La justicia de Chubut abrió formalmente la investigación por la denuncia de violaciones en grupo ocurridas en una fiesta de 2012 contra una joven que, entonces, tenía 16 años. Al término de la audiencia, que se realizó en Rawson y no fue pública por tratarse de la investigación de delitos contra la integridad sexual, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió iniciar la investigación --que durará al menos seis meses-- e imputó a cinco jóvenes. Al menos por ahora, los imputados permanecerán en libertad.
Sólo cuatro de los cinco investigados estuvieron presentes en la fiscalía, ya que el quinto, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), "justificó su ausencia en la audiencia de un modo 'razonable', según lo entendió el juez Di Biase".
Los imputados, hoy todos mayores de edad, son definidos como “hijos del poder” por la joven que fue víctima de las agresiones y el colectivo feminista que la acompañó en su denuncia pública. Hijos de familias poderosas social y económicamente en Chubut, dos de ellos eran menores de edad al momento de las violaciones.
En la audiencia estuvo presente el padre de la víctima, la joven M., que tenía 16 años cuando ocurrió el episodio. Además, participaron los fiscales Florencia Gómez y Fernando Rivarola, y los abogados defensores de tres de los imputados presentes Fabián Gabalachis. Federico Ruffa y Carlos Del Mármol. El cuarto imputado presente "ejerció su autodefensa".
Cómo será la investigación
Una fuente cercana a la investigación explicó a este diario que a partir de ahora “empieza a correr el plazo de la investigación sobre todos los imputados por abuso sexual gravemente ultrajante y con el agravante de haber sido cometido por más de dos personas”. Esa imputación, añadió, es “importante porque, al reconocer la modalidad de manada, demuestra que es una imputación con perspectiva de género”.
Por decisión del juez Nieto Di biase, los imputados no se podrán ausentar más de una semana del domicilio legal registrado sin tener autorización judicial. Tampoco "podrán salir del país sin permiso del Juez y previo dictamen del Ministerio Público Fiscal".
Un delito que se denunció en redes
En el caso de La Manada de Chubut, la investigación preliminar fue llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de oficio, sin que mediara una denuncia formal de la víctima. “La reforma del Código Penal estableció que, cuando hay víctimas menores de edad, los fiscales sí pueden investigar de oficio y luego la víctima debe ratificar su intención de que continuara la investigación. Eso es lo que pasó en este caso”, explicó la fuente.
Por su parte, la fiscalía de Rawson advirtió en un comunicado que no brindará "detalles identidades de las personas involucradas" porque la causa investiga delitos contra la integridad sexual que, además, involucraron a menores de edad. Por el mismo motivo, el fiscal Fernando Rivarola no hablará con medios de comunicación, añadió el texto.
La audiencia de imputación consideró la investigación por un episodio dado a conocer en redes sociales en enero de este año, pero que ocurrió en la fiesta de la primavera de 2012 en la casa de descanso que la familia de uno de los acusados tiene en Playa Unión.
Los "hijos del poder"
Distintas fuentes que conocen la denuncia definieron a los imputados como “hijos del poder”. Tomás S., quien de acuerdo con la acusación velaba en la puerta para que no pasara ninguna otra persona en la habitación, viene de familia de empresarios originaria de Trelew; vive en Miami, donde tiene una empresa vinculada a la pesca.
Dos de los acusados por las violaciones eran mayores de edad al momento de la agresión: Leandro V., nieto de un dirigente radical histórico, proviene de una familia conocida en la provincia y está vinculado al negocio portuario; Ezequiel Q., es de familia oriunda de Caleta Olivia pero suele vacacionar en Madryn; es abogado y vive en Buenos Aires.
Los otros dos acusados de las violaciones, en cambio, eran menores: Luciano M., hijo del propietario de una inmobiliaria renombrada en Madryn; Robertino V., nieto de un ex gobernador provincial, hoy es productor televisivo, fue en casa de su familia que ocurrieron las agresiones.
Por su parte, un sexto joven mencionado en relación al episodio no está imputado: Joaquín P., quien habría colaborado con la Justicia, es hijo de un hombre poderoso en la zona portuaria de la provincia y hermano del intendente de un pueblo del interior de la provincia.