Ocho de cada diez legisladoras en la Argentina recibió algún tipo de violencia política, según una investigación con 45 casos de legisladoras porteñas y nacionales de once provincias (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Misiones) de diversos partidos. La investigación fue desarrollada entre enero de 2017 y junio de 2018 en el marco de la iniciativa “Promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres”, de ELA. El 64 por ciento de las legisladoras fue amenazada o intimidada durante el ejercicio de sus funciones; al 58 por ciento le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53 por ciento le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso el 27 por ciento ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.
Por un lado, cuesta que lleguen –más allá de la paridad- mujeres y, mucho más, otras disidencias sexuales y feministas a las listas. Pero el problema empieza por el desaliento. Las responsabilidades familiares (91 por ciento); la cultura dominante; la concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89 por ciento); la falta de apoyo por parte de los hombres (76 por ciento); la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la integridad física (18 por ciento) son algunos de los obstáculos que disuaden de tener aspiraciones electorales.
“La violencia psicológica es la más frecuente: la mitad de las legisladoras la sufrió alguna vez. Otros tipos bastante frecuentes son la simbólica (28 por ciento) y la económica (22 por ciento)”, explica Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA, que señala también “en el 38 por ciento de los casos las situaciones de violencia política se dieron mientras eran militantes”.
