Trabajadores de los 19 gremios que conforman la Federación Marítimo Portuaria y de la industria naval (Fempinra) denunciaron una maniobra por parte de las autoridades nacional de transporte dirigida a achicar y transferir el control del puerto de Buenos Aires por los próximos cincuenta años a una empresa extranjera ligada al actual presidente de la Nación. Del proyecto derivaría, además, un megaproyecto inmobiliario en la zona más cotizadas de la Capital Federal, que en la práctica se convertiría en una extensión del actual Puerto Madero hacia el norte, en la cual el metro cuadrado construido se cotiza por encima de los 10 mil dólares. “La única terminal que quedaría operando, en reemplazo de las tres existentes en la actualidad, sería monopolizada por 50 años por una empresa con sede en Singapur, que quedaría vinculada al megaproyecto inmobiliario por la relación con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, que junto a Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, estarían en disposición de llevarlo adelante”, sostuvieron dirigentes de los mencionados gremios en encuentros que mantuvieron con el ex diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular), el senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) y el diputado Walter Correa (Unidad Ciudadana), para interesarlos sobre la maniobra gubernamental, que pretendería concretarse antes del 10 de diciembre, fecha de traspaso del mando a un nuevo gobierno. Lozano comprometió el apoyo de Unidad Popular para impulsar la construcción de un espacio multisectorial para impedir que se consume la licitación. Unidad Ciudadana llevó el tema al Congreso y reclamó la citación a Dietrich para que expliquen los términos del proyecto. 

El decreto licitatorio, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en mayo de este año, modifica un texto anterior publicado en diciembre de 2018 y define que las tres terminales portuarias de embarque y desembarque actualmente existentes, cuya concesión vence en mayo de 2020, pasará a operar como terminal única bajo un exclusivo concesionario, que además se hará cargo del control de manera anticipada al calendario original, en diciembre de este mismo año. Apenas horas antes del cambio de gobierno.

La nueva concesión tendrá un plazo de vigencia de 35 años, prorrogables por otros 15, lo cual extendería la explotación hasta fines del año 2069. Además, se dispone que el puerto tendrá una ubicación geográfica diferente a la actual, ya que se trasladaría a un espacio ganado al río con el traslado de las tierras extraídas en la excavación para la construcción del Paseo del Bajo. Como consecuencia de ese traslado, quedarían liberados terrenos estratégicos desde el punto de vista inmobiliario, que pasarían a constituir un megaproyecto que ya se lo denomina Puerto Madero 2, aledaño al actual hacia el norte (zona de Retiro).

Según señalaron los dirigentes de la federación marítimo portuaria, los beneficiarios de ambos proyectos tienen nombre y apellido, ya que los pliegos de la licitación fueron modificados con la intención de beneficiar la participación de la firma PSA, de Singapur. “Hay un direccionamiento notorio de la licitación para que la gane PSA, una empresa de Singapur cuyo lobista en Argentina es el cónsul del país asiático, Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri”, sostuvo pocas semanas atrás el diputado (UC) Rodolfo Tailhade. “Pretenden abrir los sobres de las ofertas en octubre y entregar la concesión en noviembre, dejando en claro que Macri y sus amigos se quieren quedar con una de las licitaciones más importantes de la historia argentina antes de entregar el poder”.

Ya a fines de junio, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, había solicitado la presencia en el parlamento del ministro Dietrich y el interventor del Puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, para que respondan sobre las razones que motivan la reducción de tres operadores portuarios a sólo uno”, además de otras demandas referidas a la extensión a 50 años de la concesión, a la ausencia de estudios de impacto ambiental por las construcciones ganándole espacios al río, y a la situación de los trabajadores afectados, según cita la página web Infonews del 28 de junio.

El primer punto bajo sospecha es la Resolución 129/16, por la cual la administración del puerto de Buenos Aires contrató, en forma directa, a la firma española Indra por 700 mil dólares para que definiera y recomendara la estructura de terminales de contenedores de dicho puerto. Tras recibir ese informe, el Ministerio de Transporte dio el primer paso, en diciembre de 2018, del proceso licitatorio al establecer que el puerto de Buenos Aires, el único bajo jurisdicción federal, pasaría a operar bajo una sola terminal a partir de 2020, en vez de las tres con las que opera desde 1994, es decir hace 25 años. También dispuso entonces que el nuevo contrato de concesión tendrá una vigencia de 35 años, prorrogables por otros 15. Finalmente, a principios de mayo de este año, la cartera a cargo de Guillermo Dietrich le dio forma a la licitación al aprobar los pliegos de contratación de las obras de ampliación y operación y mantenimiento de las instalaciones portuarias. El paso siguiente fue el lanzamiento de la licitación por parte de la Administración Nacional de Puertos, a cargo del interventor Gonzálo Mórtola, cuyo objetivo es que la terminal portuaria quede en manos de un único operador.

Desde la AGP se justificó la renovación de la infraestructura portuaria asegurando que “se duplicará la capacidad actual de carga y permitirá contar con un diseño más flexible”. Allegados a Dietrich, en tanto, justificaron la reducción de la concesión a un único operador del puerto “permitirá reducir los costos”. Lo que no se explica en los pliegos que la modificación del trazado del puerto de Buenos Aires liberará una importante extensión de terreno, justamente aledaña a Puerto Madero, que sería destinada a un emprendimiento inmobiliario al cual no serían ajenos, según lo proyectado, ni Angelo Calcaterra, que tuvo a su cargo el tramo principal del Paseo del Bajo hasta que cedió (¿cedió?) su empresa Iecsa, y Nicky Caputo. Los gremios involucrados en la denuncia sugieren no descuidar esta millonaria operación inmobiliaria que se habilitaría, cuya concesión correría por cuenta del gobierno porteño, hoy en manos de Horacio Rodríguez Larreta. Sobre todo, teniendo en cuenta que el calendario que maneja el gobierno nacional es abrir los sobres (o el sobre) de propuestas antes del 26 de octubre (elecciones nacionales) y adjudicar la operación del puerto de Buenos Aires antes del 10 de diciembre (fecha de traspaso del mando).