"Claramente hay una serie de actos administrativos de una ilegalidad manifiesta", asegura el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, al referirse a uno de los escándalos que podría complicar al presidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios. Según la denuncia judicial que presentó junto a otros legisladores nacionales, la administración Macri realizó una serie de acciones referidas a la concesión de los peajes de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste en favor de las empresas del Grupo Socma (Sociedades Macri). Durante una entrevista con Página/12, Tailhade señaló que este caso demuestra el mecanismo que pone en marcha Cambiemos para hacer “arreglos con una empresa, con el argumento de ‘evitarle un perjuicio al Estado’”. Además, reveló que encontró “el mismo modus operandi” en otras causas en las que el Poder Ejecutivo actuó a favor de empresas de la familia presidencial. 

En la causa iniciada a días del comienzo de la feria judicial de mitad de año fueron imputados Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. La investigación está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal rebelde Carlos Stornelli, quien hizo los requerimientos de imputación y pidió medidas de prueba que se pondrán en marcha en los próximos días.

-¿El hecho de que el fiscal del caso sea Stornelli, que fue invitado por el Gobierno para sentarse detrás del Presidente durante el acto en el Colegio Militar, le brinda confianza a la investigación?

-No, para nada. Lo que ocurre es que, de momento, la investigación la lleva Canicoba Corral, lo cual me deja más tranquilo. En esta ocasión, el fiscal tendrá una participación marginal y sin definir el rumbo de la causa. Si en cambio Stornelli tuviera esta delegación, yo estaría preocupado porque él no está en condiciones de hacerlo por el nivel de afinidad que tiene con el Gobierno.

-¿No obstante, durante el proceso podría poner palos en la rueda?

-Sí. Un ejemplo es el caso de los aportantes truchos (para la campaña de María Eugenia Vidal): hubo un primer dictamen del juez Casanello y Stornelli no lo objetó. Pero luego dijo que había que ir a la Justicia Electoral. En la denuncia sobre lo ocurrido en Vialidad Nacional no sé si va a tener éxito porque su participación está más acotada. Pero es el fiscal, y un fiscal tiene capacidad de daño.

-¿Por qué la imputación no llegó a los funcionarios de Vialidad Nacional, que eran empleados de Iecsa y Socma?

-En la denuncia nosotros los mencionamos a todos. La imputación recae sobre Macri, Dietrich e Iguacel, pero hay un capítulo de la denuncia en que recorremos cada área y ahí señalamos que la mayoría de los cargos de Vialidad estaba ocupada por gente de Ausol, con lo cual existe la posibilidad de que la imputación los alcance.

-La vicepresidenta Gabriela Michetti firmó también el decreto para la prórroga de la concesión de Ausol, ¿por qué tampoco fue imputada?

-No la señalamos como parte responsable de la operatoria porque su firma en ese decreto no nos llamó la atención. Creímos que lo hizo por una mera cuestión administrativa, pero es una posibilidad que esté involucrada como parte de la maniobra.

-¿Qué similitudes encuentra entre este caso y otras denuncias en las que está involucrado el Poder Judicial?

-Hay otros casos donde hubo maniobras similares. Uno de ellos surgió en la investigación de la privatización de las centrales termoelécticas Brigadier López y Ensenada de Barragán, donde está involucrada Iecsa. La licitación para construirlas fue durante el gobierno anterior, pero una vez que asumió Macri la empresa metió un reclamo judicial de mil millones de dólares diciendo que a lo largo de la construcción el Estado las había perjudicado. Entonces, hizo un acuerdo con el Estado, el gobierno la indemnizó y Iecsa salió de la obra. Luego, las dos personas que eran responsables de esa empresa pasaron a Ieasa (Integración Energética Argentina SA), ex Enarsa, que es la que privatiza las centrales termoeléctricas.

-Salvo en el final, bastante similar a lo de Vialidad Nacional.

-Son modus operandi. Una empresa le mete un reclamo al Estado y el Gobierno hace un arreglo con el argumento de “evitarle un perjuicio al Estado”. Es un mecanismo habitual.

-En términos administrativos, ¿cuáles son los efectos que debiera tener esta denuncia?

-Claramente hay una serie de actos administrativos de una ilegalidad manifiesta. El acto más importante son los decretos firmados por el Presidente y la vice aprobando el acuerdo y consolidando la prórroga de concesión (de las empresas) por diez años.

-¿Y a partir de esto que podría ocurrir?

-Lo que debiera ocurrir es que se hagan presentaciones ante el fuero en lo Contencioso Administrativo. Y luego declarar la nulidad del reconocimiento de 499 mil millones que el Gobierno le hizo al Grupo Macri. También la nulidad de la concesión, porque claramente se originó en un proceder ilegal del Estado.

-¿Cuáles podrían ser los efectos políticos?

-Se tendría que discutir si el Congreso debiera ser un actor activo en la renegociación de contratos en proceso; sobre todo una vez caída la Ley de Emergencia Económica que evitaba que el Poder Ejecutivo pudiera tomar decisiones sin que el Parlamento tomara participación en esos actos.

-¿Considera que este hecho corresponde el inicio de un juicio político contra algún funcionario?

-Sí corresponde el juicio político, en particular al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Hay numerosos elementos de que él apuró el proceso de renegociación. Los empresarios no estarían alcanzados, aunque sí en el fuero Penal.

-¿Y cree posible que el Poder Legislativo actúe?

-El problema es que no funciona la Comisión de Juicio Político en Diputados y este año la actividad legislativa es inexistente. Aparte, es difícil conseguir quórum para avanzar en este tipo de medidas.

-¿Y en el caso de que hubiera un avance rápido de la investigación judicial?

-En ese contexto no la descartaría. Estoy convencido de que el resultado de las elecciones va a definir la suerte de causas como esta. Tenemos un Poder Judicial que se maneja según la perspectiva política, pero mi aspiración es que se produzcan las medidas de prueba rápido; que se consiga la documentación que pedimos, la que está en el Ciadi, el expediente de Vialidad y de la intervención de Ausol. Eso va a demostrar lo irrazonable del planteo ante el Ciadi. Creo que eso esto lo central. Cuando eso ocurra, me voy a presentar ante el juez para pedirle copias e iniciar un planteo en el Congreso, en la bicameral que investiga las privatizaciones.