Ante una noticia sobre un acuerdo de la Cámara Federal de Casación y el Servicio Penitenciario Federal mediante el cual se transforman en presos privilegiados a los genocidas que serían trasladados a una "cárcel vip" en Campo de Mayo, conocida como U34, queremos recordar que en marzo del año pasado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario, presentó una solicitud ante todos los jueces federales de Rosario que tienen detenidos por delitos de Lesa Humanidad para que se desestime dicha propuesta, entendiendo que el Servicio Penitenciario no es parte en estos juicios para proponer tal solución.
La argumentación tanto de la Cámara de Casación, pese a la protesta de organismos de derechos humanos y fiscales, es que el lugar es el adecuado para atender a una población envejecida, que necesita estar cerca de un hospital. Por otro lado, atribuye esta decisión a la superpoblación carcelaria.
Ya en aquella oportunidad, las abogadas de APDH habían advertido que el Servicio Penitenciario Federal no es parte en estos juicios y que es decisión de los jueces tanto el lugar como la modalidad de las detenciones.
Nos opusimos rotundamente y volvemos a enfatizar que este acuerdo viola lo establecido en la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia en materia de crímenes de Lesa Humanidad, como ya explicó nuestra compañera Gabriela Durruty, parte del equipo jurídico de APDH que representa a querellas en las causas que se llevan adelante en nuestra ciudad.
Sostenemos que estas políticas claramente negacionistas del genocidio, que además nos quieren convencer de que los asesinos, torturadores, violadores, desaparecedores y apropiadores de nuestros familiares, amigos y compañeros son unos pobres viejitos indefensos. Esto revictimiza a sobrevivientes, familiares y lejos está de cumplir con los estándares de justicia y reparación histórica y real de quienes fueron y vuelven a serlo, víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país.
APDH Regional Rosario
