Producción: Javier Lewkowicz

La reprimarización

Por Mariano Kestelboim *

El esfuerzo del gobierno por cerrar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es una pieza central en su intento de normalización del funcionamiento de la economía nacional. En el final del mandato la aceleración de las políticas oficiales, acompañadas por el FMI, profundizan ese proceso. Después de la búsqueda por ganar soberanía del gobierno anterior a través de una recuperación de la industria que requería trabajadores con mejores condiciones de vida, el oficialismo vuelve a tratar de implementar el modelo más difundido en Sudamérica. Básicamente, eso implica hoy privilegiar las actividades extractivas de recursos naturales, potenciar el negocio financiero y concentrar la distribución del ingreso, ejes que van en detrimento de los sectores productivos con mayor capacidad de desarrollo tecnológico.

Es en esa esfera de análisis político económico que puede entenderse el tenaz intento por cerrar un convenio burdamente desequilibrado en contra del interés de las grandes mayorías locales. No hace falta ser un especialista en comercio internacional para apreciar que las condiciones básicas de lo pautado operan abusivamente en beneficio de la región más poderosa.

Algunos comparan los términos del preacuerdo con el pacto Roca-Runciman del año 1932. Al respecto, vale hacer algunas comparaciones para entender que la situación actual va en una línea similar, pero es mucho más agresiva.

Las condiciones mundiales en la década del treinta también tendían a un mayor proteccionismo y, por lo tanto, existía una necesidad más pronunciada de acceso a mercados. Pero hay otros aspectos relevantes que provocan que un acuerdo de estas características en el escenario actual tenga un impacto más potente. Por un lado, el desarrollo de los sistemas de transporte y, en especial, de las tecnologías de la información y la comunicación aceleran el intercambio. Aunque, por otro lado, un punto diferencial notable se observa en el sector más defendido por los europeos y de mayor capacidad competitiva en el Mercosur: la carne vacuna.

El tamaño del cupo conseguido en el preacuerdo actual es ínfimo respecto a lo negociado por el gobierno de Roca. En esa oportunidad, Argentina obtenía una cuota de exportación mínima de 390.000 toneladas de carne enfriada, con existencias locales de ganado bovino de 30 millones de cabezas. Hoy, las existencias son de 55 millones de cabezas y la nueva cuota ofrecida por la UE es de 99.000 toneladas a repartir entre los miembros del Mercosur que cuentan con 250 millones de cabezas de ganado. La población del Reino Unido era de 46 millones de personas y en la de la UE actual hay más de 500 millones. Ni siquiera el acceso a esa cuota marginal sería inmediata, sería en etapas progresivas y el Mercosur recién tendría el cupo pleno a los cinco años de entrada en vigencia del acuerdo y sin mayores liberalizaciones futuras comprometidas.

En cambio, el Mercosur, si bien tiene plazos más largos de adecuación a las condiciones ofrecidas (libre acceso sin aranceles a los productos industriales europeos), no puede aplicar ningún cupo. El proteccionismo europeo se complementa además con subsidios multimillonarios a sus productores agrícolas.

De esta forma, el efecto principal del acuerdo sería una consolidación del perfil primario de la producción local que debería afrontar la competencia europea sin restricciones en los rubros industriales, tanto en el mercado nacional como en el de los socios del Mercosur. Así, la estructura productiva y distributiva se asemejaría mucho más a la de los países de nuestra región, con menos capacidad de desarrollo tecnológico, con sindicatos con capacidad de negociación inferior y trabajadores subordinados al interés de las grandes corporaciones y menor movilidad social. Ese escenario dejaría un muy reducido margen para saltar, como en otras oportunidades, de un esquema que prioriza la extracción de riquezas naturales y el negocio financiero a un modelo enfocado en el crecimiento del mercado interno y de la industria.

* Economista Universidad de Avellaneda. @marianokestel

Integración desequilibrada

Por Juan Cruz Lucero **

La integración comercial del mundo es una realidad manifiesta. Un dato resulta por demás concluyente a este respecto: el peso del comercio de mercaderías sobre el producto bruto mundial, de acuerdo al Banco Mundial, pasó del 17 por ciento en 1960 al 45 por ciento en 2018. Es en este contexto que la discusión acerca de los efectos de una mayor apertura comercial y la manera en que los países se insertan en la economía global cobra una centralidad vital.

A grandes rasgos, existen dos grandes visiones acerca del comercio internacional y sus dinámicas. Por un lado, la de los autores clásicos y neoclásicos que parten de la idea de que el comercio es beneficioso para todos los países, razón por la cual deben liberarse todas las trabas y regulaciones que impidan su “normal funcionamiento”. Por otro lado, se encuentran las posturas críticas que cuestionan que el comercio entre países sea per se positivo, e introducen una serie de elementos que complejizan la discusión, dando cuenta de las asimetrías existentes entre diversos actores así como de los elementos que operan para que éstas se reproduzcan, aún en contextos cambiantes.

El gobierno de Cambiemos es un fiel devoto de la primera de estas concepciones, alegando que la “integración al mundo” no sólo es deseable sino una necesidad, y bregando por el incremento de las exportaciones de aquellos bienes en los cuales Argentina tiene fuertes ventajas estáticas: materias primas, productos derivados y alimentos. En este contexto, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea avanza por el andarivel teórico como una continuidad de la política comercial externa impuesta por el actual Gobierno, que se ha caracterizado por promover activamente una inserción subordinada del país como un proveedor de productos primarios; en una suerte de recomposición del modelo agroexportador (o supermercado del mundo).

No obstante, esto ni siquiera supone para la Argentina una situación privilegiada: el caso de la carne es sintomático en tal sentido. La oferta a Europa del Mercosur para el año 2004 fue de 100.000 toneladas de carne. Luego de varios años se había acordado que no habría propuestas menores a los niveles del año 2004, al tiempo que la propuesta en el 2010 del Mercosur fue de abrir el mercado a 400.000 toneladas. Lo acordado bajo la gestión de Cambiemos, sin embargo, fueron 99.000 toneladas de carne. Es decir, este acuerdo tampoco expande la posibilidad de inserción de productos primarios porque el proteccionismo agrícola del viejo mundo hace impensable una entrada libre de bienes primarios a dicho mercado.

La situación es más problemática (podríamos decir trágica) en tanto este intento de integración no está acompañado por políticas de fomento a la industria, al desarrollo tecnológico y la innovación nacional, en tanto la política económica oficial va, estrictamente, en sentido contrario: con una tasa de interés de 60 por ciento, tarifas exorbitantes, recortes en obra pública e infraestructura y un desfinanciamiento del aparato científico-tecnológico, resulta difícil suponer que la industria local mejore sus posibilidades de competir. Antes bien, lo que va terminar ocurriendo es que se van a profundizar las desigualdades entre los países del Mercosur y de la Unión Europea.

En resumen, la concreción de este acuerdo tendría un profundo impacto para la estructura productiva argentina, sobre todo para la industria nacional, gran parte de la cual estará condenada a perecer. Establecer un acuerdo en estos términos es no tener en cuenta las asimetrías entre ambos bloques económicos y suponer que, como fue señalado en el comienzo de esta gestión, aquellos sectores no competitivos deberían reconvertirse o dirigirse hacia otros rubros. Mediante estas líneas queremos enfatizar que la integración económica debe impulsar un proyecto de crecimiento con inclusión, donde desarrollo económico sea un objetivo y sólo con énfasis en el sector industrial es posible lograrlo. Y este acuerdo imposibilita esa vía.

** CONICET/UNQ. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).