En su Carta Abierta de respuesta, los familiares de las víctimas de Monte recordaron que ellos acudieron al Concejo Deliberante ante “el silencio de todos los representantes del pueblo”, incluyendo a la intendenta Sandra Mayol. Señalaron que reaccionaron ante “la más grave violación de los derechos humanos” ocurrida en la historia del pueblo, “llevada a cabo por miembros de instituciones en un accionar corporativo”, con intervención de policías bonaerenses y un funcionario de la Municipalidad local, el oficial retirado Claudio Martínez, “con dependencia directa de la intendenta”.

El pedido de interpelación a Mayol fue porque de la investigación “se abrieron un sinnúmero de interrogantes”, tales como: ¿Quién controlaba a quiénes debían cuidarnos? ¿Cómo controlaban? ¿Alguien controlaba? ¿Sobre qué diagnóstico se definió el operativo saturación (dispuesto por la intendenta antes de la masacre, en consonancia con las políticas a nivel provincial y nacional) y se instaló más policías de diferentes fuerzas de seguridad que llegaron a nuestra ciudad? ¿Se tuvo en cuenta que lo único que se logró fue colocar en mayor riesgo la vida de nuestros jóvenes por su accionar violento y desmedido? ¿Cómo se evaluaba a los policías que venían a nuestro pueblo? ¿Cómo se garantiza la seguridad de ahora en más?

Y ante la importancia que le da Mayol a la campaña electoral, los familiares preguntaron si tienen que esperar a que se realice la elección para obtener respuestas, dado que “luego de la interpelación nos fuimos del recinto como llegamos, sin ninguna”. Consideraron que fue así porque la intendenta “se limitó a responder un cuestionario previamente preparado” en “una especie de reticencia soberbia, y como en un contraataque a las preguntas, negándose a responder repreguntas si no las tenía estudiadas de antemano”.

Definieron así la actitud de Mayol: “Insensibilidad, frialdad, falta de respeto, falta de autocrítica”. Insistieron en que “las dudas no se despejaron” porque a la masacre ocurrida se la toma “como un hecho aislado y se le resta importancia, porque no se hizo ningún cambio en la seguridad”. Según dijo la intendenta “la seguridad no fue vulnerada (sic)”, opinión que, según los familiares es una afirmación que está “muy lejos de la realidad”.

Por lo expuesto puntualizaron que “pareciera ser que una campaña electoral resulta más importante que asumir las responsabilidades frente a un hecho gravísimo”, sin siquiera “reconsiderar cómo se gestionan las políticas de seguridad del pueblo, respetando los derechos y los ciudadanos. Con dolor vemos que no se está a la altura de las circunstancias”.

Concluyeron que “todo esto exhibe crudamente la incapacidad demostrada para garantizar políticas democráticas de seguridad con garantías para que nuestros jóvenes puedan llevar su vida en libertad en nuestra ciudad. Por todo esto, no nos vamos a callar, vamos a cuestionar cada política que directa o indirectamente garantice impunidad porque nos dimos cuenta que el silencio y la falta de compromiso social son armas que matan silenciosamente”.

Subrayaron como final: “Somos nosotros, el pueblo, los que mediante el simple uso de la palabra y la pregunta, podemos revertir tal situación”.