No es casual que el fallo que otorgó una adopción prenatal, por fuera del marco jurídico argentino, lo haya firmado una jueza de Corrientes. De esa provincia es la diputada nacional por Cambiemos, Estela Mercedes Regidor, la que comparó fetos con perritos en el debate por la legalización del aborto: ella presentó en setiembre de 2018 un proyecto de ley para incorporar al no nacido al Código Civil argentino, para promover así la adopción pre natal y convertir a mujeres gestantes en incubadoras. No es la única propuesta con ese objetivo: también senadores antiderechos impulsan una iniciativa similar.

Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador Ricardo Colombi, radical como Regidor, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”.

La provincia no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó un año atrás en Radio Sudamericana, una radio local.

En ese contexto, una adolescente de 18 años le dice a la jueza de Familia de Paso de los Libres que quiere abortar: “No quiero tener de nuevo otro bebe a la fuerza, producto de una violación”. Le cuenta que ¡desde los 13 años! su padrastro la abusa sexualmente y consecuencia de esas sesiones de tortura en su propio hogar, ya concibió una niña que tienen dos años. Y no quiere tener una criatura más así.

Es una adolescente que lleva cuatro años siendo violada por la pareja de su madre. ¿Nadie supo en su entorno, en la escuela, en el hospital cuando fue a parir dos años atrás el calvario que estaba viviendo? ¿Dónde estuvo el Estado para protegerla? Después del primer parto tenía que haber intervenido el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y hacer un seguimiento de su situación: garantizarle asistencia psicológica y lo que ella necesitara, asistentes sociales deberían haber ido a su domicilio para ver cómo estaba, algo que evidentemente no ocurrió porque si no se hubiera podido detectar tempranamente el segundo embarazo producto de los abusos a los que fue sometida sistemáticamente. Esa niña fue invisible.

La jueza de Paso de los Libres avaló su pedido de aborto, aunque no es requisito esa autorización. Pero en el Hospital San José, de Paso de los Libres, le dijeron a la adolescente que el embarazado ya estaba muy avanzado (¿según, qué criterio?) porque rondaba las 23 semanas (¿será cierto?) y que era riesgoso interrumpirlo. Mentira. Hay formas seguras de hacerlo, aun en ese momento de la gestación. El interés superior de esa adolescente fue vulnerado. La objeción de conciencia encubierta en centros de salud hace estragos: puede manipular, con falsa información, la decisión de una adolescente en estado de vulnerabilidad asfixiante, como la de esta piba, que se tuvo que escapar de su casa, como le contó a la jueza, y refugiarse en lo de una tía. ¿Dónde están las voces de la política para poner en el debate público el extendido problema de los abusos sexuales intrafamiliares hacia niñes y adolescentes y analizar en profundidad cómo actuar efectivamente para proteger a tantas chicas que son víctimas de este aberrante delito? ¿Es que no quieren buscar cómo poner fin a esa avalancha de maternidades forzadas que cuentan las estadísticas oficiales y que rondan cada año alrededor de 2500?

La adopción prenatal es ilegal. No está contemplada en nuestro ordenamiento legal. Convalidarla no tiene otro objetivo que construir el sentido de que la vida fetal, un no nacido, es una persona, un sujeto de derecho a ser adoptado. Abona a la cruzada antiderechos que pretende convertir en “criadas”, meras incubadoras, a pibas pobres que son abusadas ante el silencio cómplice y ensordecedor de una sociedad que prefiere mirar para otro lado. Duele.