La jueza Elena Liberatori aceptó la cautelar solicitada en 2016 por el legislador porteño Patricio del Corro y constató la faltante de vacantes en la Educación Primaria y Secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, que la ministra Soledad Acuña había negado, y exhortó al Gobierno a tomar medidas “inmediatas" para garantizar el acceso a la educación a los chicos.
El Tribunal 4 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad es el primero que convalida el reclamo de miles de familias que ven obstaculizadas año a año las inscripciones de sus hijos. Entre las medidas dispuestas, Liberatori ordenó pagar una ayuda económica a los padres de los chicos que vivan a más de 10 cuadras de la escuela, equivalente a 80 viajes mensuales.
“El fallo obliga al gobierno a solucionar el problema, no se trata de casos individuales sino de una medida colectiva”, celebró Del Corro en diálogo con Página/12, y destacó que sienta jurisprudencia hacia el futuro.
En 2016, y luego de que Liberatori obligara al gobierno a dar cifras oficiales , se comprobó que 11.958 chicos quedaron en lista de espera en la inscripción online. A pesar del silencio de Horacio Rodríguez Larreta, este diario reveló que a un mes del comienzo de clases de 2019 se habían registrado al menos 1232 faltantes en primaria, y 427 en secundaria.
En otro apartado, la jueza obligó ahora al gobierno a publicar en la página web ”toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por distrito escolar actualizada en tiempo real”.
La sentencia cuestionó también la reubicación de alumnos, muchos de ellos residentes de la Zona Sur, a quienes el Gobierno de la Ciudad asignó escuelas en otros puntos de la ciudad. En esos casos, Liberatori ordenó al gobierno a proveer una “ayuda económica garantizando al menos la cobertura del 'costo de 80 viajes de colectivo-subte' para aquellos alumnos que vivan a 10 cuadras de su escuela. “El Gobierno soluciona algunos problemas mandando con micros oficiales a los chicos a otras zonas de la ciudad, pero el fallo entiende que eso afecta el rendimiento escolar de los chicos y aumenta el ausentismo. En algunos barrios además no entran, con lo cual tienen que salir muy temprano a la mañana, cuando todavía es de noche”, explicó Del Corro.
El rol de los supervisores fue clave para que se pudiera comprobar la falta de vacantes, dado que el gobierno se había negado en su momento a someterse a una auditoría informática, teniendo en cuenta que toda la información disponible está alojada en el sistema de inscripción electrónico.
La jueza reclamó al Ejecutivo local, además, información detallada sobre las supuestas 54 “escuelas nuevas” que el gobierno promociona en su cartelería, dato que contrasta con la realidad que afrontan miles de familias a la hora de inscribir a sus hijos. Liberatori pidió que se aclare si se trata de obras nuevas, de mantenimiento, ampliación o mudanza y que se puntualice también la “cantidad de vacantes que ofrece cada nuevo centro educativo”.
