En las asociaciones del defensa de los derechos del consumidor hay un alerta por la caída de la medida cautelar que, dictada por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, prohibía desde junio del año pasado los cortes de gas a los usuarios que no pudieran pagar. El amparo fue apelado por el Gobierno, y hace quince días la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó a las distribuidoras a volver a cortar. Luego de ese fallo, y a pedido de la Comisión de Usuarios del Enargas, fue convocada una reunión en el ente regulador, con la presencia de sus funcionarios, las asociaciones, la Defensoría del Pueblo y representantes de las nueve distribuidoras que operan en el país. Las empresas se comprometieron a no hacer cortes masivos y renegociar las deudas de los morosos, pero desde las asociaciones advierten que los representantes del Enargas omitieron expedirse, es decir que omitieron dar algún marco en el que las empresas deberían actuar. Esta actitud de retiro del Estado deja todo librado a la buena voluntad de las distribuidoras.

Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos, la organización que presentó el pedido de amparo, señala que hay entre 180 y 200 mil usuarios que tienen gas por la protección que les daba la cautelar.

-¿Qué es lo que dijo la Cámara?

-Que sólo los juzgados federales de la Capital Federal pueden intervenir en materia de las tarifas de gas. Esto plantea una primera cuestión conflictiva, porque implica que cualquier argentino que no viva en la ciudad de Buenos Aires tendrá que trasladarse acá para hacer una presentación, o no podrá hacerla. Con este criterio, los camaristas dejaron sin efecto la cautelar que había dictado Ramos Padilla, que durante un año y unos días frenó los cortes de gas.

-¿Qué habían planteado ustedes al iniciar la causa?

-El tema de fondo, que nunca se llegó a tratar, es la cantidad de dólares cargados a la tarifa que exceden el costo del gas. En la tarifa que pagábamos había un componente que tiene que ver con el costo de gas y otro componente que son los subsidios a las petroleras, para Vaca Muerta, que está en dólares, cargado sobre el usuario. Hicimos la presentación en abril del 2018. Ahí planteamos que si bien el usuario tiene que pagar el costo, no tiene por qué pagar subsidios, y menos subsidios en dólares. En aquel momento el extra era de 1 dólar con 25 centavos.

-¿Ese modo de tarifar fue modificado?

- A partir de la presentación judicial ellos cambiaron el sistema. En lugar de fijar el precio con el mecanismo que cuestionamos judicialmente, que de hecho era el precio que fijaba (el ex ministro Juan José) Aranguren, pasaron a usar un supuesto precio de mercado. Esto no quita que hoy estemos pagando por el gas que consumimos un precio más alto que el gas que se vende a Chile o a Uruguay. Los consumidores pagamos 1 dólar con 60 centavos más que el precio de exportación por cada millón de BTU que es la medida que se toma para el precio mayorista. La cautelar no hablaba sobre estas cuestiones sobre cuál es el costo real del gas, sino que decía que, mientras se resolvía el tema, es decir si el precio es el real o no, las empresas no podían cortarle el suministro a las personas vulnerables, considerando la desproporción del valor de las tarifas.

-¿Qué decía la cautelar sobre la deuda por las boletas impagas?

-No implicaba una condonación de deudas: el deudor tendría que hacer un plan de pagos, pero siempre con el servicio conectado. Esta cautelar duró un año y algunos días, porque fue dictada en los primeros días de junio de 2018 y estuvo vigente hasta hace quince días, cuando quedó sin efecto por decisión de la Cámara. En este momento el fallo de Cámara fue apelado para llevarlo a la Corte Suprema.

- ¿Ya empezaron los cortes de gas?

-Las asociaciones del consumidor nos reunimos con las distribuidoras el miércoles de la semana pasada. Fue un encuentro que pedimos como Comisión de Usuarios del Enargas. El ente la convocó y estuvieron todas las distribuidoras. Ellas en su mayoría se comprometieron a no hacer cortes masivos. Hoy en el país hay entre 180 y 200 mil usuarios beneficiados por la cautelar. Tengamos en cuenta que detrás de cada usuario no hay necesariamente una sola persona, sino un grupo familiar. En la reunión pedimos que, más allá de la buena o mala predisposición de las distribuidoras, el Enargas, que es el órgano a cargo de controlar, se expidiera frente a la situación, en medio del invierno, con facturas que están llegando con montos altísimos, para frenar los cortes. En resumen, estuvimos los usuarios pidiendo que no corten, las distribuidoras diciendo ‘bueno, vamos a hacer planes de pago’ y el Enargas sin fijar una posición de defensa de los usuarios. Todo quedó a librado a la buena voluntad que tengan las empresas.