El secretario de Salud Adolfo Rubinstein y la ministra de salud de Bolivia, Gabriela Montaño, firmarán esta tarde en La Quiaca, Jujuy, un convenio de reciprocidad en materia de salud entre ambos países, que incluirá la atención también a personas en tránsito. 

El acuerdo llega después de varios meses de idas y vueltas por un caso puntual con un joven argentino que se quejó por la atención que recibió en la localidad boliviana de Oruro cuando sufrió un accidente. El gobernador jujeño Gerardo Morales aprovechó el caso para montar una campaña contra los ciudadanos bolivianos que se atendían en los hospitales de su provincia y hasta logró que la legislatura provincial sancionará una ley para comenzar a cobrar las prestaciones médicas a los extranjeros.

El acuerdo entre ambos países se firmará esta tarde, según confirmaron desde ambas carteras aunque prefirieron no dar a conocer el texto ni hacer declaraciones hasta el final del encuentro. Además de avanzar en la coordinación de la asistencia médica brindada en los centros de salud públicos de ambos países, el convenio incluirá también líneas de trabajo para profundizar la vigilancia epidemiológica y las acciones sanitarias desplegadas en la frontera.

Lo que aún no trascendió es qué ocurrirá con la ley provincial Nº 6116 sancionada bajo el impulso de Morales que "promueve el cobro del acceso al servicio de salud pública a ciudadanos extranjeros en tránsito por Jujuy”, como aclaró el propio gobernador el 7 de febrero, tras la sanción de la norma. 

El Sistema de Salud Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, sancionado por la legislatura jujeña establece los “valores retributivos” de las prestaciones médicas del servicio de salud de la provincia para las personas extranjeras “que no hicieran aportes vía impositiva para solventar los servicios que brinda el Estado”. “No es venganza, son actos de justicia para personas extranjeras en tránsito que deberán sustentar su atención en salud”, agregó sin ocultar su xenofobia el diputado del interbloque de Cambiemos Marcelo Nasif.

El caso de Manuel Vilca

La controversia en torno a la supuesta falta de reciprocidad en la atención médica hacia los ciudadanos argentinos en Bolivia se originó con el caso de Manuel Vilca, un joven músico accidentado el 8 de diciembre en Bolivia que debió ser atendido en el Hospital General de Oruro. El joven denunció que tuvo que pagar por las prestaciones recibidas.

Morales recogió el reclamo particular y lo convirtió en una bandera de campaña. Le envió una carta directo al presidente de Bolivia denunciando el supuesto “destrato” sufrido por Vilca y requirió que “se le reintegre todos los gastos que en concepto de prestaciones de salud le fueron pagados para utilizar el servicio sanitario de su país”.

“Son muchos los ciudadanos bolivianos que emigran constantemente al mío, y en particular a mi provincia, para buscar soluciones sanitarias que evidentemente en el suyo no las encuentran, ya sea por falta de accesibilidad al servicio, diferencia de tecnología o recursos humanos”, escribió Morales en las cartas enviadas primero a Evo Morales y luego a la ministra de Salud boliviana. Morales difundió los tickets con el detalle de los gastos hospitalarios, aunque no aclaró que la mayoría fueron prestados por una clínica privada de Cochabamba.

Montaño respondió el reclamo de Morales también por escrito. En la misiva remarcó que Manuel Vilca recibió “las mismas prestaciones de salud que reciben las bolivianas y bolivianos”, al igual que cualquier extranjero que se encuentre de paso. “No hubo ningún tipo de discriminación”, aseguró la funcionaria, que aclaró que Vilca había pedido el traslado por su cuenta a una clínica privada.

La ministra boliviana contó que Vilca estuvo cinco días internado en el hospital público General de Oruro, donde le realizaron una cirugía en el pie derecho y que, por decisión propia, continuó su recuperación en una clínica privada de Cochabamba. “Respetamos su decisión, pero como cualquier clínica privada en cualquier parte del mundo, son servicios que se cobran con costos mucho más altos de los que podrían darse en un sistema público”, explicó la funcionaria.