Las revelaciones hechas por The Intercept Brasil sobre las maniobras de los jefes de la causa Lava Jato han tenido resultados devastadores para esa gran operación jurídico-político-mediática de la derecha brasileña. La manipulación de las leyes, la total promiscuidad en sus formas de acción y el carácter absolutamente partidario de persecución a Lula como su objetivo fundamental,develaron la naturaleza real de Lava Jato, como instrumento de la guerra de leyes (lawfare) y de la guerra híbrida, como nueva estrategia de la derecha.

Como consecuencia, se ha generalizado el cuestionamiento del accionar de los dos principales encargados de Lava Jato, el entonces juez Sergio Moro y el coordinador del equipo de investigación Deltan Dalagnol. Al principio ellos dijeron que no había nada de ilegal en lo que habían hecho. Pero conforme se difundieron conversaciones cada vez más escandalosas, intentaron desplazar el tema hacia el carácter supuestamente criminal de los hackers, al revelar sus conversaciones y poner en duda la veracidad de los diálogos, alegando que podrían haber sido falsificados.

Pero conforme los medios tradicionales brasileños – Folha de Sao Paulo, Veja, UOL, entre otros -–analizaban los documentos, demostrando su veracidad antes de publicarlos y hasta Globo les dio gran difusión, nadie más cuestionó las conversaciones.

En particular Dalagnol ha estado en el centro del escándalo, cuestionado por las formas de ganar plata con conferencias sobre Lava Jato, así como por manipulaciones en contra de los jueces del Supremo Tribunal Federal. A tal punto que él mismo no contesta más las denuncias prácticamente diarias, y ya nadie duda --ni sus aliados --de que cayó en desgracia y será destituido de la coordinación de la causa Lava Jato.

Moro se esconde, se calla, intentando que las iras se concentren en Dalagnol, permitiendo a lo mejor que él se libre de castigos. La demanda de la defensa de Lula de que sean invalidados los procesos coordinados por Moro espera una respuesta del Supremo Tribunal Federal (STF).

Mientras tanto, una jueza estrechamente vinculada a Moro decreta el traslado de Lula a San Pablo. A lo mejor porque, con la segura sustitución de Dalagnol en la coordinación de Lava Jato, teme perder el control de la operación. Un traslado arbitrario, sin argumentos que no sean el excesivo trabajo que tiene la Policía Federal de Paraná.

La defensa de Lula apeló inmediatamente, incluyendo en sus argumentos la espera de un pedido de hábeas corpus a favor de Lula, que también debe decidir el STF. Este tribunal frenó ayer mismo el traslado del ex mandatario a una cárcel común.

Como si no bastara todo ello, en este caos que se ha trasformado Brasil, Bolsonaro enfrenta la necesidad de explicar varias de sus declaraciones insensatas de los últimos días ante el Poder Judicial.

Una de ellas es la de que Fernando Santa Cruz, padre del presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) no habría muerto en la tortura y su cuerpo incinerado en una fábrica de cemento, como dicen los propios documentos de la dictadura, sino que habría sido asesinado por sus compañeros de la organización Acción Popular ( movimiento de católicos de izquierda), por haber desobedecido una orden de no viajar de Recife a San Pablo. Lo dijo bajo la forma de agresión, de venganza, por la decisión de la OAB que no favorece a su hijo, nombrado por Bolsonaro para ser embajador en EE.UU..

Es una entre tantas otras declaraciones imbéciles, que hasta periodistas de la derecha se preguntar qué es lo que hay de equivocado en el sistema político brasileño para que alguien así pueda ser elegido presidente del país. Se olvidan que ellos mismos fueron parte del mecanismo perverso que ha impedido a Lula vencer en las elecciones en primera vuelta.

Lo que todos se preguntan es si, frente a las declaraciones y comportamientos absurdos de los capos de Lava Jato, si tan solo caerá Dalagnol o si arrastrará consigo también a Moro y, con los dos, a la misma causa. Con una Lava Jato debilitada, los capos de la operación se preguntan qué hacer con Lula. Ese intento de trasladarlo a condiciones mucho peores, puede ser una respuesta. Aunque no funcione, desvía la atención de los graves problemas vividos por el gobierno y de las revelaciones que comprometen la imagen pública de los que pasaron de justicieros de Lava Jato a acusados y posiblemente condenados.