A dos años de haber usado recursos del Estado para intentar controlar a su ex pareja, fue imputado el ex fiscal Fernando Rodrigo, acusado de escuchar ilegalmente a la joven -pasante del Ministerio Público de la Acusación- y a personas de su entorno. En la audiencia, la fiscal Natalia Benvenuto reveló que el ex funcionario de la Unidad de Investigación y Juicio, utilizó números de legajo de causas en investigación para solicitar las intervenciones de 12 teléfonos, entre agosto de 2016 y julio de 2017. Los resultados de las medidas fueron unos doscientos CDs con llamadas y mensajes de texto, que él mismo retiraba del organismo que las efectuaba. Los pedidos de intervención se hicieron con cuatro expedientes, a magistrados del fuero penal, con datos "falsos" y para lograr "un provecho personal". Peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento público, fueron las figuras achacadas. Solo el peculado tiene pena de 2 a 10 años de prisión. En tanto, se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si el caso es competencia provincial o federal.

En agosto de 2017 el MPA de Rosario se vio envuelto en un escándalo: el fiscal adjunto que incluso fue parte de la Unidad de Violencia de Género, entre 2014 y 2015, utilizó el aparato judicial y estatal para una cuestión personal: controlar movimientos y relaciones de su ex novia, tras haber finalizado la relación; lo que implicó violar la intimidad de la joven y de personas de su entorno. El hecho fue advertido y denunciado por un empleado de la misma unidad que reconoció el número de su compañera en un listado confeccionado por Rodrigo.

El hecho fue advertido y denunciado por un empleado de la misma unidad

que reconoció el número de su compañera en un listado.

Con cuatro episodios, la fiscal dio a conocer los hechos al juez Pablo Pinto y al imputado, cuya defensa pidió al inicio que no se haga la audiencia por no estar resulto el tema de la competencia.

La primera causa que usó el acusado fue por 14 hechos de robo calificado y privación ilegítima de la libertad, con un mismo modus operandi. El 25 de agosto de 2016 requirió cuatro intervenciones telefónicas durante 30 días. Uno de los número era el de su expareja y de dos personas que tenían amistad con ella. Días después retiró personalmente los discos de una oficina de calle Salta al 3500.

El segundo hecho fue con una causa por robo y venta de autopartes. En ese legajo solicitó tres nuevas intervenciones por 30 días, incluida la de su exnovia, las amigas (abogadas) y el padre de la joven, el 3 de abril de 2017. Para ello, "invocó falsamente" un informe de la policía sobre autopartes de dudosa procedencia. Además, ordenó que el retiro del material no lo hiciera la PDI, sino que solo él o quien autorizara. Antes de que transcurriera el mes, pidió la prórroga de la intervención.

En otras dos oportunidades -junio y julio de 2017- usó otros dos expedientes por venta de autopartes para solicitar nuevas intervenciones. En la primera solicitud eran siete números y, a los que ya eran de rigor, sumó los de los hermanos y la madre de su expareja.

Benvenuto detalló que el cese de las intervenciones fue solicitado por ella y ordenado por el juez Juan Andrés Donnola, una vez realizada la denuncia.

Incidente. En la previa de la imputación, la defensa del acusado planteó que primero debería resolverse la cuestión de competencia. Es que en la causa hay un conflicto sobre qué fuero debe intervenir, ya que el organismo que regula las escuchas está bajo jurisdicción nacional, con sede en la Ciudad Autónima de Buenos Aires. Para Pinto, esa cuestión no suspende la investigación penal.

Historial. Con el inicio de la investigación Rodrigo tomó licencia y a los pocos días la Auditoría General de Gestión del MPA solicitó que sea suspendido preventivamente por el fiscal General Jorge Baclini, mientras se avanzaba la investigación administrativa. Sin embargo, el mismo día que Baclini resolvió el pedido, Rodrigo presentó su renuncia al gobernador Miguel Lifschitz. Por aquellos días, la fiscal ordenó allanamientos y secuestró material de interés tanto en la oficina como en la casa de la madre del acusado.