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“Si no se logra revertir rápidamente esta grave situación, no es exagerado afirmar que el cine argentino puede desaparecer”.
A esa conclusión llegan las autoridades de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) en un comunicado difundido en las últimas horas. El comunicado, cuyo título es “El cine argentino en grave situación”, describe en detalle la situación por la que atraviesa el cine argentino, señalando a las autoridades actuales del Incaa como responsables directas. Hasta el momento del cierre de esta nota el documento no había sido contestado por la gestión que desde comienzos de 2017 encabezan el ex empresario televisivo Ralph Haiek, como Presidente, y Juan García Aramburu -ex jefe de gabinete de la gestión de Darío Lopérfido al frente del Teatro Colón- como Gerente General (el cargo de vicepresidente permanece vacante).
El comunicado de la DAC (una de las agrupaciones de cineastas más numerosas del medio) acusa a las actuales autoridades de incumplir la ley. Se refieren a la Ley de Cine vigente, la Nº 17.741, que es la que se dictó a mediados de los años 90 y permitió, entre otras cosas y nada menos, el surgimiento y consolidación del llamado Nuevo Cine Argentino. Uno de los instrumentos previstos por la ley para defender al cine argentino en la despareja competencia contra el cine de Hollywood es el establecimiento de un presupuesto de una película nacional de costo medio, que permite a los productores locales afrontar costos que superan los de cualquier bolsillo. Otras herramientas claves son las llamadas cuota de pantalla y media de continuidad, que apuntan a la llegada y mantenimiento de las películas argentinas en salas que, como se sabe, son monopolizadas en proporción creciente por los famosos “tanques” estadounidenses.
Todas esas medidas vienen siendo sistemáticamente violadas por la actual administración del Incaa, que en lugar de velar por el cumplimiento de la ley resulta, actualmente, el primero en ponerse fuera de ella. El costo medio, por ejemplo, que fija el tope que el Incaa reconocerá a cada producción, está, según el comunicado de la DAC, “planchado a la mitad de su valor real. Mientras, el presupuesto del Incaa aumenta al compás inflacionario, junto con el precio de las entradas cinematográficas”. Para comprender a qué se refieren los representantes de esa asociación conviene saber que del presupuesto del Incaa surgen los fondos que permiten solventar la producción cinematográfica. Cada entrada de cine colabora con eso, ya que la ley 17.741 prescribe también que el 10 % del valor de cada ticket expendido deberá ser destinado al fomento de la producción.
La falta de regulación de la cartelera de estrenos provoca, a su vez, que ésta sea dominada cada vez en mayor proporción por los estrenos estadounidenses, en una política de penetración programada: en tiempos de posguerra, la Motion Pictures of America produjo un documento en el que se proponía exactamente eso como objetivo global para las siguientes décadas. “Avengers: Endgame, en su lanzamiento, copó recientemente el 70 % de los cines existentes”, numera el comunicado de la DAC. “Hace pocos años, una película comercial argentina captaba más de un millón de espectadores; hoy consigue la mitad, y no por reducir calidad ni publicidad sino por estos procedimientos”.
Un ejemplo notorio: El cuento de las comadrejas, el lanzamiento más reciente del muy popular (cinematográficamente, ya que no políticamente) Juan José Campanella, vendió apenas unas entraditas más de las 500 mil, cuando efectivamente un lustro atrás hubiera sido esperable que facturara el doble, o más. No es porque no haya gustado ni mucho menos: sigue en cartel a dos meses de su estreno y lo hizo durante varias semanas a sala llena, con risas abundantes durante la proyección y aplausos al final. Una víctima de la libre competencia. De ahí para abajo son todas heridas de guerra.
“La ley 17.741 establece cuota de pantalla, media de continuidad y semana completa todas las funciones”, recuerda el comunicado. La realidad actual es que el cumplimiento de la cuota de pantalla no se puede fiscalizar, ya que el Incaa redujo drásticamente su plantilla de agentes de fiscalización a comienzos de este año. Los otros dos pilares de la ley los tira abajo el propio Incaa en las salas que regula, con películas a las que, lejos de asignárseles todas las funciones que les corresponden por ley, se les atribuye un único horario, que en algunos casos es al mediodía. El resultado es de imaginar: no va nadie, la película cae a la semana siguiente y la sucede la próxima víctima. En cuanto a la media de continuidad, hay un caso reciente y flagrante de violación a ese principio: en la sala Incaa de Tucumán se estrenó, a fines de mayo, el documental Bazán Frías, elogio del crimen, que se produjo en esa provincia. Tras exhibirse durante semanas a sala llena el Incaa la levantó, sin dar ninguna explicación, para darle paso a la siguiente perdedora.
El comunicado de DAC trae un anuncio: el futuro es peor. “El artículo 4, incisos ‘e’ e ‘i’ de la ley 27.432, del 27-12-2017, quita al Fondo de Fomento Cinematográfico sus recursos específicos a partir del año 2022, para enviarlos a Rentas Generales. El Incaa deberá solicitar su presupuesto, que podrá ser otorgado o no. Una producción insume tres años. Los proyectos actualmente comenzados pueden no cobrar su subsidio cuando sean película, si la ley no es modificada.” Si actualmente los realizadores de producciones independientes deben peregrinar al Incaa durante meses, varias veces por semana, para a la larga cobrar sus magros créditos y subsidios, es de imaginar lo que será cuando a ese parto haya que sumarle la concurrencia a Rentas Generales, una repartición tan burocrática como el Incaa, pero que no tiene relación con el cine. “Si la ley no es modificada”, dice la frase del comunicado: he ahí una tarea para próximos gobernantes. Siempre y cuando no sigan los mismos, claro.
No es la única propuesta a futuro que lanza la DAC. Un listado de diez puntos cierra el comunicado, que bien podría sentar las bases para empezar a dar nueva vida para el cine argentino. La derogación del infausto artículo 4 de la ley 27.432 es uno de esos puntos. Otros atienden a la actualización automática del presupuesto de películas de costo medio, la plena vigencia del sistema de créditos y subsidios, el impulso de una ley de televisión, el cumplimiento de la cuota de pantalla y la media de continuidad y la producción y planificación de la producción anual. Lo lógico, si lo que se quiere es defender y no hundir al cine local.
