Entre 2022 y 2023, Argentina deberá devolverle al FMI más de 46.000 millones de dólares entre capital e intereses, lo que implica 5 por ciento del PBI de cada año. Si a esto se le suma el calendario de pagos de bonos para ambos años, el monto casi se duplica. En consecuencia, el Estado Nacional enfrentaría vencimientos cercanos a un décimo del PBI. “Si bien la situación actual cercana al equilibrio primario (antes del pago de deuda) del Sector Público Nacional reduce las necesidades de contraer nuevos compromisos, tampoco le alcanzará para generar superávits de semejante magnitud como para afrontar estos compromisos. Por lo tanto, una parte importante de los pasivos deberá ser refinanciada”, advierte un informe de la consultora Ecolatina.
La mayoría de los vencimientos está nominado en moneda extranjera. De esta forma, si el Estado Nacional no consigue esos dólares, posiblemente deba comprarlos en el mercado local, sumando un factor de presión adicional al tipo de cambio. Ecolatina sostiene que la deuda con el mercado podría llegar a refinanciarse, pero, aún si se logra eso, todavía restaría ver cómo se le paga al FMI.
Para ello, el propio organismo multilateral posee una modalidad: el Servicio Ampliado de Fondos (o Extended Funds Facility, EFF por sus siglas en inglés). El mismo se arregla con países que poseen problemas de balanza de pagos, es decir, una insuficiencia de dólares, tal como le sucede a la Argentina, y se focaliza en resolver la incapacidad del país para generar divisas. Si bien aporta fondos usualmente menores a los stand by lo hace por un tiempo más prolongado (cuatro años) y con mayor plazo de repago (hasta diez años después de concretado el desembolso). Por esta razón, los giros están supeditados al cumplimiento de la meta fiscal, pero también a la aplicación de ciertas políticas que contribuyan a estabilizar la macroeconomía. Ese sería el camino que debería recorrer Argentina en los próximos años.
