"¡Fuera, Litoral Gas!". El grito retumbó ayer en la cuadra de Salta entre Balcarce y Oroño, donde la explosión de un edificio sacudió a la ciudad y terminó con la vida de 22 personas, en 2013. A seis años de aquella jornada, que está intacta en la memoria de las familias rosarinas y de localidades cercanas, los deudos tiraron flores sobre el terreno que se convertirá en el Espacio Cultural y Educativos de la Memoria y la Música. Las sirenas de dos autobombas volvieron a sonar a las 9.38, hora del estallido. "Veíamos todo eso y decíamos 'no son ellos, no son'; pero sí, sí eran. No tenemos rabia, tenemos dolor", dijeron los familiares, a poco más de un mes del fallo judicial que absolvió a diez personas, entre ellos personal de la prestataria de gas y los administradores del consorcio, pese a la acusación sobre una cadena de responsabilidades que terminó con la fuga, por la que el único condenado es el gasista que estaba trabajando en el cambio de regulador. 

Salta 2141 fue ayer, como cada 6 de agosto, el lugar donde los familiares fueron abrazados por quienes se acercaron al acto para recordar a los fallecidos. La imagen con los rostros de las 22 víctimas interpelaba desde el escenario. "Tuvimos un juicio sin justicia", repitieron los deudos. "La Justicia nos golpeó a favor del poder y la corrupción", expresaron.

El dolor se profundizó tras el polémico fallo que sólo condenó al gasista, Carlos García, a cuatro años de prisión -aún no está firme-. Mientras las sirenas sonaban, la madre de Maximiliano Fornarese, una de las víctimas, gritó: "Justicia por ellos, justicia por nosotros, por los que no están y no nos pueden acompañar. Justicia por ustedes, justicia por Rosario. Reclamen seguridad, nunca estuvimos seguros con Litoral Gas y puede volver a pasar".

"El juicio oral y público fue fruto del colectivo de familiares. Cada relato confirmó las hipótesis sobre los responsables de esta masacre".  

Marcela Nissoria, presidenta de la Asociación Civil Salta 2141 Memoria y Justicia, y esposa de Hugo Montefusco, otra de las víctimas, leyó el discurso atravesado el dolor y el repudio a la decisión del tribunal del juicio. "Otro 6 de agosto, y van seis. Cada año desde este mismo lugar venimos reclamando justicia y memoria, pero este año es muy particular. Hace poco presenciamos casi dos meses de juicio oral y público, juicio que fue fruto del colectivo de familiares de calle Salta. Escuchamos a más de cien testigos, peritos, vecinos, sobrevivientes y a los imputados. Todos, en cada relato, confirmaron aquellas hipótesis sobre los responsables de esta masacre. A los jueces Marcela Canavecio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala no les alcanzó lo que para nosotros sobró: relatos, testimonios, pericias, pruebas, la desinversión de Litoral Gas. Una cadena de irresponsabilidades combinadas perfectamente para lograr la peor tragedia que haya tenido la ciudad. Hoy nos preguntamos ¿quién mató a las 22 víctimas?".

Al mismo tiempo cuestionaron la única condena. "Creen que el único responsable fue el gasista, por el delito de estrago culposo agravado que tiene pena de 1 mes a 5 años de prisión, y solo fue condenado a cuatro años. Nos preguntamos ¿no darle el máximo de condena, no es tener desprecio por la vida humana? ¿Cuánto vale para este tribunal la vida de un hijo, de un padre, una madre, un abuelo?", dijeron para repudiar el veredicto. "Una vez más los poderosos salen airosos de las responsabilidades y el pueblo sigue pagando con su sangre la corrupción y la falta de controles".

También se manifestaron "cansados, indignados, dolidos e impotentes"; y aseguraron: "Lejos de reparar, la Justicia nos cargó con un duelo interminable".

Apelación. "Aplicaron un derecho penal anticuado y erróneo". Con esas palabras, el abogado querellante de la causa, Angelo Rossini -que representa a la familia de Débora Gianángelo- calificó lo que pudo leer de las más de 700 fojas de fundamentos del tribunal para absolver a diez personas y condenar solo al gasista García. "Es un derecho penal que se dejó de aplicar hace diez años. El criterio que se usa es el de previsibilidad; es decir, que el imputado pudo ver que iba a ocurrir el daño; y eso es un error, porque la acusación es por un hecho culposo (sin intención) y no se requiere que el acusado lo haya previsto, sino que haya aumentado un riesgo. Ese es el principal error que recorre la sentencia, por lo que pudimos observar", dijo a LT8. Con críticas como ésa, la querella apelará el fallo. "Si todos hubiesen hecho bien lo que hicieron mal, la explosión no ocurría", dijo Rossini al apuntar al personal de Litoral Gas y a la administración del consorcio. Además, calificó de "casi irónico" que se conocieran los fundamentos del fallo "que indignó" un día antes del sexto aniversario de la tragedia. También apelará la fiscal Graciela Argüelles, que ayer acompañó a los familiares en el acto.