El teniente general retirado César Milani, ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015, fue detenido ayer en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien lo había citado para indagarlo por los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977 y por el de Verónica Matta en 1976. El militar de 62 años se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que se declaró ajeno a los hechos que se le imputan y negó su responsabilidad en los mismos. Por la tarde fue trasladado a una cárcel del servicio penitenciario riojano. “Esperamos que la decisión del juez sea que quede detenido con prisión preventiva, por todas las pruebas y elementos reunidos en la causa”, afirmó Ramón Olivera. “Se trata de una satisfacción debida a las víctimas y a la sociedad”, sostuvo el CELS –que había impugnado su ascenso– y remarcó que la detención luego del retiro y del fin del gobierno kirchnerista “no realza la necesaria imagen de independencia del poder y seriedad de la justicia”.
La de ayer fue la segunda indagatoria de Milani en la semana. El martes se había presentado en Tucumán, en la causa por la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, a quien el Ejército declaró “desertor” en un sumario que instruyó el entonces subteniente Milani en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Igual que Herrera Piedrabuena, el juez tucumano Fernando Poviña deberá pronunciarse en los próximos días sobre su situación procesal.
Milani, con saco y corbata, llegó al juzgado federal riojano a las 8.30 y comenzó a declarar a las diez. Tal como había anticipado su abogado Gustavo Feldman, no respondió preguntas, sino que presentó un escrito. Allí se explayó sobre su visión del contexto histórico, su función y su conducta, e intentó rebatir las pruebas en su contra.
“Jamás he privado a nadie de la libertad, jamás he encubierto ninguna conducta que supiese delictiva y, mucho menos produje la tortura o muerte de nadie”, afirmó Milani en el texto y dio su versión de los hechos. Sobre la detención de Pedro Olivera, afirmó que “ha quedado demostrado en el expediente que yo no me encontraba en La Rioja a raíz de una actividad en comisión entre los días 10 y 15 de marzo de 1977, permitiendo sostener la imposibilidad material de encontrarme comandando un allanamiento y detención”.
Milani también se refirió a la denuncia realizada por Verónica Matta. “La misma dice haberme visto dentro de la cárcel en el mes de junio del año 1976, tiempo en el que me encontraba en comisión en la provincia de Tucumán cumpliendo actividades con mi compañía de construcciones en el periodo comprendido entre el 20/05/1976 al 17/07/1976, tal como consta en la documentación oficial de mi legajo personal”, precisó.
Milani afirmó también que “no me quedan dudas de que toda esta serie de acusaciones falsas sobre mi persona han sido parte de una campaña política y mediática orquestada a nivel nacional, en la que se me adjudicaron estos hechos para perjudicar” su figura y la del gobierno que lo designó al frente de la jefatura del Ejército.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, fue el encargado de anunciar la prisión preventiva. Antes el juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por los defensores. Militantes de organismos corearon “asesino, asesino” mientras lo retiraban en un móvil de la Policía Federal.
La fiscal federal Virginia Miguel Carmona, a cargo de la acusación, explicó que “en la causa hay elementos sólidos como para justificar la detención” y que “se procede de esta forma para evitar que el imputado entorpezca el desarrollo de la investigación”. “Creemos que si es alojado en una unidad penitenciara vamos a facilitar la comparecencia de Milani a la justicia. De todos modos, tiene todas las garantías a su disposición. Desde 1984 hay testimonios que indican que Milani participó en los secuestros de Ramón y Pedro Olivera”, subrayó. Agregó que la fiscalía instará a que el proceso, a cuarenta años de los hechos, “se lleve adelante en un plazo razonable y sea lo más ágil posible”. La defensora Mariana Barbitta, en la otra vereda, calificó la detención como un hecho “catastrófico y arbitrario” y aseguró que el imputado “siempre estuvo a derecho”.
Milani había sido denunciado por Ramón Olivera de haber participado, en la madrugada del 12 de marzo de 1977, en un allanamiento en el que fue secuestrado su padre, que luego fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141. También aseguró que Milani “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en 2013 ante la justicia. Ayer, consultado sobre la dentición, la consideró “un hecho auspicioso”. Se inicia un “camino” para que haya “verdaderamente justicia”, se esperanzó, y manifestó su deseo de que el juez dicte la prisión preventiva. Recordó que su padre vivió hasta 1999 y “podría haber declarado tranquilamente, pero el expediente dormía en el tribunal por las leyes de punto final y obediencia debida”.
Verónica Matta, que en 1976 tenía 17 años y era delegada en el Colegio Nacional Joaquín V. González de La Rioja, declaró por su secuestro en 2014. “Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un joven vestido de militar, muy apuesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, le decía este militar, que para mí era Milani”, recordó en una entrevista. “Estoy profundamente conforme con la decisión, a pesar del tiempo que ha llevado y las dilaciones que permanentemente Milani planteó”, dijo ayer. “Es un día especial. Se trata de una profunda sanación tanto de mi persona como de toda una generación marcada por la represión y sus secuelas”, explicó.
Milani fue nombrado jefe del Ejército por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, en julio de 2013, antes de que se conocieran las denuncias en su contra. En diciembre de ese año, pese a la impugnación del CELS y los cuestionamientos de otros organismos, el oficialismo consiguió en el Senado su ascenso a teniente general, aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El argumento para respaldarlo fue que no estaba procesado, postura que dividió aguas al interior del movimiento de derechos humanos. En junio de 2015 Milani pidió su pase a retiro invocando “razones personales”. Casi dos años después y a cuarenta de los delitos que se le imputan, quedó finalmente detenido.
