Un multitudinario foro de salud se llevó a cabo el día 30 de julio en la facultad de Medicina de la UBA, con profesionales y trabajadores de la salud, usuarios, organizaciones sociales y sindicatos que de distintos puntos del país se dieron cita para trabajar en propuestas orientadas a garantizar el derecho a la salud de los argentinos.

En materia de salud mental y consumos problemáticos, la anunciada restitución del Ministerio de Salud por parte de Alberto Fernández es la condición de posibilidad de construir un sistema con enfoque de derechos que esté a la altura de la creciente demanda de nuestra sociedad.

Argentina es un país con una extensa tradición en la producción de conocimientos y formación de profesionales en el campo de la salud mental, que sin embargo no ha podido hasta ahora desarrollar servicios accesibles a toda la comunidad ni reemplazar los anacrónicos hospitales neuropsiquiátricos de lógica manicomial.

Tal vez por eso de que los argentinos somos buenos individualmente pero malos en equipo, lo cierto es que en el país de los psicoanalistas, la mayor parte de la población no accede a atención oportuna de su salud mental y aún peor, en el caso de patologías graves en personas con bajos recursos económicos, acceden a instituciones de encierro casi permanente.

Sin embargo, también hay que decir que de un tiempo a esta parte el campo de la salud mental ha construido, alrededor de la ley nacional 26657, un colectivo militante sumamente comprometido y activo, lo que ha permitido en el 2010 la sanción de la propia ley, en 2013 la de su reglamentación, y en el 2017 frenar un intento de esterilizar la ley modificando distorsivamente su decreto reglamentario, y conseguir nada más ni nada menos que la caída del mentor de esa intentona, el entonces director de salud mental Andy Blake.

Lo que no te mata te fortalece, cuestión que a 10 años de su sanción la ley de salud mental ha sobrevivido a 4 años de un gobierno mucho más cercano a los intereses corporativos que a garantizar los derechos de los más vulnerables, y eso no es poca cosa.

Esa organización militante y federal que ha sostenido este proceso, en los avances y en la resistencia, tal vez sea la organización popular más potente dentro del ámbito de la salud, y por lo tanto es de esperar que no sólo sea el sujeto político que permita avanzar en este campo específico sino que también tiene una responsabilidad en aportar al cambio que el sistema de salud en general necesita en nuestro país.

Ahora bien, como dice Alberto Fernández, tenemos que volver, pero para ser mejores. Y eso implica que tenemos que tener una capacidad de reconocer los avances durante los primeros 5 años de vigencia de la ley, pero también de efectuar una autocrítica sobre aquellos puntos en que no pudimos avanzar.

Hemos modificado en profundidad el marco normativo. De aquellos fallos de la CSJN en que se hablaba de una desprotección legal de las personas con padecimiento mental, a este presente donde rige la ley nacional 26657 y su reglamentación, el nuevo Código Civil y la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por citar solo algunas normas fundamentales, la distancia es enorme y el avance contundente.

También hemos avanzado en la creación de una nueva institucionalidad moderna y participativa: el órgano de revisión (tanto a nivel nacional como en muchas provincias) y el Consejo Consultivo Honorario, ambas con distintas funciones pero con participación democrática de distintos sectores sociales, se han fortalecido producto de su legitimidad y su trabajo.

También debemos destacar la creación del cuerpo de abogados del artículo 22 que funciona en el ámbito de la Defensoría, y que debiera replicarse en todo el país.

Se ha notado una reducción en los niveles de internación, producto del mayor empoderamiento de los equipos interdisciplinarios de salud y la menor judicialización del proceso de atención y de a poco irán decreciendo también las personas cuyos derechos se encuentran limitados por declaraciones judiciales de incapacidad, que el nuevo código civil sólo prevé para casos muy excepcionales.

Sin embargo persisten muchos puntos en los que no se ha podido avanzar, y que debemos tener la inteligencia para poder buscar el mejor camino.

El constante aumento en la patologización de los problemas en las infancias con su consecuente medicalización es un grave problema que enfrentamos y que nos obliga a pensar en estrategias efectivas para su control y disminución. Durante la gestión anterior, logramos construir desde la Comisión Interministerial (CoNISMA) que funcionaba en Jefatura de Gabinete, unas Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos y medicamentos en el ámbito escolar, que es un valioso instrumento cuya difusión habría que retomar, pero es insuficiente. La articulación con una política de uso racional de medicamentos y la creación y fortalecimiento de equipos interdisciplinarios dedicados a esta franja etárea (hoy muy escasos) son estrategias fundamentales.

Esa misma comisión pudo, de manera intersectorial y con participación de las universidades, construir estándares para la adecuación a la ley de carreras como psicología, medicina, trabajo social, derecho y enfermería, entendiendo que existe una carencia en la formación de base que nos permita generar nuevos profesionales con mayores capacidades para construir un sistema como el que pretendemos, pero esos estándares han tenido muy poca aplicación hasta ahora.

También nos ha costado construir nuevos dispositivos que puedan sustituir al manicomio, tal como manda el artículo 27 de la ley. Si bien existen potentes experiencias en todo el país que habría que relevar y fortalecer, existen fuertes resistencias, algunas provenientes de determinados intereses y otras simplemente del miedo a lo desconocido. Cierto es, como se dijo en el foro, que en un contexto de ajuste como el que vivió nuestro país en los últimos 4 años cualquier cambio de estas características es tomado con mucha precaución puesto que puede ser utilizado para fines que nada tienen que ver con la salud. También es posible que la enorme dificultad que existe, tanto a nivel nacional como en niveles provinciales y municipales, de articular los distintos organismos que permitan una adecuada política de inclusión social, nos dificulte esa anhelada sustitución del manicomio. Una vez más, la burocracia estatal aparece como un obstáculo difícil de superar para construir políticas públicas integrales.

Entonces, volver para ser mejores, en clave de salud mental, implica poder pensar creativamente nuevos formatos de articulación entre organismos estatales; generar nuevos espacios de diálogo con aquellos sectores que sin ser opositores corporativos a la ley han renegado de ella por distintos motivos y así ampliar su base política de sustentación; dejar de mirar con desconfianza a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en tareas de prevención o asistencia (en particular de consumos problemáticos), separando la paja del trigo, aprovechando su experiencia y generando una fiscalización efectiva que vaya de la mano también con una forma de financiamiento que las haga viables y así complementarias de la oferta estatal y privada, la cual a su vez también debe estar sujeta a un control estatal hoy inexistente, para adecuarse a las pautas de la ley 26657.

El foro del frente de todxs nos ha permitido debatir y recoger estas y muchas otras ideas para llevar adelante.

Es mucha la tarea por hacer y mucha la deuda con importantes sectores de la población afectada en su salud mental por factores sociales y económicos que se han deteriorado en los últimos años.

Una tarea que sin lugar a dudas es colectiva y para la cual nuestro país tiene muchas herramientas necesarias para encararla con éxito.

Leonardo Gorbacz es diputado nacional (MC), autor de la ley nacional de salud mental y actual Jefe de Gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur