El fiscal Carlos Stornelli ordenó una batería de medidas de prueba para determinar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri; del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel en las irregularidades en el proceso de renegociación del contrato de concesión en favor de la empresa Ausol SA.

En el inicio de la feria judicial, Stornelli sorprendió con la apertura de la investigación de la denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.

Macri, Dietrich e Iguacel quedaron imputados por el pago por decreto de casi 500 millones de dólares a la empresa concesionaria del Acceso Norte, para que esta desistiera de una demanda ante el Ciadi. El pago ocurrió cuando todavía el Grupo Macri tenía un porcentaje accionario de Ausol.

Según la denuncia, tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por más de 1100 millones de dólares por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó luego en un arreglo multimillonario, sin la realización de un dictamen, informe o auditoría alguna sobre la operación de la compañía por parte de las autoridades. El Grupo Socma (Sociedades Macri) fue accionista de Ausol hasta mayo de 2017, cuando vendió su participación. Con la asunción de Macri como Jefe de Estado, la mayoría de los directores de la empresa pasaron a formar parte de Vialidad Nacional.

Las pruebas

Según pudo saber PáginaI12, entre las pruebas solicitadas en el dictamen de Stornelli se encuentra gran parte de lo propuesto por los denunciantes y no se descarta que ordene más medidas cuando termine la feria judicial. El fiscal ya le solicitó al Procurador del Tesoro y ex abogado del Grupo Macri, Bernardo Saravia Frías, toda la documentación vinculada a la denuncia ante el Ciadi. Esa demanda, según los denunciantes, fue una suerte de simulacro de Autopistas del Sol S.A. que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020. La denuncia contra el Estado Nacional fue por más de 1100 millones de dólares por supuestos retrasos en las tarifas. 

“Descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el Ciadi, Dietrich e Iguacel dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, señala la presentación de los diputados. Por eso es que otra de las pruebas solicitadas es el detalle de la intervención por parte del gobierno anterior. Esas carpetas la tiene actualmente Vialidad Nacional y es muy importante para la causa. Es porque ahí estaría acreditado que era falso el monto que Ausol decía que había perdido por el cuadro tarifario establecido por el Estado. En concreto, la sospecha es que el número fue inflado por los empresarios en la denuncia ante el Ciadi. Además, el proceso del supuesto arreglo de la demanda habilitó un aumento en la cotización de las acciones de Ausol del 400 por ciento desde la asunción de Macri hasta mediados de 2017, cuando el grupo Socma vendió sus acciones.

Otra de las pruebas solicitadas es la documentación administrativa sobre la negociación para la firma del nuevo contrato, que incluyó numerosos privilegios para Ausol. Por ejemplo, le garantizaron a la empresa el flujo vehicular, es decir que, si no pasan por el peaje una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia. También eliminaron la obligación de levantar las barreras si pasa una cantidad de tiempo estipulada de espera para el usuario, entre otros beneficios.

La testigo clave

Los diputados que iniciaron la denuncia que hoy investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral van a insistir con el pedido para que declare como testigo la abogada Julieta Ripoll. Se trata de la ex directora del departamento de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Ripoll estuvo en las primeras reuniones entre los funcionarios y los directivos de la empresa, en las que se negoció el pago cash y por decreto de casi 500 millones de dólares para Ausol. La mujer, que era empleada de planta permanente del organismo, conoce al detalle esas conversaciones. Sugestivamente, en medio de las negociaciones fue despedida del cargo.

Otra concesión bajo sospecha

Stornelli incorporó en la imputación a otra de las firmas administradoras de los peajes y le solicitó al denunciante Tailhade que aporte la documentación sobre la concesión del Acceso Oeste. El Grupo Concesionario del Oeste (GCO) habría sido protagonista de una maniobra muy similar a la de Ausol, con un costo para el Estado en este caso de 245 millones de dólares. Sin embargo, el ojo está puesto sobre todo en el caso de Autopistas del Sol, ya que se trata de la firma con participación del Grupo Macri, y que -como se dijo- se habría beneficiado directamente por el decreto presidencial que ordenó el pago millonario. Para los denunciantes, la supuesta demanda ante el Ciadi de Ausol sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo. Y, según Tailhade, "no hay dudas de que el dinero fue repartido entre los funcionarios y los empresarios" hecho que, como señala la presentación, implicó un verdadero "despojo" para las arcas del Estado.