La transición política en Funes es por demás de conflictiva. El 10 de diciembre el peronista Roly Santacroce reemplazará al PRO Diego León Barreto y el municipio vecino se encuentra envuelto en una serie de apuros de peso que anticipan un traspaso de mando bastante convulsionado. En el pasado mes de julio la administración no alcanzó a pagar los haberes de los empleados, lo que derivó en una medida de fuerza; luego un fallo judicial exhortó al Estado funense a pagar la suma de doce millones de pesos; y finalmente, la empresa donde Funes deposita sus residuos domiciliarios reclama una deuda de quince millones de pesos y en los últimos decidió dejar de recepcionar la basura que genera el Jardín de la Provincia.

Santacroce y León Barreto mantienen por el momento un vínculo cordial. Se llevaron más que bien en los últimos cuatro años, el primero en el Concejo y el otro en el Ejecutivo. Desde el 16 de junio, cuando el peronista venció y el macrista salió tercero por detrás del Frente Progresista, profundizaron el diálogo a través de contactos formales e informales. Pese a que la futura administración provincial se lo requirió, Santacroce duda por estos días de llevar adelante una auditoría de la gestión municipal saliente.

La empresa que se encarga de recibir los residuos de Funes le reclama al Municipio una deuda que supera los quince millones y desde el jueves 1 de agosto dejó de recepcionar la basura que genera la ciudad hasta tanto se normalicen los pagos. Séptima Región, ubicada en Pérez, es la firma que se encarga de la recepción de residuos de una buena cantidad de localidades de la zona. Históricamente, Funes se encarga de depositar sus residuos en el predio de dicha empresa. El presidente del directorio de Séptima Región Rubén Rapetta, le envió una carta al Concejo para ponerlo al tanto de que persigue al Municipio por el cobro de una deuda que asciende a los 15.223.316,18 millones de pesos. En la carta, Rapetta les revela a los ediles que en dos oportunidades le solicitó al Ejecutivo que notifique al Concejo de la existencia de los reclamos. Finalmente, Séptima Region le pidió al Concejo que interceda "a fin de que se cumplimente con las intimaciones para evitar un conflicto judicial".

A principios de la semana pasada, por otro lado, se conoció el fallo judicial contra el Municipio, por el cual el Ejecutivo deberá pagar la suculenta suma de doce millones de pesos. La causa comenzó en el año 2006 cuando el intendente era el radical Juvenal Rímini. Una persona de apellido Silvetti era propietario de un terreno, ubicado en la zona de Ruta 9 y Federación, del cual una porción fue expropiada y transferida al Municipio. Fuentes del Ejecutivo confiaron que son "varios" los casos de este tipo. En ese entonces, Rímini ampliaba la red de gas natural y, para el paso de caños, se requería expropiar porciones de terrenos. Pero el procedimiento fue cuanto menos "irregular y desprolijo". Por lo menos en el caso de Silvetti, la expropiación no le fue abonada como correspondía e, incluso, se le siguió cobrando la Tasa General de Inmuebles por el predio que ya le había entregado al municipio. Como nunca recibió el pago, Silvetti le inició un juicio al Estado local y luego de trece años salió el fallo a su favor, de modo que puede embargar las cuentas municipales por doce millones de pesos. Ahora, se abrió una negociación para entablar un plan de pagos con intereses.

Como no pudo hacerle frente al pago de sueldos y aguinaldos, León Barreto se comió el mes pasado una protesta de empleados frente al edificio municipal. Prometió un plan de pago que calmó la bronca, pero luego lo incumplió y regresaron las medidas de fuerza. El tema, de extrema gravedad, llegó a la cúpula de Festram, que definió a Funes como un Municipio conflictivo. Ahora, en la semana que arranca hoy, todos están bien atentos y esperan que se abonen los sueldos en tiempo y forma.