Se volaron los trapos en la toldería de Cambiemos. La conferencia de prensa fue lo más parecido a una confesión en la comisaría. “Fui yo, pero por equivocación”, “fue así, pero no tanto”, “en realidad no es como lo dicen”, “lo hice de buena fe”. En esa penosa puesta en escena, cada palabra del presidente de la República fue una palada de tierra sobre su imagen de benefactor millonario tan prolijamente construida. Una palada tras otra. Siete preguntas, cinco preparadas y dos que lo hundieron. Pero hasta las respuestas a las preguntas preparadas dejaron interrogantes sobre el contexto político que había llevado a ese acto de autoinmolación donde primero se anunciaron varias medidas desopilantes y finalmente Macri tuvo que salir a disculparse y dar marcha atrás en todas ellas.

La autocondonación presidencial de una deuda multimillonaria es un acto de corrupción de tamaño descomunal, al punto que fue tomado por los mismos medios internacionales que en 2015 habían saludado su victoria sobre el kirchnerismo: The New York Times y The Washington Post, ambos moderados, y los más importantes de los Estados Unidos y también medios de centroizquierda europeos como The Guardian y Liberation, más emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Los medios internacionales explicaron la insólita estafa ejecutada con tanto descaro y recordaron también que Mauricio Macri estuvo involucrado en el escándalo de los Panamá papers, como uno de los cinco jefes de estado con cuentas offshore de las que se utilizan para lavar dinero. Tres de esos cinco jefes de estado eran señores feudales de emiratos árabes y el otro mandatario civil debió renunciar. Gracias a la protección granmediática local, la impunidad política de Macri en ese escándalo fue similar a la de un emir feudal.

La complicidad mediática trató de ocultar la gravedad del caso y sustentó y reprodujo las excusas de los funcionarios: “Macri no sabía”, “no se perdonó ni un solo peso”, “tuvimos que hacerlo porque no lo hizo el kirchnerismo durante doce años”. Esas explicaciones para la galería de los ingenuos tuvieron más espacio que la explicación de la falta en cuestión.

Pero en las reglas de juego del escenario internacional, los sucesos argentinos son periféricos, no hay cerco ni protección mediática incondicional. Puede haber simpatías pero esa condonación de deuda de Macri a sus propias empresas, en cualquier país del mundo termina en un juicio político. Es considerablemente más grave que cualquier acusación que le hayan podido hacer en Brasil a Lula o a Dilma, que fue cesada de su cargo acusada de “infringir una disposición de la ley presupuestaria”. En el plano internacional, los Panamá papers constituyeron un escándalo de corrupción pública y privada de proporciones. En Argentina, la complicidad de los medios corporativos los convirtieron en una “operación kirchnerista” o en una operación “normal” de hombres de negocios, exagerada por el kirchnerismo.

El barbarismo político y el matonismo representaron la desesperación de Oscar Aguad en las acusaciones contra la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, la que denunció el abusivo contrato que había concretado el Ministerio de Comunicaciones con el Grupo Macri. El acuerdo se firmó en junio y la fiscal intervino siete meses después, cuando los términos tan desfavorables para el Estado llegaron a su despacho. Con una sonrisa de matón sobrador, el funcionario trató de denigrarla acusándola de integrar una agrupación judicial o de “pertenecer al entorno” de la fiscal Alejandra Gils Carbó, o de “forzar” la denuncia por ser “el comienzo de un año electoral”. El acuerdo que firmó este ministro de Comunicaciones es tan abusivo, que la denuncia seguiría en pie aún cuando fueran ciertas esas patrañas de un funcionario rústico agarrado con las manos en la masa.                         

En la conferencia de prensa, Macri habló de “volver todo a fojas cero” pero el acuerdo existe y ya fue firmado por su gobierno en el mes de junio, de lo contrario no podría haber intervenido la fiscal Boquin. El único camino es una investigación y un juicio político a los funcionarios que intervinieron en esa negociación, empezando por el ministro que puso la firma y que reaccionó con tanta violencia cuando el acuerdo fue denunciado. Ni siquiera se puede argumentar desconocimiento. El mismo acuerdo había sido elevado al Banco Nación, que lo rechazó en aquel entonces por considerarlo lesivo a los intereses del Banco. El jefe de Gabinete Marcos Peña estaba en conocimiento de ese rechazo que constituyó uno de los primeros roces con el entonces presidente de la entidad bancaria, y actual renunciado, Carlos Melconian. Es difícil que el gobierno pueda salir de esta crisis que lo proyectó al plano internacional con la marca indeleble de la corrupción sin que rueden cabezas. El hecho superó la protección del muro mediático e impactó en la sociedad. La conferencia de prensa del jueves fue una confesión. En un marco democrático tendría que haber ahora una investigación a fondo, un juicio riguroso y una condena ejemplar.

En medio de ese vendaval el gobierno anunció que revisaría a la baja la fórmula que calcula el aumento de las jubilaciones dos veces al año lo que afectaría a la baja a un universo de ocho millones de personas, la mayoría de ellas de los sectores más vulnerables: jubilados de la mínima, beneficiarios de la AUH, pensiones de los ex combatientes de Malvinas.

La torpeza del anuncio, su falta de sensibilidad fue tan visible que muchos pensaron que se trataba de una cortina de humo para desviar la atención. Cualquier medida que afecte a ese sector va a generar una ola de antipatía y protestas. Si fue una cortina de humo, no tapó nada. Por el contrario, como era previsible generó protestas duras y generalizadas. Los aliados, opoficialistas del massismo y del Bloque Justicialista, que ya habían negociado el respaldo a la propuesta de reformular la ley de ART se dieron cuenta que cualquier actitud que en ese momento los mostrara junto al gobierno era piantavotos. Cambiaron su posición, y del respaldo se pasaron a la abstención. 

El anuncio de revisar a la baja el cálculo de las jubilaciones ha sido en realidad un consejo del FMI, que también propuso elevar a 65 años la edad de jubilación de las mujeres. Sin embargo, según la explicación oficial, la baja implicaba sólo unas décimas de punto. Es cierto que esa cifra puede significar una comida para los sectores más humildes, pero lo real es que sin hacer ningún anuncio, las jubilaciones perdieron diez puntos contra la inflación durante el año pasado. Esa masa de ciudadanos en situación vulnerable perdió 3,3 puntos en el cálculo de marzo del año pasado y 6,7 en el aumento de septiembre. Es un descuento brutal que recuerda al nefasto 13 por ciento que aplicó la Alianza. Le sacaron diez puntos silenciosamente y anunciaron a tambor batiente el descuento de medio punto en el cálculo. Resulta complicado de entender.

Pero Macri tuvo que retroceder. Si hay una relación, es demasiado intrincada entre ese anuncio y la bola de nieve que se estaba produciendo con la autocondonación de deuda con la que se favoreció Macri, para después retroceder en ambos temas. Hay ineficiencia, descoordinación y una enorme insensibilidad en un gobierno de Ceos acostumbrados a confrontar siempre desde un lugar de poder con empleados y subordinados. El Estado no es así. El intento de hacer desaparecer la paritaria nacional docente y de anular la paritaria lograda por los bancarios los sitúa en ese lugar de ejecutivos a cargo de las relaciones con el personal. El Estado no es una empresa, el presidente no es el propietario del Estado, el Estado no tiene personal, tiene ciudadanos con derechos que el Estado debe preservar frente a las corporaciones y al mismo Estado. Las dos decisiones sobre las paritarias son insólitas, ponen al Estado en el mismo lugar que una empresa. 

Sin embargo, los bancarios hicieron prevalecer su acuerdo a contrapelo del gobierno. Fue una semana de muchos traspiés y marcha atrás para el macrismo. Esa conferencia de prensa de un Macri obligado a ceder en la decisión de autoperdonarse la deuda y bajar las jubilaciones marcó un hito, un punto de inflexión en la percepción de la sociedad. Empieza a acabarse la luna de miel y la impunidad se le va a hacer cada vez más empinada.