Tras la feria judicial, se reanuda este lunes el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santas Cruz. Ya sin la presencia de los imputados, quienes no están obligados a concurrir en esta etapa del proceso, se espera que la fiscalía responda a los múltiples planteos de nulidad que hicieron las defensas.

Luego, será el turno de las querellas a cargo de la Unidad de Información Financiera y de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso, tras lo cual el Tribunal Oral Federal Número 2 podría establecer un cuarto intermedio hasta el lunes próximo para definirse al respecto. Todos los abogados defensores coincidieron en reclamar la suspensión o la nulidad del proceso, por las serias irregularidades en la etapa de instrucción y la falta de la finalización de las pericias.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharán en esta jornada al fiscal de juicio Diego Luciani, quien deberá fijar postura respecto de los más de 50 planteos presentados por los acusados. Todo indicaría que su posición será no hacer lugar a los requerimientos y solicitar que continúe el debate.

Una vez que el TOF2 resuelva, en caso de no hacer lugar a las nulidades y definir la continuidad del juicio, será el turno de los llamados a indagatorias. Como ya adelantó Página/12, Cristina Fernández quiere declarar. Hasta ahora lo había hecho en forma escrita en cada uno de los llamados, pero en esta instancia querrá hacerlo de manera oral. Como es de rigor, los jueces convocarán a declarar a todos los imputados, quienes pueden aceptar hacerlo en ese momento o en cualquier otra instancia del proceso.

Si bien la mayoría de los trece acusados pidieron que se anule el juicio, CFK se diferenció y, a pesar de haber planteado duras críticas a todo el proceso, no reclamó que se anule sino que se suspenda hasta tanto se subsanen las irregularidades denunciadas. Su abogado Carlos Beraldi argumentó que el debate no puede seguir porque es "un trámite procesal alejado de verdad y de los principios de un Estado de Derecho".

La defensa de la candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos sostiene que está vulnerado el principio de legalidad, ya que se la está juzgando en múltiples procesos diferentes por el mismo delito, el de asociación ilícita. Según dijo Beraldi ante el Tribunal, "no puede avanzar este juicio cuando hay otros procesos en los que se investiga la misma conducta y hasta que no cese el trámite en los otros procesos".

Otro de los argumentos centrales planteados por el defensor de CFK es que los jueces decidieron comenzar con el debate sin que esté producida la prueba ordenada por el propio Tribunal. Se trata del análisis de tan solo 5 de las 51 obras cuestionadas, pericia que aún no está terminada. "No se terminó la prueba y el juicio empezó igual. La ley es clara en este sentido. No se puede elevar a juicio si no se termina la instrucción. Es una prueba sensible y no está terminada. No es una prueba menor, es una cuestión trascendente”, había sostenido Beraldi.

El juicio comenzó el pasado 21 de mayo, tras la controversia que se generó por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacer lugar a algunos de los planteos de nulidad que ya había presentado CFK en la etapa de instrucción. Como indica el código procesal, la decisión del máximo tribunal implicaba suspender el inicio del debate oral, pero la fuerte presión del Gobierno y de algunos medios de comunicación hicieron que los jueces de Comodoro Py decidieran no posponer las audiencias, lo que generó la ola de críticas, nulidades, recusaciones y pedidos de suspensión por parte de los imputados.