Desde Brasilia

Al menos cincuenta y siete presos fallecieron, diceciseis de ellos decapitados, tras la rebelión ocurrida en un reclusorio de Altamira, en el norteño estado de Pará. Se trata del episodio más violento en las cárceles de Brasil en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

Todo comenzó este lunes cerca de las siete de la mañana en el Centro de Recuperación de Altamira, sur paraense, en el extremo este de la Amazonia que desde hace algunos años se ha convertido en corredor de drogas colombianas destinadas al mercado europeo y campo de disputa de entre facciones.

Una nube de humo negro surgió poco después a desde el interior del Centro de Recuperación de Altamira donde miembros del Comando Clase A incendiaron un contenedor ocupado por sus rivales del Comando Vermelho, una de las organizaciones más antiguas del país formada hace décadas en las favelas de Río de Janeiro.

Los atacantes salieron del Pabellón A munidos con antorchas y cuchillas incautadas en la cocina del presidio, según las informaciones de la Superintendencia del Servicio Penitenciario paraense. Dos agentes penitenciarios fueron hechos rehenes y luego liberados.

Decenas de reclusos murieron asfixiados o calcinados en medio de los colchones en llamas dentro del contenedor de metal y concreto, al cual los peritos del Instituto Médico Legal sólo ingresarían a última hora de la tarde debido a la alta temperatura del material.

Un muro rodea al presidio frente al cual se reunieron las compañeras de los internos,las mismas que ya se habían movilizado en ese lugar hace dos meses para exigir la separación de las bandas a fin de impedir el enfrentamiento que finalmente ocurrió.

"Yo solo quiero la lista para saber si mi marido está vivo", gritaba la señora Rosángela da Costa ante los reporteros o cuando se acercaba algún vehículo oficial al portón de la cárcel.

El paso de ambulancias y camionetas del Instituto Médico Forense era permanente, y más tarde las autoridades anunciaron el envio de camiones refrigerados para trasladar los cadáveres hacia Belém, la capital estadual.

Cerca del mediodía, circuló un video de mala definición, donde unos hombres festejaban la carnicería pateando lo que al parecer eran las cabezas de sus enemigos.

Desde Brasilia el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, eludió hablar con los medios a los que distribuyó un comunicado burocrático sin anunciar un viaje al lugar de los hechos.

En la nota oficial se informó sobre la puesta en en alerta a la Fuerza Nacional de Seguridad y el traslado de los cabecillas de la revuelta a otros reclusorios.

El comunicado no hizo mención a la superpoblación del presidio que según el Consejo Nacional de Justicia albergaba a más de trescientos cuarenta internos cuando sólo puede alojar a ciento cuarenta y tres.

El exjuez de la causa Lava Jato y actual ministro de Jair Bolsonaro es autor de un proyecto de reforma del sistema de seguridad pública cuyas fundamentos conducen al incremento de la población carcelaria de un país con más de setecientos mil internos, la tercera más numerosa del mundo. El setenta por ciento de esas cárceles está superpoblada y un número importante presentan cuadros de hacinamiento, indicó el estudio del Consejo de Justicia.

Por la noche Amnistía Internacional señaló que la matanza es reflejo de cárceles "superpobladas" y un sistema de seguridad "agotado" .

La propuesta legislativa de Moro, inspirada en este concepto perimido citado por Amnistía, cuenta con el apoyo de la Bancada de la Bala, formada principalmente por policías además de miembros de otras fuerzas de seguridad como los agentes penitenciarios y el apenas disimulado respaldo de las "milicias" paramilitares.

El Comando Clase A, supuesto responsable de la mascre, es una organización que contaría con la presencia, o al menos la connivencia del paramilitarismo de Pará.

Una organización surgida al calor de la guerra por el control de los reclusorios, el tráfico de armas y drogas que le plantan cara a las mafias de proyección nacional como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, este último aparecido en San Pablo en los años 90.

El caso del Comando Clase A guarda semejanzas con la Familia del Norte, la banda formada en Manaus, desde donde mide fuerzas con el Primer Comando paulista y el Comando Vermelho Carioca.

La Familia estuvo envuelta en las rebeliones de Manaus en mayo y las de principios de 2017, también en esa capital, que inició una cadena de disturbios carcelarios amazónicos causantes de un centenar de muertos.