Desde Brasilia

Luiz Inácio Lula da Silva fustigó al "tirano" Jair Bolsonaro por sus declaraciones sobre un preso político desaparecido en 1974 cuando era parte de la resistencia a la dictadura . A pesar de la documentación y testimonios existentes el mandatario de extrema derecha negó que Fernando Santa Cruz Oliveira haya sido detenido y asesinado por el régimen, lo que dio lugar a una repulsa poco menos que unánime. Hasta derechistas que apoyan su gobierno tomaron distancia del presidente ante una de las afirmaciones más divorciadas de la realidad que haya pronunciado desde su toma de posesión el primero de enero pasado.

Según la versión del excapitán que ocupa el Palacio del Planalto Fernando Santa Cruz Oliveira fue ejecutado por sus propios compañeros de la organización Acción Popular y no por el gobierno de facto.

Desde la cárcel Lula se indignó ante la "ofensa brutal" y las "palabras de odio (pronunciadas) por alguien que por el cargo que ocupa debería referirse con respeto sobre quienes sacrificaron sus vidas por la libertad de este país".

El líder arrestado desde abril del año pasado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba - que fuera preso político por primera vez bajo la dictadura - escribió: "siempre vamos a recordar a nuestros verdaderos héroes y es eso lo que los tiranos no pueden soportar".

El destinatario de la misiva fue Felipe Santa Cruz, hijo del desaparecido, y actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB).

Tomado por un brote de verborragia Bolsonaro dijo saber por "vivencia propia" lo que realmente ocurrió en febrero de 1974 - cuando era cadete militar - y propuso contarle la "verdad" al ahora abogado Felipe Santa Cruz, que perdió a su padre a los dos años de edad.

Esas afirmaciones pueden ser una confesión de quien tiene "conocimiento de lo que pasaba en los sótanos de la dictadura" planteó la máxima autoridad de la OAB, quien llevó el caso al Supremo Tribunal Federal.

"Bolsonaro tiene una obsesión pueril por la historia de mi padre y está falseando los datos" dijo Felipe y acusó a sitios de fake news oficialistas de una "cruzada de desinformación a través de milicias digitales".

Como la desaparición es un delito continuado, si alguien tiene conocimiento del paradero de una víctima está obligado hacerlo saber ante la justicia porque de lo contrario "puede ser considerado partícipe del delito", consignó este martes la Procuraduría de Derechos del Ciudadano desdiente del Ministerio Público federal.

Si el caso llegara al Supremo se reabrirá un debate clausurado durante décadas por el silencio de las fuerzas armadas al que contribuyó la Ley de Amnistía de 1979 que nunca fue derogada.

En ese caso Bolsonaro estará obligado de expresar ante los magistrados lo que dice saber, además de respaldarlo en pruebas y documentos.

Del lado de Felipe Santa Cruz estarán los testimonios de los sobrevivientes y un documento secreto de la Aeronáutica de 1978 sobre el secuestro de su padre quien, por otra parte, es una de las víctimas incluidas en el informe final de la Comisión de la Verdad creada bajo el gobierno de Dilma Rousseff.

"Esa comisión es una ´balela´ (porquería)", afirmó este martes Bolsonaro.

El caso es que esta gaffe ( o no) del gobernante podrá dar lugar a una revisión sobre una historia que parecía clausurada al igual que la del Plan Cóndor. Días atrás Bolsonaro refirió a esa coordinadora represiva regional, y fue el primer mandatario que reconoció su existencia, según afirmó el investigador Luiz Claudio Cunha, quien más conoce del tema en Brasil.

También podrán retomarse los datos aportados años atrás por el represor arrepentido Claudio Guerra, sobre la incineración del cuerpo de Santa Cruz Oliveira y otros militantes en el interior de Río de Janeiro.

La repercusión de los dichos presidenciales llegó a la prensa mundial y a organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional.

"Brasil debe adoptar todas las medidas pertinentes para que casos como este sean llevados a la Justicia (..) el derecho a la memoria, justicia, verdad y reparación de las víctimas y a sus familias debe ser promovido por el Estado brasileño", sostuvo Jurema Werneck, responsable de la entidad en Brasil.

En paralelo comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que Bolsonaro pueda ser objeto de un impeachment. Por lo pronto el diputado Paulo Pimenta, del PT, convocó a una reunión de fuerzas opositoras para analizar el tema.

El ex juez Gilson Dipp, que integró la Comisión de la Verdad, afirmó este martes que ya "están dadas las condiciones jurídicas para el impeachment" pero falta un respaldo "político en el Congreso para que sea aprobado".