El pasado lunes el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció, a través de la resolución 598/2019, la creación de un "Servicio Cívico Voluntario en Valores". Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de "brindar capacitación en valores democráticos y republicanos". Consiste en una serie de actividades poco especificadas, llamadas "talleres", con objetivos que abarcan "inculcar valores democráticos", "liderazgo", "autonomía", "madurez".
Lo primero que debo decir es que no desconozco la puesta en agenda de este debate como una suerte de distracción por parte del gobierno nacional, que intenta correr del centro de atención otros temas más "preocupantes" como son aquellos relacionados a la economía: la desocupación, la inflación, el aumento de tarifas, los ajustes en las políticas educativas y salud, entre otros. Sin embargo, eso no implica que tengamos que dejar de prestarle atención o subestimar este tipo de medidas, que tienen que ver con desplazar la cuestión social por la cuestión policial, sumando medidas a través de las cuales el macrismo corre el umbral de tolerancia social (Rodríguez Alzueta, 2019). Esto es aquello que la sociedad está dispuesta a tolerar en pos de tener mayores niveles de seguridad o bienestar. Porque si bien esta medida no está enunciada como orientada a la seguridad, sabemos que el trasfondo (más bien a la vista) de este "servicio" a cargo de una fuerza de seguridad como es la Gendarmería Nacional, claramente tiene tintes sino represivos, al menos de control social y disciplinamiento.
Esta medida se enmarca también en una suerte de demagogia punitivita, ya que una parte importante de la sociedad, por razones totalmente atendibles, participa de estas ideas de mayor represión, disciplina y orden. Pero en realidad lo que se está haciendo, como han destacado organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, es un debilitamiento en derechos y garantías y una militarización de la seguridad y de la educación, cuando, por citar un ejemplo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich argumenta que la Gendarmería es más valorada que la educación pública.
Entre los pronunciamientos que se produjeron por estos días destaco el de la Comisión Provincial por la Memoria de Santa Fe que luego de advertir sobre los peligros que esta medida implica, recordó la falta de implementación de la ley 26.061 (Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), recalcando que son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el CELS, denunció que el gobierno nacional, luego de desfinanciar todos los niveles del sistema educativo, decidió que la respuesta del Estado para lxs jóvenes que no estudian ni trabajan quede a cargo de una fuerza de seguridad militarizada, con una iniciativa que no generará trabajo, ni formación profesional útil. "Se trata de otra medida que amplía espacios de intervención de las fuerzas de seguridad y armadas hacia ámbitos y tareas que no les corresponden. La decisión debe ser leída en relación con un enfoque del gobierno que instala el paradigma de la seguridad y el control en múltiples aspectos de la vida y que ahora decidió extenderlo también hacia la inclusión social".
Pero para pensar estas medidas desde el análisis histórico y no quedarnos solamente con lo coyuntural, quiero recordar, por un lado, experiencias anteriores recientes que tienen que ver con las fuerzas de seguridad y las infancias y, por otro, la propia historia de la Gendarmería.
En este sentido, Rodríguez Alzueta historizó que, a partir de los años 2000, en algunas provincias, Catamarca (2016), Chubut (2010) y Misiones (2004), se han creado una suerte de Policía Infantil, donde los jefes de Policía han hecho cuerpos infantiles policiales para niñxs desde los 6 años.
Ahora bien, adentrándonos en la Gendarmería Nacional, es necesario aclarar que ésta es una de las cuatro fuerzas federales, junto con la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que debe su impronta militar a su pertenencia al Ejército entre 1958 y 1987. Las leyes de Defensa, de 1987, y de Seguridad Interior, de 1991, establecieron su carácter de fuerza intermedia. Entre 2002 y finales de 2010, dependió primero del Ministerio del Interior y luego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta la creación del Ministerio de Seguridad. Desde 2004 su naturaleza militar asociada al control de fronteras y rutas nacionales y persecución de delitos federales -narcotráfico, tráfico de personas, etc.- quedó impugnada por la ampliación de sus funciones policiales, ordenada por el gobierno nacional de entonces, para que ofreciera los servicios de seguridad ciudadana y prevención y represión del crimen en barrios conflictivos, debido -en parte- al desprestigio de las otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal y las policías provinciales (Frederic, 2019).
Quiero resaltar, además, que la etimología de su nombre deriva de la palabra francesa gendarmerie, que a su vez viene de la expresión en francés antiguo gens d'armes (gente de armas o armados). Y a pesar que Bullrich negó que el "servicio cívico voluntario" sea una vuelta a "la colimba" porque "no habrá armas", no se entiende por qué se elige a una fuerza de seguridad, que desde su etimología es armada, para llevar adelante este "servicio".
Por último, la Gendarmería tiene un antecedente muy similar a este "servicio" o podemos compararlo con la operación conocida como "Argentinos. Marchemos a las Fronteras" que se produjo en 1979, cuando la Gendarmería estaba bajo la dirección de Antonio Bussi, y consistió en la movilización de contingentes de estudiantes de escuelas secundarias, en su gran mayoría de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, hacia las llamadas "Zonas de Frontera" con alegados propósitos de establecer lazos de confraternidad con las comunidades fronterizas y generar una conciencia de necesidad de resguardo de la soberanía. Se trataba de una iniciativa de la Gendarmería organizada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, que eligió a las escuelas que enviaron sus estudiantes de entre 16 y 18 años de edad. El resultado fue un contingente de 5.000 estudiantes que se dirigían a compartir una estadía de entre 6 y 8 días con sus pares en 202 escuelas de zonas de frontera.
De esta forma, me parece interesante trazar líneas de continuidad que tengan que ver con decir, no que este gobierno es lo mismo que la dictadura militar, pero sí que resignifica una serie de elementos históricos para un momento actual diferente a los que deberíamos responder para evitar su concreción y en su lugar pedir por mayores presupuestos educativos, inclusión social y que se cumplan las leyes de infancia para revertir la situación de vulnerabilidad de nuestrxs jóvenes.
Frederic, S. (2019). "Ni policías ni militares: obediencia, resistencia y rebeldía de gendarmes en operaciones urbanas de Buenos Aires", Desacatos 60, pp. 12-33
Rodríguez Alzueta, E. (17/07/2019) "Servicio Cívico: una reserva moral para la derecha argentina", Cosecha Roja.
(*) Doctora en Historia
