A contramano de la creciente opinión mundial contra la pena de muerte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde diciembre próximo serán restablecidas las ejecuciones para condenados por casos federales, que estuvieron en suspenso durante los últimos 16 años.
El fiscal general (ministro de Justicia), William Barr, justificó la reimplantación de la pena capital en la necesidad de dar "justicia a las víctimas de los crímenes más horribles".
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés). "Bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo", dijo Barr en una declaración pública. La próxima ejecución, con el uso de una inyección de pentobarbital, está fijada para el 9 de diciembre en la prisión federal de Terre Haute (Indiana).
La primera voz contra esta medida se levantó en California, cuyo gobernador, Gavin Newson, expresó su rechazo en duros términos. "El gobierno de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita y al gobierno de (Vladimir) Putin en la ejecución de sus ciudadanos", denunció Newson en un comunicado. "El asesinato intencional de otra persona está mal y nuestro sistema de pena de muerte ha sido, en todos los aspectos, un fracaso", apuntó. "a pena de muerte ha discriminado a los acusados que tienen enfermedades mentales y a afroamericanos que no pueden pagar una representación legal costosa," añadió.
La suma de rechazos a la pena capital movió con el tiempo a 21 de los 50 estados del país a ordenar su abolición, en último de ellos New Hampshire. Desde 1973, un total de 166 presos condenados a la pena capital en todo el país, incluidos cinco en California, fueron liberados del castigo después de que se comprobaran errores en los juicios.
Trump es un ferviente defensor de la pena de muerte desde hace muchos años antes de su llegada a la Casa Blanca. En 1989 publicó anuncios de página completa en distintos diarios de Nueva York en los que instó al gobierno a "traer de nuevo la pena de muerte", por entonces en reacción a una violación en el Central Park.
"Si el castigo es fuerte, los ataques contra personas inocentes se detendrán", aseguró.
Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de Penas de Muerte sin fines de lucro, dijo que le preocupaba que el proceso para reanudar las ejecuciones fuera apresurado. "El gobierno federal no ha llevado a cabo ninguna ejecución en 15 años y eso plantea serias dudas sobre la capacidad para realizar las ejecuciones de manera adecuada", dijo.
