horas de inmersión con 3.105 millas náuticas", mientras que en 2017 "tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó 5.464 millas". En esas navegaciones "fueron constatadas distintas novedades y requerimientos de obra en diferentes etapas. Varias de esas por su complejidad requerían su entrada a dique seco". Algunas de las reparaciones que debían realizarse "fueron dilatadas hasta el doble de la recomendación temporal que debía tenerse en el manejo de una nave de ese tipo".
El buque "debía ingresar a dique seco cada 18 meses, extendidos por la Armada Argentina hasta 24 meses, pero al momento del siniestro llevaba más de cuarenta y cuatro meses sin esa necesaria entrada".
