La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional Julieta Lucila Ripoli fue llamada a prestar declaración testimonial en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Es en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, en beneficio de empresas socias del presidente Mauricio Macri. La convocatoria es para este jueves 8 de agosto, a las 10 de la mañana.

Ripoli, quién habló con PáginaI12 la semana pasada, fue testigo directa de cómo se llevaron a cabo las maniobras para el direccionamiento de las concesiones de los peajes en beneficio del Grupo Socma (Sociedades Macri).

El fiscal Carlos Stornelli había sorprendido con la apertura de la investigación en plena feria judicial, y se esperaban movimientos esta semana, con el reinicio de la actividad plena en Tribunales. Así es como, a tan solo tres días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), habrá un importante avance por parte de Comodoro Py en un expediente de alta sensibilidad para el Gobierno, cuya principal figura a investigar es nada menos que el propio Presidente de la Nación. En la denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau también están acusados el ex director de Vialidad Javier Iguacel y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La pesquisa es sobre al menos tres hechos concretos que redundaron en beneficios y ganancias siderales para las empresas Ausol -cuyo principal accionista era el Grupo Macri- y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO): el reconocimiento por parte del Estado de 499 millones de dólares de inversión; casi 20 millones de dólares de ganancia por la venta de las acciones de Socma en Ausol, cuyo precio se disparó con la suba de tarifas y la prórroga ilegal del contrato; además, de la renegociación de ese contrato con múltiples privilegios, sin llamado a licitación ni autorización del Congreso, como lo estipula la ley. Es decir que, desde el vamos, las prórrogas hasta 2030 de esas concesiones son ilegales.

“Claramente lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública, a socias de las empresas del Presidente”, le había dicho Ripoli a este diario. La mujer participó de las primeras reuniones en las que se “negociaron” las condiciones de los nuevos contratos y fue desplazada del organismo tras haber intentado ejercer su rol y defender los intereses del Estado en esas conversaciones. Su despido fue sin sumario administrativo, aunque era funcionaria de carrera y de planta permanente.

Ante la Justicia, la abogada de 34 años está dispuesta a decir lo mismo que declaró públicamente. “En la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa”, le había dicho Ripoli a PáginaI12.

Entre otras cosas contará cómo, cuando asumió Cambiemos, Vialidad Nacional fue copada por unos quince ex empresarios y abogados de Iecsa y Socma, mientras que eran desplazados todos los funcionarios de carrera. Y contará que al momento de redactar la prórroga de las concesiones no la dejaron delinear ninguno de los puntos de los contratos y fueron los abogados de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste los que le dictaban lo que tenía que poner. Todo esto con la anuencia de uno de los nuevos directores, Ricardo Stodart, quien había trabajado en el estudio jurídico que representaba a las compañías. Es decir, el hombre que “negoció” las condiciones del contrato en nombre del Estado con sus propios ex colegas.

La denuncia

Según lo que testificará Julieta Ripoli ante la Justicia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó luego en el arreglo de 499 millones de dólares, sin un dictamen, informe o auditoría sobre la operación de la compañía por parte de las autoridades. Socma era accionista mayoritario de Ausol y se fue desprendiendo de las acciones hasta mayo de 2017, cuando vendió la totalidad de su participación, que para ese entonces era del 7 por ciento. Si bien parece un nivel de injerencia menor respecto del total del paquete accionario, teniendo en cuenta los montos que se manejan en la obra pública implicó una ganancia millonaria. Como frutilla del postre, los nuevos contratos fueron altamente beneficiosos para Ausol y GCO, a costa del bolsillo de los automovilistas. Entre otras cosas, dolarizaron las tarifas del peaje; garantizaron el flujo de tránsito pasante; les dieron a los holdings al menos dos aumentos por año ajustados por inflación; y quitaron la obligación de levantar las barreras si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera de los usuarios.