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Distintas organizaciones de la población afrobrasileña denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de Jair Bolsonaro. Se basaron en la política de flexibilización del uso de armas que avanza en el Congreso donde, solo en 2019, se presentaron cuarenta propuestas legislativas sobre el tema. Pero además, el propio presidente firmó siete decretos en seis meses de gestión que estimulan la militarización de la sociedad. La comunidad negra y en especial la que habita en territorios rurales y los llamados quilombos es la más afectada. Douglas Belchior, profesor de historia y referente de Uneafro –una de las entidades que recurrió a la CIDH – dijo que el paquete anticrimen del ministro de Justicia, Sergio Moro, y las medidas para facilitar el acceso al armamento son estrategias para posibilitar el genocidio de la población negra. Según el último censo del 2014, el 52 por ciento de los brasileños es negro o pardo, un término que contiene a personas con algún grado de mestizaje.
El documento que suscribió la llamada Coalición Negra por Derechos el 11 de julio, comienza mencionando una frase de Bolsonaro en un acto de la campaña electoral de 2018: “La próxima vez quiero ver 200 personas armadas aquí adentro”. Ese texto señala un antecedente previo a que llegara el militar al gobierno. “En 2017, mientras que la violencia letal contra los blancos disminuyó, contra los negros aumentó. Esto es inaceptable desde el punto de vista de una sociedad democrática. Mientras no haya una mirada racial en el tema de la violencia, la escalada continuará”, apuntaron los grupos que acudieron a la CIDH.
Belchior explicó que “necesitamos mostrar al mundo la radicalización del genocidio que estamos experimentando y esa voluntad primitiva de la élite brasileña de negar la existencia de personas de raza negra y que solo existe una forma de hacer eso: matándonos”. Selma Dealdina, de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), comentó: “Está claro que la intención del gobierno es cumplir con sus promesas de campaña. Abrir los territorios para la especulación de bienes raíces y agro-negocios, y apoyar la intensificación del conflicto agrario que resulta en un derramamiento de sangre en la lucha popular por la tierra”.
Brasil incumple varias resoluciones internacionales que afectan a su población negra, como garantizar el derecho a la vida, a sus territorios y a consultar a sus comunidades. En mayo pasado, los movimientos brasileños participaron de una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Kingston, Jamaica. El tema que los convocó era el paquete de seguridad pública del ministro Moro. En junio también asistieron al Congreso en Brasilia para seguir con su campaña de denuncias. “Es esencial llamar la atención de las agencias internacionales sobre la arbitrariedad que ocurre en la esfera legislativa brasileña, especialmente en relación con el tema de los siete decretos en seis meses, sobre la portación de las armas de fuego”, declaró Silvia Souza, de otra organización negra, Educafro.
Las comunidades quilombolas nacieron como respuesta a la esclavitud, que se prolongó hasta 66 años después de la independencia formal del país, en 1822. Los negros huían y se ocultaban, sobre todo en áreas rurales. Hoy existen unas 5 mil en todo Brasil. “Los propietarios de esclavos fueron reparados por su abolición, los indemnizó el Estado, pero a nosotros nos lo negaron por los 350 años de esclavitud”, señaló Onir Araujo, el abogado de la Organización para la Liberación del Pueblo Negro (OLPN) de Río Grande do Sul, en diálogo con Página/12.
En las zonas rurales la tasa de criminalidad es muy alta. La denuncia ante la CIDH explica que hubo un aumento del 350 por ciento en dos años de las muertes producidas en los quilombos. El gobierno se verá ahora obligado a responder porque Brasil es miembro de la OEA, al cual la CIDH está vinculada.
Bolsonaro ha demostrado en campaña todo su desprecio hacia estas comunidades que incrementaron su lucha desde que ocupa el Palacio del Planalto en Brasilia. “Yo fui a una quilombola en El Dorado paulista, y el afrodescendiente más delgado de allí pesaba siete arrobas. No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando con ellos”, declaró cuando hacia proselitismo. Para Araujo esas afirmaciones y la política actual del presidente representan “la expresión abierta del racismo y del colonialismo que perdura en 519 años de historia de Brasil. Es lo que nuestros antepasados, negros e indígenas, y mi generación, viene combatiendo desde el año 1500. O sea, la manifestación descarada de una parte significativa de nuestra sociedad, especialmente los sectores medios y blancos”.
El Congreso tiene unos 200 proyectos de ley para flexibilizar el uso de armas que tanto preocupa a las comunidades afrobrasileñas. Muchos fueron presentados antes de que asumiera el militar ultraderechista, pero este año se agregaron 40. Mientras la carrera para armarse contra un presunto enemigo interno avanza a razón de la firma de un decreto por mes, Bolsonaro no da un solo paso en la titulación de las tierras de las comunidades quilombolas. Una reivindicación histórica incumplida también por gobiernos anteriores, con la excepción del de Lula. La medida que las empoderó más fue la Política Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, un decreto firmado durante su primer mandato que contiene el Programa Brasil Quilimbola (PBQ) lanzado el 12 de marzo de 2004.
