El ajuste sobre las universidades públicas asumió una nueva modalidad que afectará a las obras de infraestructura. Hasta ahora el Estado nacional financiaba la contraparte local de los créditos del Banco de Desarrollo de América Latina (antes conocido como Corporación Andina de Fomento), pero el gobierno de Cambiemos resolvió dejar de hacerlo, por lo que las universidades deberán aportar los recursos si quieren acceder al financiamiento de obras. Como en el sistema universitario nacional los sueldos y los gastos de funcionamiento se llevan el 97,2 por ciento del presupuesto, la decisión adoptada por el Ministerio del Interior implica cerrar la puerta a las mejoras edilicias.
"Antes vos firmabas el convenio como universidad, la mitad del dinero la ponía el Estado. Eso se acabó. Ahora el Ministerio del Interior decidió que las universidades van a financiar la mitad de las obras con su presupuesto", explicó Jaime Perczyk, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Para Perczyk, que es rector de la Universidad de Hurlingham, esta decisión "es parte del ajuste del presupuesto educativo" y "una nueva muestra del abandono de las universidades".
"Esta decisión está basada en cuestiones financieras, y no en necesidades. Tiene como objetivo utilizar los fondos de las universidades. La situación de cada universidad es diferente: algunas tienen esos fondos pero las que no los tienen son las más pobres", explicó a PáginaI12 Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una de las casas de estudios perjudicadas por el cambio. Los rectores estiman que hay al menos 16 universidades que no podrán acceder a los recursos para financiar obras previstas.
El Banco de Desarrollo de América Latina, antes la CAF, es una institución financiera multilateral conformada por 19 países y 13 bancos privados de la región que ofrece apoyo técnico y financiero en obras de infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo social y ambiental, gestión de la inversión y del crédito público, y fortalecimiento del sector productivo y pyme. En ese marco dispone de un Programa de Infraestructura Universitaria. Los préstamos de la CAF exigen como contrapartida una inversión local, y eso hasta ahora quedaba a cargo de la Nación.
Según comentaron a este diario distintos rectores consultados, ante la falta de recursos estatales para realizar las obras algunas universidades consideran pedirle financiamiento a los gobiernos provinciales, mientras que el CIN buscará solicitarle al Gobierno que revierta la decisión.
"Vamos a solicitar obras aclarando que los fondos de la contrapartida argentina deberían originarse en el Estado, sea directamente, sea indirectamente, reforzando nuestro presupuesto", dijo Villanueva.
Muchas universidades están complicadas con problemas edilicios. Algunas de ellas deben recurrir a espacios ajenos a su infraestructura para cubrir la demanda de estudiantes que asisten a clase. "Estamos alquilando 20 aulas por fuera del predio, cedidas por los municipios de la región, porque no alcanza el espacio", explicó el rector de la UNAJ.
"Hay universidades que están complicadas con el tema del espacio y las aulas. Por ejemplo en el conurbano hay un problema, ya que no hay infraestructura social que te permita tener aulas a la mañana o a la tarde, como sí sucede en la Capital ya que hay otra oferta académica", indicó Perczyk.
Para Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), "esta decisión profundiza la desigualdad entre universidades. Había un fondo que servía para reducir las diferencias estructurales, pero ahora se hace lo contrario, ampliando las diferencias --dijo--. Estamos pidiendo a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que con el Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (Fundar), que funciona como refuerzo para lograr más equidad en el sistema, pague la contraparte de las universidades que estamos en crisis" .
