Hasta julio el haber mínimo jubilatorio acumuló una pérdida de 13,1 por ciento de su poder adquisitivo respecto de un año atrás, según informó este viernes la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En los últimos dos años el Gobierno redujo el gasto presupuestario en partidas sociales, las cuales profundizan su caída si se las referencia respecto del nivel de inflación. El informe de la OPC sobre ejecución presupuestaria analiza la situación de julio, donde se refleja el impacto del ajuste en la jubilación mínima, que resignó en ese mes 8 por ciento de capacidad de compra contra un año atrás. El documento da cuenta también de una retracción en términos reales para julio en jubilaciones y pensiones, de 7,7 por ciento interanual, y en asignaciones familiares, de 1,5 por ciento.
Desde 2008 las jubilaciones y pensiones contaban por ley con un incremento de haberes garantizado dos veces al año, en marzo y septiembre, en base a un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de seis a doce meses. A finales de 2017 el Gobierno consiguió en el congreso un cambio en la fórmula de movilidad (compuesta en 70 por ciento precios y 30 por ciento salarios).
Este miércoles el Gobierno oficializó el aumento de septiembre (12,2 por ciento), el último antes de las elecciones, llevando el haber mínimo a 12.937 pesos mensuales. La Prestación Básica Universal (PBU), esta será de 6.112 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en 10.349 pesos. Con esta suba estas asignaciones acumularán una mejora de 38,9 por ciento. La inflación para este año estimada por privados sería de 40 por ciento, mientras que jubilaciones, pensiones y otras prestaciones aún no lograron recuperar todo lo perdido durante el año pasado. Desde que se aplicó la nueva fórmula, en marzo de 2018, los haberes aumentaron 78,5 por ciento mientras que la inflación acumulada hasta medios de este año fue 105,3 por ciento.
En el informe presupuestario del Congreso se remarca la pérdida del poder adquisitivo de la jubilación mínima. “Si se analiza el comportamiento del haber mínimo jubilatorio (11.528 pesos), se advierte que registró en julio una pérdida del poder adquisitivo de 8 por ciento respecto a igual mes del año pasado, dando lugar a una contracción interanual del 13,1 por ciento en el acumulado de los últimos doce meses. No obstante, junio y julio presentan un recorte en la reducción registrada en meses anteriores”, de acuerdo con la OPC.
El recorte se encuadra en una política de ajuste más amplia que aplicó el Gobierno para cumplir con la meta autoimpuesta de déficit cero. El gasto total tuvo un aumento de 43 por ciento interanual en junio y de 49 por ciento en julio. En junio la inflación interanual fue de 55,8 por ciento y la de julio aún no la publicó el Indec. “Se verifica así el noveno mes consecutivo de caída en términos reales, mientras se destacan los incrementos de los intereses de la deuda (85,1 interanual real)”, agrega el documento del Congreso.
Dentro del gasto primario, las prestaciones sociales constituyen 57,3 por ciento del total, las cuales crecieron 44,9 por ciento por el ajuste automático de la movilidad entre el segundo semestre de 2018 y el primero de este año y por el anticipo del incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de marzo. “En términos reales se observan diferencias en la evolución de los distintos componentes. Mientras que las jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares caen un 7,4 y 1,5 por ciento interanual respectivamente, el concepto otros programas crece un 10,7 por ciento”, concluye.
Como contrapartida para el bolsillo de esto hogares, el Gobierno redujo los subsidios energéticos en un 11,2 por ciento en términos nominales, lo que equivale a una recorte real de 42,6 por ciento. Esto se cubre con mayores aumentos en las tarifas que reciben los usuarios. Los subsidios al transporte se redujeron en julio 4,3 por ciento interanual (una 38,1 por ciento menos real). En este último caso la baja responde al traspaso a las provincias de subsidios al transporte público de pasajeros que circulan en sus jurisdicciones.
