El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, candidato a diputado nacional y condenado por interrumpir el aborto que cursaba una joven que había quedado embarazada tras una violación, pidió a la Justicia de Río Negro el aplazo de la audiencia en la que se le iba a imponer la pena, que podría incluir su inhabilitación.
Fuentes judiciales detallaron que la postergación de la audiencia, para la cual no se estableció aun una nueva fecha, fue a pedido del ginecólogo hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al solicitar el aplazamiento, Rodríguez Lastra explicó que estaría en Buenos Aires, y no en Cipolletti, donde se sustanció el proceso y donde ocurrió el episodio que derivó en su juicio y posterior condena.
El condenado Rodríguez Lastra, porteño de nacimiento aunque hace algunos años se radicó en Río Negro para trabajar en el hospital de Cipolletti, es candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires, en cuya lista ocupa el tercer lugar.
Es la segunda vez que la audiencia en la que se conocería la pena que le cabe al ginecólogo se suspende. A principios de julio, la postergación se debió al fallecimiento de la madre del magistrado.
En el veredicto dictado a fines de mayo, el juez Álvaro Maynet consideró que el médico llevó adelante “una maniobra dilatoria”, exigió requisitos que el acceso a la interrupción legal del embarazo no requiere y mintió, primero a la paciente y luego a la justicia, para forzar la continuidad de la gestación.
Rodríguez Lastra, que “a la fecha de los hechos no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia” de la provincia, “en todo momento mantuvo (…) una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley, negación que oculta con excusas de diversa índole y la cual, además, no informó, como era su obligación, respetando el derecho de la paciente”, aseveró el magistrado Meynet.
El veredicto consideró acreditadas las maniobras dilatorias y mentiras del ginecólogo Rodríguez Lastra, cuya imputación movilizó al aparato de activistas antiderechos de distintos puntos del país hasta Río Negro. Por esa evidencia, indicó el juez, “no puedo menos que concluir que el acusado nunca tuvo la menor intención siquiera de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba” la joven violada.
El ginecólogo, que además era jefe de servicio en el hospital al que había llegado R.P. con el aborto en curso, se sirvió de su poder como médico y como autoridad en el sistema de salud pública par avasallar los derechos de la paciente. “Hay un valimiento de su posición profesional médico frente a una joven mujer de escasos recursos comunicativos, como quedó evidenciado en la audiencia, a la que además no contaba con la contención adecuada desde que solo se acompañaba de su hermana”, advirtió el veredicto.
