La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina redactó un protocolo de actuación para víctimas y sobrevivientes de ese tipo de hechos para evitar que “caigan nuevamente en la manipulación clerical, disfrazada de ayuda y solidaridad”, explicó a Página/12 el abogado Carlos Lombardi, asesor legal de ese colectivo.
Hasta el momento estiman que alrededor de setenta religiosos, la mayoría curas y algunas pocas monjas, fueron denunciados o condenados por ese delito en el país. Pero, a su entender, esa cifra sería apenas la punta del iceberg: “En la red recibimos cantidad de consultas de víctimas que no se han animado todavía a ir a la Justicia. Todos los días nos escribe alguien”, contó a este diario.
La Red agrupa a casi un centenar de sobrevivientes, desde adolescentes hasta un hombre de 75 años que contó que fue abusado cuando era niño por un sacerdote ya fallecido en un colegio confesional de la ciudad de Buenos Aires.
Lombardi explicó que “las medidas" que la Iglesia Católica ha llevado y lleva a cabo para “solucionar” el problema que representan las víctimas de abuso eclesiástico tienen objetivos muy distantes de la protección de las mismas. En 2013, la Conferencia Episcopal Argentina aprobó en asamblea plenaria una guía de actuación frente a denuncias contra clérigos y desde entonces, distintas diócesis han anunciado la implementación de lineamientos similares.
Para Lombardi, ese tipo de protocolos está destinado a “blindar la institución, mantener el sistema de protección de pederastas y evadir el cumplimiento de exhortaciones de organismos internacionales”. Entonces, para evitar “el abuso de poder y la manipulación” de la jerarquía católica –como históricamente ha sucedido—frente a las denuncias, la Red de Sobrevivientes elaboró una guía con 11 recomendaciones:
1. Aun comprendiendo lo difícil que es hablar de un tema como éste, cuando la persona se sienta en condiciones recomendamos comunicar el hecho padecido a las personas de su confianza.
2. Denunciar lo más pronto posible ante la autoridad pública, policía y/o fiscalías cercanas al domicilio de la víctima, o del lugar del hecho. En el caso de que las víctimas fueran mujeres, niñas, niños o adolescentes, exigir el cumplimiento de la ley 26.485 –de prevención de la violencia machista-- en sede eclesiástica.
3. Si se decide recurrir a la autoridad eclesiástica, que sea después de que tomen conocimiento funcionarios públicos.
4. Evitar brindar datos personales y sensibles a la autoridad eclesiástica. No hacerlo nunca, ya que es habitual que quienes abusan los utilicen en su defensa.
5. No responder ninguna encuesta que simule ayuda, imparcialidad, o pedido de datos objetivos.
6. No firmar nada.
7. Jamás entrar solx a ningún tipo de entrevista cuando el motivo de la misma sea el abuso sufrido.
8. Si la víctima fuera citada a un organismo eclesiástico, no concurrir solx. Hacerlo siempre acompañadx por una persona de confianza. Es importantísimo exigir una copia por escrito de lo que se hable. Cuidar de que esta sea firmada por funcionario eclesiástico.
9. Evitar suministrar a sacerdote, obispo o funcionario clerical, información relativa a los pasos legales que se darán. Medida muy importante ya que la iglesia, fingiendo dolor y cercanía, utiliza esta vía para obtener información y preparar su propia defensa.
10. No dejarse engañar por la promesa del resarcimiento económico dentro del procedimiento canónico. Dicho procedimiento se inicia para investigar al abusador y constituye el principal eje donde engarza el sistema de encubrimiento que mantiene aún vigente la Iglesia Católica.
11. La regla de oro a aplicar para discernir si la Iglesia Católica está actuando legalmente es verificar que esté aplicando en sus organismos las convenciones internacionales sobre derechos humanos con la colaboración de profesionales independientes especializados en esta área.
