En doce días como primer ministro Boris Johnson recorrió medio país, prometió miles de millones de libras en inversión pública y le dijo a la Unión Europea (UE) que no hay nada que negociar si no cambian sustancialmente el acuerdo con su antecesora en el cargo Theresa May. En estos doce días la libra esterlina cayó en picada ante la posibilidad de una salida del bloque europeo el 31 de octubre sin acuerdo, y sectores bien heterogéneos, desde las multinacionales hasta los granjeros galeses, pusieron el grito en el cielo ante el impacto económico de un Brexit duro. En estos doce días la UE dejó en claro que no va a cambiar una coma del acuerdo de retirada del Reino Unido: a lo sumo podrá retocar un documento adicional, la declaración de principios para la negociación de un futuro tratado.
Con este panorama de fondo, el choque frontal entre la Unión y el Reino Unido parece inevitable a menos que la aparente intransigencia de Johnson sea una argucia de póker para que los europeos ablanden su posición. Si la UE no da el brazo a torcer, cabría la posibilidad de que sea Johnson el que dé un paso atrás. Pero dado el grado de oposición que hay en el parlamento, los sindicatos, los empresarios, el sector financiero y una buena parte de la sociedad, hay otro interrogante que va más allá de la sinceridad o habilidad de Johnson: ¿podrá concretar el Brexit en fecha o sucumbirá en el intento?
En este Póker a varias puntas la sorpresa de estos doce días es que Johnson no viajó a Bruselas ni intentó una “charm offensive” con la UE, como anticipaban los medios. Todo lo contrario. No se ha cansado de repetir su mantra de campaña: retirada del bloque europeo el 31 de octubre “do or die” (cueste lo que cueste). Johnson señaló que se puede llegar a un acuerdo, pero que la Unión conoce perfectamente las condiciones. O eliminan el llamado “Backstop”, un mecanismo para garantizar la invisibilidad de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, o no hay nada que hablar.
Con el frente europeo virtualmente congelado, Johnson se concentró en la agenda doméstica. Cerrando nueve largos años de austeridad conservadora, prometió 20 mil policías más en las calles, incentivos para las empresas, una reducción impositiva para los salarios altos y otra para todo el mundo, una inversión masiva en el Servicio Nacional de Salud y en Educación. En su visita a Irlanda del Norte, Escocia y Gales añadió un fondo de 300 millones de libras para el desarrollo.
El gobierno asegura que las reglas fiscales le dan un margen de unas 26 mil millones de libras para estimular la economía y que, en caso de que no haya acuerdo, el Reino Unido se ahorrará los 39 mil millones que le tendría que pagar al bloque en concepto de deuda por la separación. Las dos cifras son engañosas. El Banco de Inglaterra advirtió que esos 26 mil millones desaparecerán si no hay acuerdo, por el impacto que tendrá la salida del principal socio comercial (responsable de la mitad de los intercambios británicos) y los 39 mil millones son en realidad 32 mil y no se pagarán de un golpe sino a 30 años, de manera que no es un fondo en la mano.
La realidad es que estos detalles son irrelevantes en el marco de la estrategia política de Jonhson. La cuestión es llegar a octubre con un nivel alto de popularidad como para enfrentar los distintos futuros que se le pueden presentar. Uno de esos futuros es llevar a la práctica lo que viene predicando: salir de la Unión sin acuerdo.
Johnson es un mentiroso serial, tanto en su vida pública como privada, pero el gabinete que él mismo nombró acota el margen de maniobra que tiene para dar un volantazo de último momento. La inmensa mayoría son pro-brexit duros, entre ellos cinco halcones intransigentes: el canciller Dominic Raab, el ministro de defensa Gavin Williamson, la de Comercio Internacional Liz Truss, el jefe de la Cámara de los Comunes Jacob Rees-Mogg, y el asesor para el Brexit, que fue el jefe de campaña del referendo, Dominic Cummings, un personaje maquiavélico, muy bien interpretado por Benedict Cumberbatch en la serie de Channel 4 “Brexit: the uncivil war”.
Otro indicio de la seriedad del plan de Johnson son los preparativos que se pusieron en marcha apenas asumió para la eventualidad de una salida sin acuerdo. El jueves el ministro de finanzas Sajid Javid anunció que habría dos mil millones de libras para esta eventualidad, con más de la mitad ya asignada para fronteras, aduanas, medicamentos e información pública.
El gran interrogante es si la amplísima oposición interna y los vaivenes económicos le permitirán llevar a cabo sus planes. El impacto sobre la libra esterlina en estos doce días fue resonante: la divisa británica cayó esta semana a su nivel más bajo desde principios de 2017. En 1992 bastó un día de corrida sobre la libra, el Black Wednesday, para que el entonces gobierno conservador de John Major efectuara un giro de 180 grados en su política económica. Los mercados están nerviosos: ¿es éste uno de los futuros posibles? La fragilidad de la libra se vuelve más grave teniendo en cuenta la exigua mayoría parlamentaria con que cuenta Johnson. La derrota, el jueves, a manos de los liberal-demócratas en la renovación un escaño en Gales redujo su mayoría nominal en la Cámara de los Comunes a apenas un diputado, pero en las filas conservadoras hay unos treinta diputados que no quieren saber nada de una salida de la UE sin acuerdo. Con tal de evitarlo muchos parecen dispuestos a voltear a su propio gobierno.
Johnson no ha descartado la idea de “prorrogar” el parlamento, es decir, impedir con argucias legales su funcionamiento hasta el 31 de octubre. El último que apeló a un mecanismo similar fue el rey Carlos I, que terminó perdiendo su cabeza en la guerra civil del siglo 17.
El calendario es apretado. En septiembre el parlamento sale brevemente de su receso veraniego para volver a sus vacaciones durante las tres semanas de conferencias de los principales partidos que comienzan el 14 de ese mes. Según lo que suceda en estas semanas de agosto, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, podría presentar una moción de censura al primer ministro o buscar nuevas iniciativas para impedir una salida sin acuerdo, aunque nadie sabe si es posible lograr una ley vinculante al respecto.
Last but not least, está la amenaza de desobediencia civil. Desde el referendo de 2016 a favor de la salida, los pro-europeos convocaron las manifestaciones más importantes desde la guerra contra Irak en 2003: entre 500 mil y un millón de personas. Ahora los sectores productivos amenazan con sumarse. En su visita a Gales, los granjeros le advirtieron que estaban dispuestos a bloquear las rutas si los lanzaba al precipicio de una falta de acuerdo. La economía galesa depende mucho de su sector agrícola ganadero: una salida sin acuerdo implicaría aranceles del cuarenta por ciento para la exportación de cordero. Los británicos difícilmente tolerarían una variante local de la 125 en Argentina. La última desobediencia civil en el Reino Unido fue en 2000 cuando los motoristas taponaron las carreteras en protesta contra el aumento de la gasolina dispuesto por el gobierno de Tony Blair: en tres días los laboristas dieron marcha atrás. El costo económico de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya se siente en la virtual recesión y el incremento de la inflación por la debilidad de la libra. El costo político puede ser todavía más alto. En Escocia le dejaron claro a Johnson que si se sale sin acuerdo, los independentistas del SNP presionarán para que haya un nuevo referendo para la independencia. En Irlanda del Norte el Sinn Fein reclamó también un referendo para la unificación de la isla dividida por el momento entre la República de Irlanda (parte de la UE) e Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) Más llamativo aún, en una reciente encuesta entre los 165 mil miembros del Partido Conservador que eligieron a Johnson, la mayoría dijo que si la desintegración era el precio para salir de la UE estaban dispuestos a pagarlo.