En las cárceles y las comisarías de la provincia de Buenos Aires, durante 2018, un total de 469 personas denunciaron haber sido víctimas de 2.428 casos de tortura y malos tratos. Si se suman los hechos similares sucedidos en cárceles federales, las cifras llegan en total a 1.621 víctimas y 6.300 casos. 

Los datos fueron dados a conocer este jueves por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en la presentación de su Informe Anual 2019, sobre lo que vienen calificando como “El sistema de la crueldad” que rige a partir de las políticas públicas de “mano dura” desarrolladas por el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires –en sintonía con las autoridades nacionales--, a partir del accionar de agentes penitenciarios y policías. Las cifras señaladas significan que hubo 1.000 casos más de torturas respecto de los registrados en 2017. 

Esta situación tiene relación con el crecimiento del total de personas en situación de encierro, que llegó a la cifra de 48.615 detenidos en cárceles, alcaidías y comisarías. Esto significa un aumento de la tasa de prisionización que supera incluso los estándares internacionales.

Las cifras corresponden al Informe Anual del Registro Nacional de casos de tortura, que realizan en forma conjunta la CPM, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y DDHH (Gespydh), del Instituto Gino Germani y la UBA. 

La mayor concentración de detenidos, además de los casos de tortura, produjo un agravamiento general de las condiciones de detención por problemas materiales (2.664 denuncias en 2018), afectación del vínculo familiar (2.240 casos), deficiente atención de la salud (1.951 casos), aislamiento (1.277), cuestiones procesales (744), agresiones físicas (479 casos), deficiente alimentación (387 denuncias) y amenazas (377).

El informe de la CPM, presentado en su sede de la ciudad de La Plata, tiene más de 400 páginas, en las que se analiza en forma pormenorizada y crítica la política criminal del gobierno de María Eugenia Vidal, en consonancia con la línea marcada por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Como consecuencia de “esas políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura”, recrudecieron “con el incremento de 15.000 nuevas detenciones en la provincia durante la actual gestión” de gobierno.

Pero se señaló también que “la profundización y extensión de gravísimas violaciones a los derechos humanos” no se limitaron al ámbito carcelario sino que también “fueron ejercidas por las fuerzas de seguridad en los territorios”. Prueba elocuente de esa política global fueron “las tres masacres ocurridas en los últimos tres años” en la provincia, en referencia a lo ocurrido el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de Pergamino, donde murieron siete detenidos; a lo sucedido el 15 de noviembre de 2018 en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, donde los presos fallecidos fueron ocho, y a la reciente Masacre de San Miguel del Monte, donde murieron cuatro jóvenes y resultó herida de gravedad una adolescente, como consecuencia de una brutal persecución de agentes de la Policía Bonaerense.

La CPM recordó que todo lo que viene ocurriendo en estos años “ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado”, pero “nada hicieron”, porque la metodología es “parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”.

Se recalcó que las cifras de torturas y malos tratos “son solo un registro parcial” porque “las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal” en Argentina, donde “la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad” en el territorio.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura. Más del 70 por ciento son personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas. En el informe se hace un relevamiento de otra denuncia recurrente: los traslados que implican un alto nivel de rotación por distintos penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada lugar como forma de castigo. 

Entre las 926 víctimas del sistema federal, seis de cada diez son personas de menos de 35 años. El castigo del aislamiento en las cárceles, uno de los hechos más denunciados, tiene el efecto de “un encierro dentro del encierro” y es, claramente, una forma más de tortura, aunque las autoridades del Servicio Penitenciario lo consideran apenas “una sanción” disciplinaria o incluso, como una supuesta medida de “protección” para los presos.

En las cárceles, el aislamiento es un hecho rutinario, cotidiano.

Desde el 2015, el Registro Nacional de Casos de Tortura, toma nota también de los hechos ocurridos durante el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. En esta oportunidad, se relevaron 986 episodios de torturas y malos tratos, de los cuales más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

Un dato contundente es que 114 de las víctimas de casos ocurridos en territorio bonaerense, denunciaron un total de 550 hechos de violencia que fueron ejercidos, en su mayoría, por personal de la Policía Bonaerense, que responde al mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad provincia, Cristian Ritondo. Los hechos sucedieron, según los denunciantes, en tres instancias: durante la aprehensión en la vía pública, en el traslado o una vez detenidos en las comisarías. La imputación más frecuente es por agresiones físicas.

En el ámbito nacional, las situaciones que se producen son similares. El testimonio de 112 víctimas permitió conocer la existencia de al menos 436 hechos de torturas o malos tratos. En este caso, una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.