En Tres de Febrero, las denuncias contra funcionarios municipales que reivindican la dictadura se convirtieron en algo habitual. Esta semana, un integrante de la Dirección de Juventud fue denunciado por haber tuiteado que aún hay quienes tienen “ganas de que los lleven a dar una vuelta en un Falcon verde”. Pero para los organismos de derechos, esto no es extraño. Desde que el macrista Diego Valenzuela asumió en la Intendencia vienen reclamando la renuncia del secretario de Seguridad local, un ex capitán del Ejército que participó de actos de reivindicación de genocidas y que en la comuna pone en marcha "una política de control social".

El escándalo en la Dirección de Juventud comunal se desató días atrás, cuando se reveló que Agustín Fernández, un funcionario contratado por la gestión PRO, había publicado en su cuenta de Twitter al menos dos claros mensajes a favor del terrorismo de Estado. El primero data del 31 de enero y decía: “Acabo de ver una vieja con una remera de Evita que decía ‘Amor eterno por el pueblo’. Esto con Videla no pasaba”.

 

 

El otro tuit es del 4 de febrero pasado y fue en el mismo tono: “Qué ganas de que los lleven a dar una vuelta un Falcon verde”.

La reacción inmediata de las organizaciones de derechos humanos fue pedir su renuncia y, no bien lo hicieron, Fernández cerró sus cuentas en las redes sociales. Más tarde, el miércoles pasado, el secretario municipal de esa área, Miguel Ángel Delamer, anunció por las mismas redes que al cuestionado funcionario “le fue rescindido el contrato ni bien se conocieron sus posteos”. Y hoy, Valenzuela confirmó esa decisión y aclaró a Télam que Fernández no tiene "ninguna cercanía" con él. 

El intendente sostuvo que Fernández no tenía ningún rango político. Sin embargo, según Luis Cambá, integrante de la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos Desaparecidos de Tres de Febrero, el ahora ex funcionario no era un contratado más. Tenía responsabilidades ejecutivas y estuvo a cargo de los programas “Parlamento Juvenil” y “Operativo Frío”, entre algunas de las iniciativas de la Subsecretaría de Participación Ciudadana municipal.

Esa comisión de derechos humanos fue la que denunció el caso y exigió a Valenzuela que diera explicaciones públicas sobre el escándalo. No obstante, la primera reacción surgió desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria (FpV), cuyos integrantes presentaron una declaración de repudio por la apología del terrorismo de Estado.

No obstante, el caso de Fernández “no es un hecho aislado”, consideró la concejala del FpV Cristina Heredia, quien anticipó a este diario que harán “una denuncia penal, en principio, contra Fernández”. “Sus declaraciones fueron graves, pero el agravantes es que las hizo siendo funcionario municipal”, explicó.

“Esto está en síntoma con algo más general”, insistió la legisladora en referencia a las denuncias que tanto el bloque del Frente para la Victoria como las organizaciones de derechos humanos sostienen desde 2015 contra el secretario de Seguridad local, Juan Manuel Lucioni, un militar que en 2006 fue pasado a retiro por participar con su uniforme del Ejército de un acto en Plaza Francia organizado por Cecilia Pando y otros defensores del terrorismo de Estado.

El reclamo por este funcionario llegó hasta el despacho de Valenzuela. Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos Desaparecidos defendió a Lucioni al sostener que este “era un niño” en los años ’70 y que, por ello, no había participado de la represión.

“Nosotros no lo acusamos de eso sino de reivindicar el terrorismo de Estado”, aclaró Cambá, quien criticó también la política de derechos humanos implementada desde la comuna. “Lo único que hicieron fue colocar una placa con los nombres de 202 desaparecidos, cuando las organizaciones contabilizamos 250”, comentó.

En Tres de Febrero, añadió, “la política de derechos humanos está ceñida a una política de seguridad, de sitiamiento”. Según denunció, “hay policías por todas partes” que “a los pibes no los dejan ni estar en las plazas”. Los revisan y les piden documentos “de manera agresiva y con insultos”. Esto ocurre, aseguró, en todos los barrios del municipio.  “Es una política de control social.”

En otro hecho llamativo en la comuna, hace días renunció a la Secretaría General del municipio Juan José Gómez Centurión, hijo de homónimo ex militar carapintada y titular de la Aduana que negó el genocidio y la cantidad de desaparecidos. La dimisión del funcionario municipal ocurrió luego de las polémicas declaraciones de su padre, y fue para asumir otro cargo en el área de Asuntos Metropolitanos e Interjurisdiccionales del gobierno de María Eugenia Vidal.

Heredia, por último, completó su denuncia advirtiendo que durante la gestión de Valenzuela “hay un Estado enfocado a lo policíaco (...) que hasta revisa las mochilas de los chicos que van a la universidad”. Desde la asunción del PRO “desoír las demandas de los trabajadores, perseguir y maltratar” son acciones que se volvieron algo habitual. “Son síntomas de algo más general”, concluyó la concejala.