Horas después de ufanarse del imponente despliegue del aparato de seguridad e inteligencia del Estado para proteger al presidente Mauricio Macri de silbidos y fantasmas, la ministra Patricia Bullrich volvió a quedar en ridículo ayer cuando dos carteles de Greenpeace se abrieron suavemente desde el techo del palco de la Sociedad Rural para denunciar los desmontes de bosques. Lejos de cualquier autocrítica, la respuesta del Ministerio de Seguridad consistió en responsabilizar a la entidad que nuclea a los patrones del campo y en denunciar a la ONG internacional por el supuesto delito de “intimidación pública”, pese a que nadie se vio intimidado.
Poco antes del acto, Bullrich informó que había movilizado a 500 policías para resguardar la seguridad de Macri. Por los lugares que iba a pisar el jefe de Estado pasó la brigada antiexplosivos con sus perros adiestrados y se desplegó todo el protocolo oficial que además de uniformados incluye custodios y agentes de inteligencia. Entre las precauciones extraordinarias ya no por seguridad sino pensando en la campaña y el riesgo de nuevos insultos al presidente, los empleados de los stands de la Rural fueron obligados a no moverse de sus puestos y los galpones que ocupaban se cerraron transitoriamente.
Al exhaustivo trabajo de los subordinados de Bullrich se les pasaron por alto sin embargo esas dos estructuras que colgaban del techo de la Rural, desde donde se desplegaron los carteles con las leyendas “Ganaderos: basta de desmontes” y “Destruir bosques es un crimen”, que los chacareros miraron con asombro y dos hombres trajeados de la seguridad presidencial arrancaron lo más rápido posible.
"Fue un tema de la estructura de la Rural”, intentaron minimizar su responsabilidad anoche desde el gobierno. “La seguridad inspeccionó los palcos y pasaron los perros para detectar explosivos. Nadie dijo que en la estructura del palco esos dos caños que parecían parte del tubo de la calefacción eran algo de afuera”, agregaron.
“Vamos a investigar porque creemos que es alguien de la empresa que trabajó en el palco o de la Rural”, apuntaron por su parte los sabuesos de Bullrich, que calcularon que los artefactos de Greenpeace “estaban instalados hace varios días”. Para ratificar su compromiso con la libertad de expresión, la reacción oficial incluyó una denuncia contra Greenpeace por “intimidación pública”, que recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
