El Banco Nación, la máxima entidad bancaria del país, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, rechazó en junio de 2016 el acuerdo que el Grupo Macri realizó a sus acreedores por la deuda que mantiene por el Correo Argentino. Los expertos técnicos y jurídicos de la entidad bancaria, entonces presidida por Carlos Melconian, calificaron como "no conveniente" la propuesta que contempla una quita del 98,8 por ciento de la deuda para la familia Macri, según confirmaron fuentes de la causa a PáginaI12.  

Sin embargo, en la misma época, el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, con el guiño del jefe de Gabinete, Marcos Peña, dieron el sí en representación del Estado, uno de los mayores acreedores en la causa. El presidente, Mauricio Macri, argumentó ayer que Aguad "actuó conforme a la ley" y que "técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho estos expertos que hemos consultado". Los expertos del Banco Nación decían otra cosa.

La causa por el concurso preventivo abierta tras la estatización del Correo Argentino S.A, controlado entre 1997 y 2003 por Sideco Americana S.A, tiene a múltiples acreedores pendientes. El Estado es uno de ellos, con el 32 por ciento del fondo concursable, y un reclamo de deuda inicial de 296 millones de pesos. El Banco Nación es otro de ellos, con una deuda del Grupo Macri que asciende a los 50 millones.   

La propuesta llegó en junio en la audiencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, aquella que solicitó el Estado nacional tres meses después de haber rechazado un oferta similar  del Grupo Macri, en 19 cuotas en lugar de 18 y con un interés del 6 por ciento en vez del 7. El director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, fue el encargado de aceptar la propuesta aquel día. El Banco Nación presidido por Melconian tomó el camino del rechazo, de acuerdo a la resolución de los equipos técnicos y jurídicos de la entidad bancaria. 

El escándalo explotó con la extensión del dictamen presentando el 7 de febrero por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, y respaldado por Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Aceptar el acuerdo, según dictaminó la fiscal, resultó "abusivo" porque sería, en realidad, una condenación de deuda por 4 mil millones de pesos, desde la apertura del concurso de acreedores a la actualidad, y  70 mil millones proyectado a 2033, cuando el Grupo Macri propone pagar la última cuota del acuerdo. 

Tras la lluvia de denuncia y críticas, Macri anunció ayer que solicitaría ante la justicia "volver a foja cero", pidió a la Justicia que "disponga de los expertos nacionales e internacionales que necesiten para resolver este tema que hay que resolverlo" y dijo que su error y el de su Gabinete fue no preveer "un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo". Hubo un consejo por parte de los expertos de la entidad bancaria de la Nación y también discusiones, que habrían despertado roces entre la Casa Rosada y el extitular del Banco Nación.