En un tono desafiante y con pasajes de corte político, el fiscal Diego Luciani negó los planteos de nulidad de las defensas de los imputados en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. En una extensa exposición, Luciani se pronunció a favor de continuar con el proceso a pesar de las numerosas irregularidades denunciadas por la mayoría de los trece acusados. “Ni el Presidente actual ni el que venga puede interferir en nuestro trabajo”, desafió el fiscal del juicio al finalizar su discurso de más de cuatro horas y media.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharon este lunes la postura del fiscal, quien calentó el clima en la sala de audiencias y cruzó en duros términos a los defensores en general, y en particular, aunque sin nombrarlo, al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. “Los fiscales y los jueces no son subordinados del Poder Ejecutivo; ni el Presidente actual o el que venga a partir del 10 de diciembre puede interferir en nuestro trabajo. Trabajo que vamos a seguir haciendo como hasta ahora, con total libertad e independencia”, expresó. Beraldi había planteado ante el Tribunal que “si la responsabilidad de CFK es por designar funcionarios y determinar actos de Gobierno --que son de su propia competencia-- estamos ante un problema grosero. Una designación de un funcionario no puede constituir un delito. Ustedes, señores jueces, y también muchos fiscales, fueron designados por una terna durante el gobierno de Cristina Kirchner", les había recordado el letrado.

Si bien la mayoría de los trece acusados pidieron que se anule el juicio, la senadora se diferenció y, a pesar de haber planteado duras críticas a todo el proceso, no reclamó que se anule sino que se suspenda hasta tanto se subsanen las irregularidades. Beraldi había argumentado que el debate no puede seguir porque es "un trámite procesal alejado de la verdad y los principios de un Estado de Derecho". La defensa de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Todos había sostenido que está vulnerado el principio de legalidad ya que se la está juzgando en múltiples procesos diferentes por el mismo delito, el de una supuesta asociación ilícita. Según dijo en su momento Beraldi ante los magistrados, "no puede avanzar este juicio cuando hay otros procesos en los que se investiga la misma conducta y hasta que no cese el trámite en los otros procesos".

Otro de los argumentos centrales planteados por el defensor de CFK fue que los jueces decidieron comenzar con el debate sin que esté producida la prueba ordenada por el propio Tribunal. Se trata del análisis de tan solo 5 de las 51 obras cuestionadas, pericia que aún no está terminada. "No se terminó la prueba y el juicio empezó igual. La ley es clara en este sentido. No se puede elevar a juicio si no se termina la instrucción. Es una prueba sensible y no está terminada. No es una prueba menor, es una cuestión trascendente”, había sostenido Beraldi. Pero para el fiscal no hay perjuicio alguno porque el 16 de agosto o antes estará listo el estudio sobre las obras y los abogados podrán eventualmente sacarse todas las dudas con los peritos el día que éstos se presenten en el juicio.

Ya sin la presencia de los imputados, quienes no están obligados a concurrir en esta etapa del proceso, la fiscalía respondió negativamente a los múltiples planteos de nulidad. Luego, será el turno de las querellas a cargo de la Unidad de Información Financiera y de la Oficina Anticorrupción --de Laura Alonso--, tras lo cual el Tribunal Oral Federal número 2 podría establecer un cuarto intermedio para definirse al respecto dentro de dos semanas. Casi todos los abogados defensores coincidieron en reclamar la suspensión o la nulidad del juicio, por las serias irregularidades en la etapa de instrucción y la falta de la finalización de las pericias. Pero para el fiscal Luciani solo fueron maniobras dilatorias e hizo caso omiso a las denuncias. “Hay un interés en que este juicio no comience, hicieron 51 planteos preliminares, algo desproporcionado e inusual, y muchos de esos planteos ya fueron resueltos con anterioridad”, afirmó. Y agregó que muchos de los planteos deben rechazarse por “extemporáneos”. Es decir, que para la fiscalía el debate debe seguir en pie, a como dé lugar.

Luciani también rechazó el planteo de la defensa de Julio De Vido, que señaló que gran parte del expediente estuvo armado en base a los dichos del “arrepentido” Leonardo Fariña, cuya declaración quedó demostrado que estuvo armada y direccionada para involucrar a Cristina Kirchner y a sus ex funcionarios en delitos de corrupción relacionados con la obra pública. Pero para el fiscal, Fariña no está imputado en la causa que se instruye en Dolores -donde se ventiló el armado de la declaración- y que no hay pruebas que acrediten que estuvo orquestada.

El juicio comenzó el pasado 21 de mayo tras la controversia que se generó por la decisión de la Corte Suprema de hacer lugar a algunos de los planteos de nulidad que ya había presentado CFK en la etapa de instrucción. Como indica el código procesal, la decisión del máximo tribunal implicaba suspender el inicio del debate oral, pero la fuerte presión del Gobierno hizo que los jueces de Comodoro Py decidieran no posponer las audiencias, lo que generó la ola de críticas, nulidades, recusaciones y pedidos de suspensión por parte de los imputados.

Una vez que el TOF 2 resuelva, en caso de alinearse con la fiscalía y definir la continuidad del juicio, será el turno de los llamados a indagatorias. Como ya adelantó PáginaI12, Cristina Fernández quiere declarar. Hasta ahora lo había hecho en forma escrita en cada uno de los llamados, pero en esta instancia querrá hacerlo de manera oral. Como es de rigor, los jueces convocarán a declarar a todos los imputados, quienes pueden aceptar hacerlo en ese momento o en cualquier otra instancia del proceso.

Los acusados de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública son: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente y en prisión preventiva por esta causa). Los ex funcionarios de vialidad Nelson Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala. Y el empresario Lázaro Báez, señalado como el beneficiario de los presuntos desmanejos.