El endeudamiento público argentino inauguró un nuevo capítulo con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Según reflejan los datos oficiales, desde diciembre de 2015 los pasivos brutos emitidos por el Estado Nacional crecieron 40 por ciento y la deuda en manos de residentes extranjeros aumentó 170. Con la devaluación en el último año, el total de la deuda pública ahora equivale aproximadamente al PIB de un año, mientras que la deuda pública externa triplica el valor de las exportaciones anuales.
Una característica de este fenomenal incremento de la deuda pública es que, lejos de apalancar al desarrollo nacional o subsanar deficiencias estructurales de la economía argentina, sirvió para financiar una fuga de capitales que caracterizó todo el período macrista. En este sentido, esta nueva etapa de endeudamiento público, presenta notables semejanzas con el proceso iniciado a fines de la década del ’70, que llevó a la Argentina al default y a una crisis económica, política y social sin precedentes en su historia.
Los números indican esta situación con mucha claridad. Entre diciembre de 2015 y junio de 2019, la deuda pública externa pasó de 63.600 millones de dólares a 171.900 millones de dólares. El incremento registrado está muy cerca de los 107.994 millones de dólares que se fugaron en concepto de Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero, Turismo y Giro de utilidades, entre enero de 2016 y mayor de 2019.
Los números son tan contundentes que desde el amplio espectro de economistas y analistas se reconoce que cualquiera sea el candidato que vaya a ocupar el Poder Ejecutivo nacional en diciembre de este año, deberá hacer frente a una pesada herencia (de verdad) pero con un menor margen de decisión respecto a su antecesor.
Desde el punto de vista financiero, la acumulación de pasivos en el corto plazo excede ampliamente las posibilidades reales de pago. A junio de 2019, el total de los servicios de la deuda pública para los cuatro años siguientes ascendía a 190.000 millones de dólares (49.055 millones en 2020, 46.769 millones en 2021, 52.223 millones en 2022, y 41.899 millones en 2023).
En base al rigor de estos números, hasta los propios funcionarios del FMI hablan de la posibilidad de encarar un proceso de refinanciación del crédito Stand By . Entre las líneas que podría ofrecer el organismo, se encuentra el Servicios de Crédito Ampliado (SAF) o Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que implica un periodo de reembolso más extendido, comenzando a los cuatro años y medio de la firma, en doce cuotas semestrales iguales. En este caso, los vencimientos de capital comenzarían a pagarse en enero de 2023 y culminarían en diciembre de 2028.
Si bien la refinanciación (SAF) reduce el requerimiento de fondos en los próximos años, el perfil de vencimientos continúa siendo inviable, sea por su volumen como por las posibles fuentes para su financiamiento (ya sin nuevos desembolsos del FMI y con la oferta de crédito privado virtualmente cerrada).
El promedio de divisas necesarias para atender los servicios de la deuda rondaría los 30.000 millones de dólares anuales, hecho que no resolvería el problema de estrangulamiento externo del país, mucho menos si se consideran las divisa que la economía necesitaría en caso de retomar un ciclo de crecimiento (por las importaciones que ello implicaría).
Pero el problema no sólo persiste en su faz financiera. Es de esperar que el Fondo mantenga sus exigencias políticas para refinanciar el actual Stand By en un SAF, lo cual significa profundizar el modelo económico vigente y mantener a la Argentina en su actual posición en la división internacional del trabajo. Esta es la faz económica del problema, ya que siguiendo estas recetas, la Argentina acumuló entre enero de 2016 y marzo de 2019 un déficit comercial de 28.400 millones de dólares, que se vio temporalmente morigerado gracias a la profunda recesión a la que fue empujada la economía por el acuerdo con el FMI.
Por todo ello, es importante resaltar que una refinanciación tradicional bajo las pautas del FMI se presenta como una alternativa lógica e inmediata para reprogramar la deuda con el principal acreedor del país, pero puede resultar (nuevamente) un obstáculo para adoptar una estrategia propia de crecimiento y desarrollo sostenible que, aun con sacrificio y esfuerzo, se desarrolle en base a un criterio de justicia social.
Cualquier propuesta de solución al problema de la deuda pública no sólo debe orientarse a la refinanciación de los pasivos externos del país, sino que requiere fundamentalmente la implementación de una filosofía económica alternativa y de un modelo económico distinto, que posibilite la reactivación del mercado interno y permita lograr una nueva relación comercial con el resto del mundo favorable al desarrollo nacional.
