La ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional cuenta cómo fueron las maniobras para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma. Tras la imputación por parte de la Justicia al presidente Mauricio Macri, al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Julieta Lucila Ripoli habló con PáginaI12 y detalló cómo se vivió por dentro uno de los negociados multimillonarios que podría convertirse en la causa de corrupción más emblemática del Gobierno de Cambiemos.

499 millones de dólares reconocidos por el Estado. Casi 20 millones por la venta de las acciones. Renegociación de un contrato con múltiples privilegios sin llamado a licitación ni autorización del Congreso. El negocio, que fue redondo para las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, sólo pudo ser posible gracias al copamiento de todas las dependencias de Vialidad Nacional –un ente autárquico– por parte del Poder Ejecutivo. No sólo fueron desplazados todos los funcionarios de carrera del organismo sino que, más grave aún, los cargos fueron copados en su mayoría por empresarios o ex abogados de Ausol, la firma del presidente Macri. “Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, dijo Ripoli casi sin respirar. 34 años, abogada especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado, Julieta habla muy rápido y en el tono más bajo que la voz le permite, por miedo a que alguien en el bar la pueda escuchar. No es para menos. En las casi dos horas de entrevista que le quedaban por delante daría un pormenorizado detalle de cómo todo estuvo calculado, armado y pensado en pos de los intereses de las empresas concesionarias y en detrimento del Estado, es decir, del bolsillo de todos los argentinos.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad” –como ella lo describió– con persecución ideológica y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio. Entre ellas, la propia Ripoli. Abogada recibida en la UBA, trabajó 15 años en Vialidad. Entró como pasante en 2004, cuando tenía sólo 19 años. Pasó por varios cargos hasta llegar a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos de obra pública. Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste) sugestivamente Ripoli fue despedida. “Se dieron cuenta que yo no iba a aceptar lo que estaban proponiendo”, afirmó.   

La denuncia

Según una denuncia presentada por los Diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau e impulsada recientemente por el fiscal Carlos Stornelli, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó luego en el arreglo de 499 millones de dólares, sin un dictamen, informe o auditoría alguna sobre la operación de la compañía por parte de las autoridades. Socma era accionista mayoritario de Ausol y se fue desprendiendo de las acciones hasta mayo de 2017, cuando vendió la totalidad de su participación, que para ese entonces era del 7%. Si bien parece un nivel de injerencia menor respecto del total del paquete accionario, teniendo en cuenta los montos que se manejan en la obra pública implicó una ganancia millonaria.

“La estafa tuvo tres patas fundamentales”, explicó Ripoli. “En 2015, después del resultado de las PASO, Ausol, hace un reclamo administrativo pidiendo la renegociación integral del contrato, que vencía recién en 2020. Ahí comenzaron a preparar el terreno. Lo tenían todo premeditado. Después Macri gana el balotaje y ahí ya tenían todo armado. El 7 de diciembre de 2015 –tres días antes de la asunción presidencial– Abertis, socia principal y controlante extranjera de Ausol, presenta un reclamo millonario ante el Ciadi. El 17 de diciembre el organismo recepta la denuncia formalmente. Ni bien asume Dietrich sale a decir que se renegociaban los contratos porque se estaba tramitando una demanda ante el Ciadi que nos iba a salir una fortuna a los argentinos. Según ellos era un negoción bárbaro para la Argentina, porque la demanda internacional era por 1100 millones de dólares y ellos iban a renegociar por 500 millones. Todo eso fue la primera puesta en escena de lo que fue la simulación, el fraude y la estafa”. “La segunda estafa está en cuando Macri vende sus acciones”, siguió la abogada.

 “Como ya se descontaba la renegociación integral con la prórroga del plazo de concesión, el precio de las acciones se disparó. Si la concesión se está por vencer las acciones van a valer dos mangos con cincuenta”, pero como ya se sabía que iban a renegociar y además aumentaron antes las tarifas de los peajes, las acciones subieron notablemente”. Las acciones de Ausol valían cuatro pesos en enero de 2015. Cuando asumió Macri, la acción trepó a 14,50. Luego aumentó la tarifa de peajes entre un 200 y 270 por ciento y la acción llegó a 75,50. En ese momento, Socma vendió el siete por ciento que tenía de participación a un valor de 19,7 millones de dólares.

–¿Y la tercera pata de la estafa? –preguntó Página/12.

–Fue la frutilla de la torta: la tercera estafa estuvo en la renegociación integral del contrato y en los términos en los que se hizo. Conclusión: En la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa. 

–¿Y en calidad de qué el Estado le reconoce esos 500 millones de dólares a Ausol? 

–Se lo reconocieron como monto no amortizado desde la salida de la convertibilidad. Lo que nos quieren hacer creer es que en 24 años -con los aumentos de las renegociaciones parciales de todos los años, los incumplimientos de la empresa, la fuga de capitales, la estafa denunciada por los propios accionistas minoritarios- es que Ausol no logró recuperar los 500 millones de inversión que figuraban en el contrato anterior. Y las empresas lograron prorrogar por una década el contrato sin tener que ir a una nueva licitación, con ventajas económicas mucho mayores a las del contrato anterior. Les dolarizaron las tarifas; les garantizaron el flujo de tránsito pasante; les dieron al menos dos aumentos por año ajustados por inflación y quitaron la obligación de levantar las barreras si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera de los usuarios. 

–¿Cómo fueron las reuniones para renegociar los contratos?

–Viví situaciones que fueron tremendas. Me iba de esas reuniones descompuesta y con ganas de vomitar. Veía todo lo que estaba pasando y no lo podía creer. 

Tal vez, el de los peajes sea el ejemplo más claro, concreto y visible del copamiento del Estado en manos de las empresas en la era Macri, con el agravante de que el propio Presidente de la Nación es dueño del grupo empresario que se benefició.

Ripoli participó de unas cinco reuniones en total. En condiciones normales su tarea habría sido la de redactar los términos de los contratos velando por los intereses del Estado. Sin embargo, en este caso sólo podía redactar en la computadora lo que los abogados de las empresas le dictaban o le llevaban ya escrito en un pendrive. El bosquejo de lo pactado lo aprobó Dietrich y después se prorrogaron las concesiones por los decretos de Macri en el caso del Acceso Oeste y de Gabriela Michetti en el de Ausol, por lo que “también debería estar imputada”, dijo la ex funcionaria. 

–¿Y quiénes participaron de esos encuentros?

–Estaba Ricardo Stodart, nombrado como nuevo titular de Jurídicos de Vialidad, quien había trabajado en el estudio que representaba a las empresas. Era increíble ¡Estaba renegociando el contrato en nombre del Estado con sus ex colegas! En representación de los concesionarios participaba Enrique Veramendi, abogado del estudio Marval, que representa a Ausol y Jorge Moratorio, del estudio Farrel, por GCO. Los dos estudios son socios. Ellos y yo. Imaginate el peso para mí. Era una renegociación contractual que interesaba directamente al poder político de turno.

–¿Qué es lo que le resultó más llamativo de esas reuniones? 

–Una vez Stodart (ex Ausol, hoy Vialidad) le dijo a los empresarios: “Yo se que a ustedes lo que les interesa es esta torta, esta torta y esta torta”. Como diciendo “estamos acá para ver cómo nos dividimos económicamente el contrato”. Ése era el abogado que supuestamente defendía los intereses del Estado. Yo no lo podía creer. Una vez, estaban por cerrar una reunión y Veramendi dijo –mientras agarraba sus cosas y se paraba como para irse–: “Ah! Yo lo que me olvidé de agregar, que lo podemos agregar ahora, es el tema de las barreras”.  Así fue que se sacó el tiempo límite que regía de espera para los usuarios. Después, en esa misma reunión, Veramendi agregó: “Ah y lo que podríamos sacar también es lo del subsidio a los discapacitados”. Ya eso me pareció mucho. No lo podía creer. No lo pensé pero en ese momento me paré y dije “¡No, eso no!”. Se quedaron todos mirándome. Respiré hondo y busqué argumentos en ese momento… les expliqué que eran derechos humanos con cobertura de tratados internacionales y con jerarquía constitucional. Que no se podían eliminar. Finalmente por suerte creo que no lo sacaron. Al menos eso me da satisfacción. 

Terror en Vialidad y un desayuno con Iguacel

Las maniobras para direccionar las concesiones de los peajes incluyeron la instauración de “un estado de terror dentro de Vialidad”, como lo describió Julieta Ripoli. Hubo “persecución ideológica, sindical y laboral” y despidos para quienes podían llegar a oponerse al gran negocio o tuvieran algo que ver con el kirchnerismo. “Sentí que nos avasallaban. Instalaron un estado de policía permanente”, dijo Julieta, mientras le daba vueltas a la cucharita una y otra vez, en el café en jarrito que había pedido. Y casi como si se hubiera acordado mientras miraba su taza, disparó: “Incluso instauraron una cosa marquetinera que llamaron “Un desayuno con Iguacel”. 

–¿Cómo? ¿Y en qué consistía?

–Para sacar información y ver a quién echaban, a quién perseguían y a quién no, hacían como una especie de desayunos. Entonces, todos los días vos te podías anotar para ir a desayunar con Iguacel. La gente, como estaba asustada, iba. Ahí te preguntaban sobre tus compañeros. Quién era quién, qué ideología tenían. Así es como fueron despidiendo gente. Y a los gerentes directamente los apretaban: “o me decís algún nombre o vos vas en cana”. Así es como inventaron sumarios administrativos y hasta fabricaron causas judiciales para extorsionar. En mi caso me cesantearon sin sumario y después intentaron fabricarme dos, en base a declaraciones de mis propios compañeros, que los obligaron a decir tal o cual cosa. Los que “colaboraron” fueron retribuidos con ascensos, premios o beneficios. 

Vialidad Nacional es un organismo autárquico, de carácter técnico y que no forma parte de la estructura central del Poder Ejecutivo. Tiene ochenta y nueve años de historia y con agentes de carrera. Los cargos políticos autorizados por ley son sólo dos: el Administrador General y el Subadministrador. Todos los demás cargos son de carrera. O eran.

–Imagino que Vialidad siempre fue un botín preciado para todos los gobiernos ¿Cómo fue la situación en las gestiones anteriores?

–Nunca pasó algo así. Según cuentan los trabajadores con más antigüedad, en el único momento que sintieron ese nivel de copamiento en el organismo fue durante la dictadura militar. Todos los gobiernos suelen intentar centralizar los organismos descentralizados, meter mano, meter gente. Pero esto nunca se vio. Entraron quince funcionarios juntos el mismo 10 de diciembre y coparon todas las áreas y hasta inventaron cargos nuevos para meter gente. 

De los dos lados del mostrador 

Unos quince ex empleados o abogados de Ausol y GCO pasaron a formar parte del directorio de Vialidad a partir del 10 de diciembre de 2016. Los casos más resonantes y que figuran en la denuncia son: Roger Emmanuel Botto, fue director de Ausol y gerente del Grupo Abertis S.A. (la controlante española de Ausol y GCO), fue designado en Vialidad como “Gerente Ejecutivo de Licitaciones y Compras”. Alejandro Caviglia, ex empleado de Socma, recayó en Vialidad como gerente ejecutivo de Recursos Humanos, según la denuncia que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral, trabajó con anterioridad en Belenky y Piazza, una consultora proveedora de servicios de Ausol. Ricardo José Stoddart, fue socio de Marval Ofarrel Mayral, estudio que representó a Ausol y GCO y desginado como “Gerente Ejecutivo de Jurídicos”.

Peajes: un negocio redondo 

Los acuerdos de renegociación de las concesiones en la Argentina pueden ser parciales o integrales. En el caso de los peajes, tras la crisis cambiaria de 2001 el Estado se hizo cargo del riesgo asumido por las empresas y aceptó renegociar integralmente los contratos en el año 2003, aunque aún no habían vencido los plazos. Lo que las firmas sostenían era que se había roto la ecuación financiera producto de la crisis, luego de la salida de la convertibilidad. Las concesiones se habían iniciado en 1994 y tras la debacle los holdings consiguieron cambiar las condiciones. Así fue que, en el marco de la ley de Emergencia Económica y con una delegación que le había hecho el Congreso, empresas y Estado iban a rediseñar los acuerdos de manera integral en el término de seis meses. Ese plazo nunca se cumplió y los contratos se fueron modificando año a año en forma parcial. Hasta que, con el cambio de gobierno y ante los inminentes vencimientos de los contratos (Ausol en 2020 y GCO en 2018) las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogaron las concesiones hasta el año 2030, por diez y doce años, respectivamente. El punto central es que esa prórroga fue ilegal, ya que no sólo fue sin intervención del Congreso y por decreto, sino que debería haberse llamado a una nueva licitación. 

Los accesos a la ciudad de Buenos Aires que actualmente están en manos de consorcios de empresas son tres: Acceso Norte, Acceso Oeste y Autopista Riccheri. Las dos primeras están vinculadas por la firma española Abertis S.A., que es la controlante y principal accionista de ambas. A su vez Abertis está controlada en la actualidad por el Grupo Benetton. El Acceso Ricchieri, en tanto, estaba en manos de la empresa Aecsa, de la cual uno de los dueños era Cristóbal López. Una de las primeras medidas de la gestión macrista fue la intervención de la firma del Grupo Indalo, también dueño del canal C5N. López denunció aprietes y extorsiones para desprenderse de sus empresas a precio vil. El macrismo terminó por rescindirle la concesión. Le aplicaron multas y la ahogaron económicamente. En paralelo, dispusieron el levantamiento de la intervención de Ausol que había sido dispuesta por la gestión anterior, por inclumplimientos contractuales y por sospecha de fraude y fuga de capitales a España. La maniobra del Gobierno de Macri fue clara y sin rodeos: mientras se le sacó la concesión a un empresario dueño –entre otras cosas– de un medio de comunicación opositor, se levantó la intervención y se benefició directamente a la firma del Presidente.

En el inicio de la feria judicial, el fiscal Stornelli sorprendió con la apertura de la investigación y ordenó una batería de pruebas para determinar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri; del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en las maniobras que beneficiaron a Ausol y a GCO. Entre las medidas propuestas por los denunciantes está el llamado a declaración testimonial de Julieta Ripoli, quien está dispuesta a contar todo lo que sabe en sede judicial. Tras el receso invernal, la incógnita es si habrá nuevos movimientos en un expediente de alta sensibilidad para los intereses del Gobierno, en pleno proceso electoral.