El informe anual de la Procuración General bonaerense que dio cuenta de un incremento de delitos en la provincia entre 2017 y 2018 le bajó el tono al pregonado combate contra la inseguridad, uno de los caballitos de batalla del oficialismo rumbo a las elecciones. Especialistas en seguridad y derecho penal consultados por este diario señalaron que las estadísticas oficiales, aun con las restricciones metodológicas que tiene el reporte, realizado a partir de las investigaciones penales preparatorias (IPP), dan indicios de que la política manodurista y rimbombante del Gobierno no dio resultados para bajar los delitos violentos. Y sí, en cambio, para criminalizar a ciertos sectores sociales y perseguir personas por tenencia de drogas para consumo personal.

El relevamiento consigna que aumentaron en términos interanuales las denuncias por robos, los hurtos y hurtos agravados, las estafas, los homicidios agravados, los delitos contra la integridad sexual y la infracción a la ley de drogas, entre otros. De acuerdo a los entrevistados, los datos dan indicios para pensar que, en contextos de deterioro social donde crecen las economías ilegales y el entramado de violencia, el modelo de prevención del delito del oficialismo, que no sigue las dinámicas delictivas sino que satura territorios con presencia policial, resulta más efectista que efectivo.

Delitos menores

Para el abogado penalista y docente de la Facultad de Derecho Roberto Carlés, en materia de política criminal el eje está puesto por un lado "en la ley de flagrancia que llena las cárceles de autores de delitos menores y en las restricciones en la ejecución penal", y por otro, "en la saturación territorial con fuerzas de seguridad, que puede ser percibida por la población como positiva porque es presencia del Estado, pero que no redunda en más seguridad y genera el desplazamiento del delito a zonas con menos policías en las calles o directamente con zonas liberadas".

"En una situación de desintegración social creciente, con una política económica que genera exclusión y un aumento de la marginalidad, se da una política que criminaliza sectores que caen en delitos de subsistencia", remarcó el penalista, y advirtió que en la "supuesta lucha contra el narcotráfico se persigue el narcomenudeo. Y hay un alto grado de prisionerización de mujeres que se deben a este delito".

"Hay una correlación en cierto delitos que han aumentado, hurto, homicidios en ocasión de robo, que tienen que ver con el desgobierno de la seguridad. Otros con la necesidad de subsistencia de ciertos sectores, como pueden ser un hurto en un supermercado", señaló.

Política represiva

Para la abogada y titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, "el aumento de robos y robos menores, aunque no es una cuestión lineal, tienen que ver con la profundización de la crisis, porque tenés gente que busca la salida individual por fuera del sistema porque tiene que comer. La mayoría no responde a delitos sofisticados. Es una señal de alerta. Por otro lado, la policía del gobierno nacional, y la provincia en particular, no tiene que ver con la prevención del delito. El eje es el despliegue y control social en los barrios, parar coches viejos y detener a mansalva. Se han acrecentado muchísimo las detenciones por averiguación de antecedentes".

Al mismo tiempo, Verdú planteó que entre las limitaciones de los datos de las IPP, que se reportan a través del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), no se visualizan los casos de personas muertas por miembros de las fuerzas de seguridad. "Para el SIMP son robos o robos agravados, y solamente en los casos en que se logra avanzar al juicio oral pasan a convertirse en homicidio agravado por exceso en la legítima defensa o en exceso en el cumplimiento del deber. No permite desglosar la intervención de las fuerzas de seguridad. Los homicidios culposos, la enorme mayoría se deben a accidentes de tránsito, pero otros son casos de gatillo fácil donde la imputación a la que se llegó es homicidio culposo, en un contexto en el que la represión policial se incrementó al ritmo de la crisis social".

En cuanto al incremento del hurto agravado de vehículos en la vía pública, la letrada sostuvo que "el negocio del robo de autos requiere cierta logística importante, y los desarmaderos, como los prostíbulos, tienen protección policial". También afirmó que las purgas y exoneraciones en la bonaerense, que exhiben como logros de gestión la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de seguridad Cristian Ritondo, "han existido siempre, y no mueven la aguja porque no es una cuestión de individuos sino de cómo funciona el sistema en su conjunto".

Logros que no son

La coordinadora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (OPS), Ángela Oyhandy, explicó que, en base a las IPP, el observatorio viene construyendo series con los homicidios dolosos y culposos desde 2009. Además, trabajan con otros delitos como indicadores de violencia interpersonal: tentativas de homicidio, lesiones leves, amenazas, robos y robos agravados.

Una de las primeras lecturas que surgen, de acuerdo a la investigadora, es que uno de los logros que se atribuye el gobierno provincial, la baja de los homicidios, no es tal. "Los homicidios dolosos descendieron en la provincia de 2009 a 2018. Es decir, venían bajando. No es un logro actual. Cuando empezamos la serie en 2009, registraba 8,6 y llegamos a 5,7. Una baja constante, que se interrumpió en 2014, cuando volvió a los mismos valores de 2009, y después siguió bajando", detalló la socióloga, que aventuró, sólo como hipótesis de trabajo, que se puede pensar ese resultado por "las políticas sociales sostenidas de 2003 a 2015, cuyos efectos se siguen sosteniendo".

Por otra parte, Oyhandy señaló que mientras los homicidios bajaron, la violencia interpersonal aumentó. "Las tentativas de homicidio subieron, y son hechos tan violentos que para la justicia son lesiones graves y las califica como intento de homicidio. Tampoco bajan las lesiones leves, y hay un aumento sostenido de las amenazas". "Lo que muestran los datos es que hay una propensión de la población a llevar los conflictos a la justicia, a judicializarlos", evaluó, al mismo tiempo que advirtió que "hay que ver cuánto corresponde al aumento efectivo del delito y cuánto a la toma de denuncias".

La investigadora remarcó que no hay relación lineal con las cuestiones económicas, que el pasaje de la desocupación a cometer delito no es ni inmediato ni automático. Aunque el caso de los hurtos, abre interrogantes. También que el paso del trabajo precario a la transgresión de la ley requiere tiempos más largos que los abarcados por el informe como para hacer extrapolaciones. No obstante, señaló que "en un contexto de crisis crecen las economías y las redes ilegales y el entramado de violencia".

"Las principales causas de muerte son los homicidios culposos, un delito multicausal, que en la serie del OPS, pasó de 7,6 cada cien mil habitantes, a 8,1, registrando una suba por primera vez en cuatro años", explicó. Otro dato que resaltó la coordinadora es el aumento de 33 por ciento en causas por infracción a la ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes) que pasó de 51.838 a 68.971 (17.133 caso más) que "da cuenta de una orientación política de la criminalización, ya que la mayor parte de los detenidos por esta causa son casos de consumo personal".

Y consideró que "no hay duda que lo que se ve es una política deliberada de encarcelamiento del microtráfico, que tiene un impacto en la vida de las personas muy grave, y que no tiene impacto en lo que se quiere combatir, que es el narcotráfico. Ahí hay una impronta de Cambiemos, en cómo quiso llevar la política de seguridad hacia la criminalización de ciertos sectores y del trabajo informal con consecuencias desastrosas para las economías de subsistencia".

Saturación policial

En tanto la investigadora y coordinadora del Observatorio de Seguridad (Obse) de la UBA, Gabriela Seghezzo, señaló que "llama la atención que aumentaron mucho los delitos contra la integridad sexual", lo que pone de manifiesto que "la política de saturación policial y la doctrina Chocobar para esas violencias a la que están expuestas sobre todo las mujeres, son políticas absolutamente desacertadas. Porque estos hechos violentos aparecen en el ámbito doméstico, y saturar el espacio público de policías respecto de este delito no tienen ninguna significación".

Otra es la mirada del profesor e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y consultor internacional en seguridad ciudadana, Tobías Schleider, para quien los datos de la Procuración son difíciles de evaluar porque "no sabemos cuáles son las políticas ni los métodos, tampoco los objetivos en materia de política de seguridad del gobierno. Sin eso, es muy difícil evaluar qué se persiguió. No está claro el rumbo de la política criminal de la provincia de Buenos Aires, más allá de las declaraciones de los funcionarios. Se conocen algunas medidas pero no para qué se las toma ni que resultados tienen".