El 2 de agosto de 2018, hace exactamente un año, una explosión en la escuela 49 de Moreno se cobraba la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez y nacía lo que muchos en el distrito llamaron “el Morenazo”. Desde ese día, docentes, directivos, estudiantes, familias, organizaciones y sindicatos se organizaron para exigirles a las autoridades provinciales lo que desde hace años les venían negando: la transformación de escuelas-bombas en espacios dignos y seguros. Hoy, a un año de la explosión, “hay 40 escuelas que todavía siguen sin calefacción por problemas de gas, calderas o aires acondicionados. En el resto, la situación es variada: hay obras que están bien hechas pero hay otras que se hicieron con muy mala calidad y ya están sufriendo las consecuencias”, aseguró Mariana Cattaneo, secretaria de Suteba Moreno. Este viernes, luego de una misa en el patio de la 49 para recordar a Sandra y a Rubén, la comunidad educativa del distrito volverá a reunirse en las calles marchando desde Las Catonas hasta el Consejo Escolar.

“¿Por qué tuvieron que morir Sandra y Rubén para que el Gobierno reaccione?” Esa es la pregunta que circula entre la comunidad educativa, a un año de la tragedia. La explosión, según las investigaciones, estuvo provocada por una pérdida de gas que ya había sido denunciada. El día anterior, el Consejo Escolar había enviado a un gasista a revisar las instalaciones. Al parecer, olvidó cerrar la llave de gas. Lo que pasó cuando Sandra y Rubén intentaron abrir la puerta de esa sala cerrada en la que habían sentido olor a gas, al día siguiente, se convirtió para la comunidad de Moreno en un “antes y un después”.

La situación de la 49, explicó Mariana Cattaneo a Página/12, no era un hecho aislado. “Teníamos problemas de infraestructura en todas las escuelas del distrito. Se lo habíamos planteado a Siciliano, cuando vino a inaugurar la escuela 78, y a Sánchez Zinny, cuando estaba entregando material didáctico otra escuela”. En ese momento, “nadie creía que una escuela podía explotar. Nosotros reclamábamos porque las obras estaban paralizadas desde 2015 y porque no había inspecciones de infraestructura”.

El sindicato también se había comunicado con el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasiff, en dos oportunidades. “Le llevamos una carpeta con el listado de escuelas con problemas. Le pedimos que alguien viniera a revisarlas y él nos decía que iba a trasladar el reclamo. Pero él era interventor, debía gestionar el reclamo, no trasladarlo”, consideró Cattaneo. “El Consejo estaba intervenido por órdenes del gobierno provincial. Provincia sabía, entonces, lo que pasaba en el distrito. Eso es lo que más bronca nos dio”, agregó.

Una semana después de la explosión, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal envió a los inspectores que el sindicato venía reclamando, el calamitoso estado en que se encontraban las escuelas se volvió imposible de disimular: “Más del 85% tenía fugas de gas”, recordó Cattaneo.

Mientras la provincia confirmaba las pérdidas de gas que sufrían los establecimientos del distrito, ofreciendo como respuesta el corte del servicio, la comunidad de Moreno se organizaba en cada escuela para evitar otra Sandra, otro Rubén. Luego de la decisión de los directores de suspender las clases pese a la presión de los inspectores, los docentes y familias se plantaron en las veredas para asegurar la “continuidad pedagógica” y para suplir, con ollas populares, la falta de comedor y de viandas calientes que no garantizaba el estado.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales, políticas y sindicales instalaron una carpa frente al Consejo Escolar. Pedían la conformación de un Comité de Crisis que tuviera como objetivo planificar, gestionar y fiscalizar obras de refacción en todas las escuelas del distrito. En septiembre, luego de más de 45 días de acampe, se creó el Comité --formado por docentes, directivos, familias, organizaciones y autoridades provinciales y municipales-- donde se acordó que las escuelas serían refaccionadas de acuerdo a las 12 condiciones de habitabilidad detalladas en el acuerdo paritario de Ctera (2011).

Las obras, a paso lento y con muchas irregularidades, comenzaron sobre finales de 2018. “Cuando arrancó el año, había 40 escuelas sin clases porque seguían en obra. Hoy, todavía, hay 40 escuelas que siguen sin calefacción por problemas de gas, calderas o aires acondicionados. En el resto (232), la situación es variada: hay obras que están bien hechas pero hay otras que se hicieron con muy mala calidad y ya están sufriendo las consecuencias, como la filtración de agua en los techos. Son muy pocas las escuelas que llegan a completar los 12 puntos”, detalló Cattaneo.

La respuesta ofrecida por el gobierno demuestra, para Cattaneo, que “plata había”. Lo que no había “era decisión política”. Esa respuesta, además de tardía, sigue siendo “insuficiente: todavía hay muchas obras sin terminar y muchos problemas por solucionar. Pero nos vamos a seguir organizando para lograr las escuelas que necesitamos”, adelantó la sindicalista.

Quedó claro, para la comunidad de Moreno, que las muertes de Sandra y Rubén fueron producto de la desidia estatal. “Cuando resolvés no invertir en un distrito, sos responsable. Cuando resolvés desoír los reclamos y no enviar inspectores de infraestructura, también sos responsable”, aseguró Cattaneo. Sin embargo, advirtió la sindicalista, “se cortó la cadena de responsabilidades a nivel local. La fiscal imputó al gasista (Cristian Ricobene), al ex interventor (Sebastián Nasif) y a tres funcionarios del Consejo Escolar (Mónica Berzoni, Pablo Daniel Perazzo y Jorge Galian)”.

“El interventor no llegó de un plato volador. Nasif fue designado por el gobierno de la provincia. Gabriel Sánchez Zinny, Marcelo Di Mario y María Eugenia Vidal también son responsables”, concluyó.