Página/12 en España.
Desde Marbella.


La alegría desbordante del 28 de abril ha dado paso a la más absoluta incertidumbre. En las elecciones celebradas en plena primavera española, una inusual movilización del electorado de izquierda provocada principalmente por el temor que despertaba la irrupción de la extrema derecha dio lugar a un escenario inédito en la última década. El Partido Socialista volvía a convertirse en la fuera política más votada y un acuerdo con Unidas Podemos podría dar lugar a cuatro años más de gobierno de Pedro Sánchez. En la agenda aparecían la anulación de la reforma laboral impuesta por el PP durante la crisis, una nueva suba del salario mínimo, la puesta en marcha de medidas contra el cambio climático, la profundización de medidas contra la violencia machista, la salida negociada de la crisis catalana y hasta el debate de una ley de eutanasia. Sólo era necesario recrear el acuerdo que un año antes había permitido que la moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy saliera adelante. Sin embargo, el pacto no ha llegado y los temores a una repetición electoral en la que la extrema derecha tenga una segunda oportunidad se han disparado.

El sistema político español establece que para conseguir ser investido presidente, el candidato designado por el rey tras las elecciones, al ser el que más apoyos puede reunir, requiere de la mayoría absoluta en primera votación (176 de los 350 diputados) o de mayoría simple (más síes que noes) en la segunda. Con 123 diputados, el PSOE estaba lejos de la mayoría absoluta, pero un acuerdo con Unidas Podemos (42 escaños) le bastaba para sacar adelante la investidura de Sánchez. Las tres fuerzas de derecha (PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox) sólo suman 147.

La lectura era bastante sencilla: los socialistas tenían que trabajar para conseguir el apoyo de Unidas Podemos y que las fuerzas nacionalistas no sumaran sus 'noes' a los de la derecha. Consiguieron lo que en principio parecía más dificil, la abstención de la mayoría de los grupos catalanes y vascos, pero no el apoyo de Podemos.

Tanto el resto de las fuerzas de izquierda como los sindicatos y organizaciones sociales lamentan a esta hora que el acuerdo no haya sido posible. La repetición electoral, con una previsible desmovilización del electorado de izquierda, es un escenario más que probable. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, formación que tiene a sus principales líderes en la cárcel por el referéndum ilegal que dio lugar a la proclamación unilateral de independencia catalana hace dos años, reprochó la falta de acuerdo tanto a los diputados socialistas como a los de Unidas Podemos. “De esta intransigencia nos arrepentiremos todos -les dijo durante su intervención en el Parlamento mientras Sánchez lo miraba con cara de circunstancias y Pablo Iglesias no levantaba la vista del suelo-, da igual quién lo explique mejor, la gente lo único que verá será a la izquierda perdiendo una vez más”.

¿Por qué no ha habido acuerdo? Durante las últimas semanas, ambos partidos han estado enfocados en ganar lo que ya se designa "la batalla del relato", ver quién consigue que se vea a la otra fuerza política como responsable del fracaso, más que en evitar ese fracaso.

Tras los comicios del 28 de abril se dejó pasar un mes porque las direcciones de ambos partidos entendieron que no podría haber negociación hasta que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, en las que Podemos sufrió un claro retroceso. A partir de ese momento comenzó el tira y afloja con un Pedro Sánchez crecido tras conseguir dos victorias electorales en menos de un mes.

Los socialistas propusieron gobernar en solitario sólo con apoyos parlamentarios, mientras que Unidas Podemos exigía entrar al gobierno con una vicepresidencia para Iglesias. A partir de esas posturas iniciales, ambas fuerzas cedieron, al menos en el discurso público. Podemos respondió al veto a su líder planteado por los socialistas con la renuncia de Iglesias a entrar él mismo al gobierno, pero reclamando para su formación ministerios con fuerte peso de gestión. A medida que el debate se trasladaba a los medios y a las redes sociales con filtraciones interesadas por ambas partes, el acuerdo aparecía como más lejano. Más aún cuando en medio de este proceso, Sánchez ponía en marcha un plan B reclamando tanto al PP como a Ciudadanos que facilitaran su investidura mediante una abstención o cuando el PSOE filtró que había inquietud en el sector empresarial ante la posible cesión a Podemos del Ministerio de Trabajo.

Las negociaciones duraron hasta última hora. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida -integrada en la coalición electoral Unidas Podemos- procuró incluso ayer, en el último minuto, que tras los discursos se pasara a un cuarto intermedio para intentar conseguir un acuerdo, pero desistió tras escuchar la última intervención, la de la portavoz socialista Adriana Lastra, que dinamitaba todos los puentes.

Agosto es el mes en el que España se va de vacaciones. Lo hará sin gobierno y con incertidumbre sobre su futuro político. Una vez concluida la sesión de ayer, los plazos señalados en la Constitución indican que a Pedro Sánchez sólo le quedan dos meses para obtener apoyos para formar gobierno. Si no lo consigue, habrá elecciones el 10 de noviembre. Hay quienes piensan que era eso lo que le habían aconsejado sus asesores, convencidos de que habrá debacle de Unidas Podemos y que el PSOE volverá a las viejos tiempos de fuerza casi monopólica en el campo de la izquierda. Si la jugada es esa, el riesgo es mayúsculo. La derecha, a diferencia de la izquierda, no suele dar segundas oportunidades.

Héctor Barbotta tiene un Máster en Comunicación Política.