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Cuando faltan pocos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el escándalo en torno a los cambios en la realización del escrutinio provisorio continúa creciendo. La Cámara Nacional Electoral emitió una dura acordada en la que intimó al Gobierno a “dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para el escrutinio provisorio”. La resolución de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía se produjo horas después de que los apoderados del Frente de Todos presentaran un amparo para impedir que la empresa SmartMatic realice la digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación, entre otras cosas, por no contar con el software utilizado para poder ejercer su control. “No dudamos de la Justicia Electoral, del escrutinio definitivo, sí dudamos de lo que vaya a querer manipular el Gobierno el domingo a la noche”, aseguró el apoderado del PJ, Jorge Landau. En ese contexto, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que este miércoles presentarán ante los representantes de los partidos “las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los telegramas” y “del software de recuento provisional de resultados”, y que luego serán remitidos a la Cámara Nacional Electoral.
Mientras se acorta la cuenta regresiva para la votación, el conflicto en torno al escrutinio provisorio se agranda cada vez más. En apenas dos carillas, la máxima autoridad electoral del país le dio una contundente respuesta al gobierno de Mauricio Macri y en particular al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, responsable de la implementación del nuevo sistema de transmisión electrónica de los telegramas para el cual se contrató a la empresa venezolana SmartMatic.
Los jueces Corcuera y Dalla Vía recordaron los numerosos antecedentes jurídicos sobre este tema. Ya en 2003 reconocieron, en línea con el artículo 108 del Código Electoral, el derecho de los partidos a acceder al software utilizado para el “procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto deefectuar las comprobaciones pertinentes”.
En 2005, dado que la legislación se refiere sólo a que el material deberá estar disponible “con suficiente antelación” y no fija plazos precisos, establecieron que dicho software debe estar “a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios 30 días antes del acto electoral”. Esta fecha límite fue ratificada en 2017, cuando la CNE fijó los “requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio”. Allí dijo que “el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados (…) deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral”.
La propia CNE lo reclamó mediante un oficio a la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Rodrigo Conte Grand y bajo la secretaría de Pérez. Sin embargo, el Gobierno le respondió que recién entregaría el material “48 horas antes de la fecha establecida paracada jornada electoral”. Para Corcuera y Dalla Vía, ese plazo “resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad”.
La pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo. Desde la Dirección Nacional Electoral informaron que este miércoles se hará una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales del 2019, en el Correo Oficial, y que allí, con los apoderados de los partidos, “se realizará el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional de resultados, para su posterior remisión a la Cámara Nacional Electoral”.
El amparo
Luego de las inconsistencias observadas en los distintos simulacros y tras el alerta emitida por un grupo de especialistas en seguridad informática, el frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner resolvió avanzar con la solicitud de una medida cautelar para que “se ordene el apartamiento inmediato de la empresa SmartMatic del proceso electoral en las PASO, las generales y eventual segunda vuelta”.
El Frente de Todos reclamó también la designación de “interventores veedores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías” posteriormente. Además, le propusieron a la jueza electoral María Romilda Servini que, en el caso de considerarlo necesario, requiera la “colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional”.
Tras citar la legislación electoral y la Convención Americana de Derechos Humanos, los apoderados del FdT advirtieron que “al día de la fecha nos encontramos en absoluta incertidumbre respecto a las modalidades que va a asumir tanto la transmisión de los resultados provisorios como su cómputo”.
Entre los principales cuestionamientos, se destaca que el archivo que surge de la digitalización del telegrama es modificado para su envío al centro de cómputos. “Esto quiere decir que la imagen, el dato que llega para su carga NO es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad del archivo original”, advierten.
Por otro lado, cuestionan la contratación y la actitud de SmartMatic dado que tiene pésimos antecedentes. “Es conocida la mala reputación de la empresa alrededor del mundo, denunciada por irregularidades de los servicios que prestó en las elecciones que intervino en Filipinas, El Salvador, Uganda y sospechas en Bélgica”.
Además de ese prontuario internacional, la empresa ya tiene inconvenientes en Argentina. No cumplió con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral, según la cual debía entregar a los partidos el código fuente para que lo auditaran 30 días antes de las elecciones. “Este es el tiempo mínimo necesario para realizar las comprobaciones que se requieran del sistema empleado”, remarcaron desde el FdT y denunciaron que “encontrándose vencido dicho plazo, las agrupaciones políticas no contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema”.
Otro motivo de preocupación del Frente de Todos está vinculado con el personal que trabajará durante el escrutinio provisorio. Según denuncian, el Correo Argentino habría contratado de manera transitoria a 12 mil personas, que estarían afectadas a distintas tareas relacionadas con la transmisión digital de los telegramas. Esta situación, sostienen, “deja en un área gris las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran suscitarse”.
Landau señaló que el espacio opositor apunta a que “el domingo a la noche la transmisión de datos que se haga refleje lo que la gente votó, lo que ocurrió en cada mesa de votación en todo el país”.
