La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue absuelta, mientras su marido, Iñaki Urdangarín, recibió una condena de 6 años y tres meses de prisión por el histórico caso Nóos, que puso por primera vez a la Corona española en el foco de una trama de corrupción. 

El fallo, publicado ayer por la Audiencia Provincial de Palma en medio de una gran expectativa por la trascendencia que tuvo el caso a nivel político, considera que la infanta Cristina es inocente de haber cooperado con dos delitos fiscales que cometió su marido. A pesar de ello, deberá pagar 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con ese dinero, aunque el monto ya quedó cubierto con la fianza que pagó al inicio de este juicio demoledor para la familia real española, que tuvo que ver a dos de sus miembros sentados en el banquillo de los acusados por corrupción. 

Urdangarín recibió una pena de 6 años y tres meses de prisión, siete años y medio de inhabilitación y una multa de 512.553 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales públicos; un delito de fraude a la Administración Pública; un delito de tráfico de influencias; y dos delitos contra la Hacienda Pública. 

El tribunal considera probado que Urdangarín y su ex socio Diego Torres saquearon millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, una fundación deportiva supuestamente sin fines de lucro que obtuvo adjudicaciones del gobierno balear, en manos del Partido Popular (PP), sin que mediase contrato alguno. El cuñado del rey, ex jugador de handball del FC Barcelona y de la selección española, se valió de sus amistades y su “posición institucional” para cometer este fraude. 

Torres, condenado a ocho años y seis meses de prisión, tiene una pena más alta, porque los magistrados consideran que él fue el cerebro de un entramado societario creado para ocultar dinero al fisco español. El ex presidente de las Baleares Jaume Matas, otro de los principales implicados, recibió una pena de 3 años y ocho meses de cárcel por prevaricación, falsedad de documento público, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. El caso Nóos juzgó el desvío de 6,2 millones de euros de fondos público al Instituto Nóos entre 2004 y 2006 de las administraciones de Baleares, Valencia y Madrid, pero los imputados por las dos últimas comunidades quedaron absueltos. Sólo recibieron condena 7 de los 18 implicados en el caso. 

Las penas, que van de 1 año y dos días a 8 de cárcel, se queda lejos de lo solicitado por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, quien pidió 19 años para Urdangarín y 16 años y medio para Torres. Por ahora, el fiscal confirmó que reclamará la prisión preventiva inmediata de Urdangarín y Torres debido a la “gravedad de las penas que implica un cierto riesgo de fuga”. 

La sentencia sostiene que la contratación de Nóos por parte del gobierno balear para la realización de eventos denominados “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”, se llevó a cabo “prescindiendo de la tramitación legal aplicable”, y respondió a la “decisión unilateral” del entonces presidente Matas. El también ex ministro de José María Aznar aceptó conceder el negocio “debido a la influencia ejercida por Urdangarín”. 

Por otro lado, el fallo señala que Torres y Urdangarín “tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros”.

La infanta sólo había sido acusada por el seudo sindicato Manos Limpias, que pedía para ella una condena a ocho años de prisión por cooperar con estos delitos fiscales cometidos por su esposo en 2007 y 2008 al ser copropietaria de la empresa Aizoon, a la que se desvió parte del dinero, mientras la Fiscalía mantuvo en todo momento su inocencia. La situación era similar a la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro. 

La sentencia sostiene que ambas “desconocían la existencia de los ilícitos penales (delito fiscal y malversación) y, consecuentemente “no participaron en su ejecución”. Cristina de Borbón cargó a la tarjeta de Aizoon “gastos familiares hasta la suma de 265.088 euros”, la cantidad que el tribunal le obliga a devolver.

Aunque el fallo no es definitivo y la sentencia no está firme, Manos Limpias, cuyo presidente está bajo investigación por extorsión, anticipó que no presentaría una apelación. Tras conocerse la esperada resolución judicial, el abogado de la infanta, Miquel Roca, sostuvo que la hermana del rey Felipe VI recibió su absolución “con satisfacción, pero con el disgusto de compartir una condena para su marido, que considera injusta, porque creyó, cree y seguirá creyendo en su inocencia”. El letrado apuntó que “todos somos iguales ante la ley”, y destacó que “si se creía en la independencia cuando se hacía sentar en el banquillo a la infanta se tienen que creer ahora la absolución”. Roca también remarcó el hecho de que el tribunal no sólo descartó la acusación de Manos Limpias sino que le impuso el pago de las costas procesales. 

La sentencia de este caso, que indignó a la sociedad y manchó la credibilidad de la Corona española, se conoce poco más de un año después de que se iniciara el juicio y a once años de que comenzara la investigación a raíz de una denuncia de un diputado socialista del Parlamento balear. 

Tras conocerse el fallo, la Casa Real expresó su “absoluto respeto por la independencia del Poder Judicial”, según fuentes de la institución citadas por la prensa española. “El gobierno no comenta sentencias judiciales, las respeta y acata, y mantiene, como siempre, que España es un Estado de derecho, y nadie está por encima de la ley”, dijo por su parte Íñigo Méndez de Vigo, vocero del gobierno de Mariano Rajoy. 

El Rey, que se encontraba de visita en el museo Thyssen, evitó hacer comentarios sobre la absolución de su hermana y la condena de su cuñado, el primero de la familia real en esa condición. El escándalo de corrupción Nóos estalló en plena crisis económica cuando España afrontaba altos niveles de desempleo y duras medidas de ajuste. 

La sospecha de que la Corona española estaba manchada de corrupción sacudió los cimientos de la institución, al punto que fue uno de los factores de presión que llevó a un desgastado rey Juan Carlos a abdicar en 2014 a favor de su hijo, Felipe VI, quien ahora deberá gestionar este golpe, que fue menos fuerte de lo que se esperaba.