La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que manifestó su apoyo público al presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, quien días atrás desnudó una creciente presión de los servicios de inteligencia, operaciones y aprietes a los miembros del Poder Judicial en el territorio de María Eugenia Vidal. En el escrito, la asociación se apoyó en la acordada 17/2019 de la Corte Suprema de la Nación que instó a los juzgados federales a realizar escuchas telefónicas con “criterio restrictivo, atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito”.

“El uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los estados republicanos”, aseveró la entidad que agrupa magistrados y ex magistrados bonaerenses.

El escrito, firmado por la presidenta de la Red de Jueces Penales de la provincia, Adriana Nanni, y por el secretario, Juan Galarreta, respaldó los dichos del presidente del máximo tribunal bonaerense durante la edición de las Jornadas de Actualización de la Magistratura Penal Bonaerense del pasado 28 de junio. Allí, De Lázzari advirtió sobre el riesgo que corre el sistema judicial del distrito que gobierna Vidal de "contagiarse" de lo que está ocurriendo en la Justicia federal. "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", fueron las palabras del magistrado. Inmediatamente, recibió el apoyo del suspendido juez de garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio -que denunció presiones por parte de dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia- , y del camarista Víctor Violini, presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata.

En el documento, los Jueces Penales bonaerenses consignaron además que “el estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal”, al tiempo que explicaron que “lo expuesto no implica emitir opinión alguna sobre causas ajenas a nuestra jurisdicción; pero sí entendemos oportuno poner de relieve que sin una justicia independiente, que trabaje fuera de las coyunturas políticas, será improbable que podamos resolver los problemas que angustian al país”.