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Desde Lima

Una rata gigante con la banda presidencial que la cruza salta en dos patas dando vueltas mientras es apaleada por la gente. El muñeco es golpeado por el círculo que lo rodea, a los gritos de “acabemos con la corrupción” y “presidentes corruptos a la cárcel”. Entre los cartelones con lemas contra la corrupción que se levantan en el lugar, se ven varios con las fotos de los tres últimos ex presidentes, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, vestidos con traje de presidiario. También se agitan las fotos del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori y su hija Keiko, su heredera política con aspiraciones presidenciales, recordando la megacorrupción del régimen fujimorista. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, no se salva de las iras contra los políticos y la corrupción. 

La escena se da frente al Palacio de Justicia, donde culminó una multitudinaria marcha ciudadana contra la corrupción, organizada por diversos sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y agrupaciones de izquierda, que recorrieron las calles del centro de la capital peruana. Esta movilización ciudadana fue convocada en medio de la conmoción causada por los sobornos pagados a varios gobiernos peruanos por la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas, revelados en el marco del caso Lava Jato. 

Por este caso de sobornos de las empresas brasileñas, encabezadas por Odebrecht, un juez ha pedido la captura del ex mandatario Alejandro Toledo por recibir una coima de 20 millones de dólares de la constructora brasileña. Las autoridades judiciales también investigan a los gobiernos de García y Humala, que esta semana declararon ante la fiscalía. Este es el mayor escándalo de corrupción en el país desde la caída de la dictadura de Fujimori el año 2000, en medio de denuncias de una gigantesco desfalco al fisco. 

El gobierno peruano no tiene dudas que Toledo se encuentra en Estados Unidos, más precisamente en San Francisco, y hace gestiones con Washington para su detención. Toledo tiene residencia en Estados Unidos y se requiere la orden de un juez federal para su detención. Las autoridades peruanas han enviado la documentación pedida para obtener esa orden judicial. 

Entre el 23 y 27 de este mes, el presidente peruano viajará a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su homólogo norteamericano. Oficialmente los asuntos a tratar tienen que ver con las relaciones bilaterales y no con el tema Toledo, pero es de suponer que el caso del ex presidente estará sobre la mesa durante ese diálogo. Hace unos días, en una conversación telefónica, Kuczynski le pidió a Trump que Toledo sea expulsado de Estados Unidos para evitar un largo proceso de extradición.  

Pero este caso también puede complicar seriamente a Kuczynski. El actual presidente fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Toledo y como tal tuvo un rol clave en esa cuestionada licitación, que se otorgó a Odebrecht ignorando un informe en contra de la Contraloría. Sobre este tema, Kuczynski todavía tiene mucho por responder.  

Alan García fue un personaje permanentemente recordado en la marcha anticorrupción. Su trayectoria política, que incluye dos presidencias, ha estado invariablemente ligada a denuncias de corrupción. El jueves, García regresó al Perú desde España, donde ahora reside, para responder como testigo ante la fiscalía en la investigación por la licitación ganada por Odebrecht para construir un gasoducto, proceso que empezó en su gobierno y culminó en el de Humala. 

En declaraciones a la prensa, García intentó desmarcarse de los funcionarios de su gobierno, incluyendo un viceministro, que han sido detenidos acusados de recibir sobornos de Odebrecht para que la empresa gane la licitación de la línea uno del Metro de Lima. Histriónico, llamó ratas a sus funcionarios implicados en el soborno, dijo que no sabía nada de lo que ellos hacían y les cargó toda la culpa. Su defensa sonó poco convincente. La Procuraduría analiza incluir a García como investigado en el caso del soborno por el Metro de Lima. 

Ayer le tocó el turno a Humala de declarar ante la fiscalía por el caso de la construcción del gasoducto otorgada durante su gobierno a Odebrecht. Su esposa, Nadine Heredia, que fue una primera dama con una importante influencia en el gobierno, ha sido acusada por la fiscalía de haber influido para que Odebrecht gane esa licitación. Humala negó los cargos contra su esposa y dijo que, a diferencia de Toledo y García, él no está prófugo ni se ha ido a vivir fuera del país. Humala es acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral. 

El fujimorismo intenta aprovechar las acusaciones contra los tres gobiernos que lo sucedieron en el poder para hacer olvidar la gran corrupción que hubo en su régimen y, con gran cinismo, tratar de reescribir su historia de corrupción y reciclarse como los nuevos luchadores anticorrupción. Pero los problemas del fujimorismo con la corrupción no quedan en el pasado de lo que fue su gobierno. Esta semana, la fiscalía ha iniciado una investigación por lavado de activos a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori, hijos del ex dictador por lavado de activos por el sospechoso incremento de capital de una empresa de almacenaje propiedad de los tres hermanos de Keiko, la actual lideresa del fujimorismo. Kenji es congresista y se ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.