El cambio a la baja en el índice de movilidad jubilatoria fue una de las tres recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo en materia de seguridad social en el informe de revisión de la economía argentina publicado en noviembre del año pasado a instancias del Artículo IV. La modificación de la fórmula finalmente fue desechada por el Gobierno, según comunicó el Presidente Mauricio Macri, luego del revuelo político. Pero hubo el intento de cumplir con el FMI. Además del cambio de la fórmula, el Fondo sugiere subir la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, un debate que el Gobierno promueve. El organismo de crédito también propone reducir el haber jubilatorio en relación al salario promedio obtenido durante la última parte de la vida laboral activa. A pesar de que el Gobierno dice estar preocupado por las finanzas públicas, tiene en agenda una baja de las contribuciones patronales, que impactaría negativamente sobre las cuentas de la Anses.

En la página 27 del informe publicado en noviembre en donde se analiza la marcha de la economía argentina según prevé el Artículo IV, el Fondo propone tres “opciones de reforma” para el sistema jubilatorio nacional, que considera crecientemente deficitario en términos económicos. El documento describe que “los desbalances en el sistema están exacerbados” a partir de la ley de reparación histórica y la introducción de la pensión universal, que para el Fondo implican en el mediano y largo plazo un incremento en el gasto de la Anses del 0,7 y 2,0 por ciento del PIB, respectivamente. Además, el fallo de la Corte que ordenó que la Anses reintegre a Santa Fe, San Luis y Córdoba el 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, medida que luego el Gobierno negoció extender con el resto de las provincias, implicaría para el organismo previsional resignar recursos del orden del 1,6 por ciento, dice el Fondo Monetario.

La visión del Fondo se basa en comparar los ingresos del sistema de seguridad social frente a los egresos. Sin embargo, en la actualidad cerca de la mitad las prestaciones de la Anses se financian con impuestos, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. De hecho, especialistas que advierten que el rol de la Anses como organismo de redistribución del ingreso supone que es lógico que absorba recursos de la recaudación general. En contra de esa visión, el FMI advierte que en 50 años las cuentas de la Anses arrojarían un déficit del 30 por ciento del PIB si no se aplican reformas.

El Fondo propone tres opciones para “corregir el desbalance”. El primer punto es el “cambio en la fórmula de indexación”. “Las jubilaciones están ligadas al crecimiento del salario y a la recaudación de la Anses por beneficiario. Esto genera que los haberes crezcan por encima de la inflación, y que lo hagan más rápido cuando se reduce el crecimiento del número de beneficiarios. El FMI calcula que “indexar los beneficios a la inflación observada permitiría que desde 2019 en adelante se reduzca el déficit de la Anses en 20 puntos porcentuales del PBI”. Esta semana, el Gobierno de Mauricio Macri incursionó, sin éxito, en esta posibilidad.

La segunda recomendación es bajar la tasa de reemplazo, que se calcula como el haber jubilatorio en relación a los últimos salarios obtenidos. Según el FMI, esa relación se ubica en el 72 por ciento, “muy por encima del 53 por ciento que marca el promedio de la OCDE”, dice el informe. “Bajar la tasa hasta el 60 por ciento reduciría el déficit en 10 puntos porcentuales”, invita el FMI. “Eso implica quitar derechos adquiridos y es inconstitucional”, explica Federico Bobrovsky, abogado previsionalista.

La tercera recomendación es un “incremento en la edad de jubilación para las mujeres de los 60 a los 65 años en los próximos diez años”. El Gobierno promueve ese debate en los medios y también lo sugiere al ubicar en 65 años la edad de las mujeres en condiciones de recibir la pensión no contributiva universal.

Las propuestas del Fondo son parte de la revisión de la economía prevista del Artículo IV, instancia que repuso el macrismo luego de que desde 2005 se cancelara la deuda del país con el organismo por unos 9500 millones de dólares y se suspendieran esas visitas supuestamente técnicas.